La regulación restrictiva de la UE, un arma contra la "sociedad del algoritmo"

Dejando el discurso en alto con ayuda de un verso del poeta ovetense Ángel González, Víctor Javier Vázquez cerró su intervención en la Junta General del Principado invitando a perseverar, aunque sea "sin esperanza, con convencimiento", en el "camino europeo de la regulación". El constitucionalista vallisoletano habla de optar por armas regulatorias restrictivas, o más limitativas que las estadounidenses, para la lucha contra la desinformación y los conflictos que genera este complejo mundo cada vez más "orwelliano" en el que son las grandes plataformas digitales privadas y sus "ejércitos de bots" quienes controlan los procesos comunicativos y gobiernan con mano de hierro el discurso público.

Víctor Vázquez y Ana Valero, profesores de Derecho Constitucional en las universidades de Sevilla y Castilla-La Mancha, respectivamente, iluminaron este lunes el "Espacio Fundamentos", el foro de reflexión que promueven el parlamento asturiano y la Universidad de Oviedo, con un diagnóstico de las amenazas múltiples que se ciernen sobre el objetivo universal de contar con una opinión pública bien "formada e informada".

Antes de desembocar en la apuesta matizada de Vázquez por el modelo restrictivo europeo, Valero acotó el problema identificando el cambio sustancial de paradigma que supone el tránsito desde la realidad que regía los estados constitucionales clásicos, en la que "la libertad de expresión debía protegerse sobre todo de las injerencias del Estado", a esta "sociedad algorítmica" en la que las restricciones ya no provienen de los poderes públicos, sino de otros, "privados y tecnológicos", que son capaces de "personalizar la persuasión", de "silenciar determinados discursos" y ejercer una autoridad cuya dimensión equiparó a la de los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial.

Las plataformas se han internado por las grietas que abre "la crisis en el funcionamiento de los medios de comunicación y los partidos políticos", configurando una situación de riesgo "de manipulación masiva" que "pone en jaque la concepción del sistema democrático" y se agrava cuando se desenvuelve "en el ámbito electoral", señala Valero. La cuestión gravita en torno a los límites que cabe poner a la libertad de expresión, incluso a si cabe hablar de libertad de expresión cuando "los contenidos manipulativos no proceden de agentes humanos, sino de contenidos automatizados". "Mucho me temo que no", respondió la jurista.

La charla pasó, entre otros, por el ejemplo de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Rumanía, anuladas y repetidas por orden del Tribunal Constitucional, y por las estrategias reglamentarias de la UE para poner coto a los desmanes. La jurisprudencia europea deja claro, resalta Valero, que los estados "no pueden permanecer pasivos", que están obligados a actuar "cuando la integridad electoral esté en entredicho como consecuencia de campañas de desinformación".

El gobierno jurídico del conflicto "es un problema de soberanía", afirma Víctor Vázquez contraponiendo el modelo regulador de Estados Unidos con el europeo y hablando del amparo generoso que Norteamérica otorga incluso a "la libertad de expresión del algoritmo, que está más protegida en Estados Unidos que en el derecho europeo". Opta el jurista por el ejercicio de la "capacidad de regulación de la UE" y por un paradigma normativo más restrictivo que el estadounidense, más próximo a la versión europea en la que "las plataformas digitales no se ven como meras empresas privadas, como en Estados Unidos, sino que están vinculadas a la satisfacción del interés general, tienen una dimensión pública en su funcionamiento y van a poder ser reguladas". Habrá que convivir con el riesgo que esto comporta, vino a decir, y que se sustancia en la puesta "en manos de empresas privadas de potestades que siempre hemos tenido por inescindibles del poder público".

Todo había comenzado con una presentación en la que el presidente de la Junta, Juan Cofiño, alertó contra los riesgos de los "pocos grandes grupos transnacionales" que controlan el nuevo ecosistema global de la comunicación y lamentó que "los estados nación que conocemos no hayan sido capaces de controlar la regulación de este fenómeno".

En colaboración con la Junta General del Principado de Asturias

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