Hacienda retrasa el Verifactu y da un respiro a las pymes y a los autónomos

Alivio para las pymes y, sobre todo, para los autónomos, que tendrán más tiempo para adaptarse a las nuevas medidas antifraude. La Agencia Tributaria confirmó ayer el aplazamiento de la entrada en vigor del sistema Verifactu. La medida, que obliga a un estricto control de la facturación mediante software homologado y conectado con Hacienda, se retrasa un año, quedando fijada la obligación de su uso a partir de 2027.

Inicialmente, el calendario de implementación se dividía en dos grandes grupos: las empresas con una facturación inferior a los 6 millones de euros debían adaptarse a partir del 1 de enero de 2026, mientras que los autónomos lo harían desde el 1 de julio de 2026.

Con la prórroga anunciada, las nuevas fechas de aplicación de la obligatoriedad se moverán a enero de 2027 para las sociedades y a julio de 2027 para el resto del tejido empresarial más pequeño, que suma más de 3,5 millones de contribuyentes. El Ministerio de Hacienda informó ayer que se ha decidido ampliar el plazo "por la necesaria adecuación de los sistemas informáticos de facturación y para garantizar una implantación ordenada y homogénea en el conjunto del tejido empresarial".

La reacción de FADE

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) celebró ayer la decisión del Gobierno de aplazar un año la implantación obligatoria del sistema Verifactu, al considerar que es una medida necesaria, coherente y ampliamente demandada por las empresas, que venían alertando de la complejidad técnica del sistema y de las dificultades para llegar a tiempo. "Celebramos que se escuche a las empresas y se introduzca un margen razonable para su implantación", señaló María Calvo, presidenta de FADE.

Sin embargo, desde la patronal asturiano se apuntó que este cambio llega a solo un mes de la fecha prevista de entrada en vigor y que eso afecta directamente a la seguridad jurídica puesto que muchas empresas ya habían realizado inversiones y procesos de adaptación que ahora quedan en el aire. "No es aceptable que una obligación de esta envergadura se rectifique a última hora, generando incertidumbre innecesaria y un coste empresarial ya asumido que nadie va a compensar", señaló María Calvo.

Fuentes de FADE insistieron en que una regulación fiscal eficaz debe basarse en planificación, certidumbre y calendarios realistas, para que las empresas puedan prepararse sin poner en riesgo su actividad. "La estabilidad normativa no es un lujo, es una condición esencial para trabajar, invertir y crecer", añadieron.

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