El BOE lo confirma: así va a ser la reducción en la nómina que también afecta a los asturianos a partir del 1 de enero por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional

A partir del 1 de enero de 2026, el tipo total de cotización por este mecanismo subirá al 0,90 %, de los cuales corresponderá 0,15% al trabajador y 0,75% al empleador. El Real Decreto-ley 14/2025 introduce un paquete de medidas urgentes que redefine la política salarial del sector público para los próximos dos años. El texto, publicado en el BOE, establece que en 2025 los empleados públicos verán un incremento máximo global del 2,5 % sobre las retribuciones vigentes a finales de 2024. Para 2026, se fija una subida del 1,5 %, ampliable en un 0,5 % adicional si la inflación de ese año alcanza, como mínimo, el 1,5 %. Estos ajustes deberán negociarse dentro de cada administración, especialmente en lo relativo al calendario de aplicación y a la distribución de los atrasos.

El decreto también incorpora una novedad relevante: la actualización de determinados conceptos retributivos para incluir la parte del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que deben asumir los empleadores públicos. Con ello, el Gobierno busca compensar parcialmente el efecto de las cotizaciones crecientes —como las del propio MEI— sobre el salario neto del personal funcionario y laboral.

El MEI, implantado en 2023, es una cotización adicional destinada a reforzar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Afecta a trabajadores, empresas y autónomos, y no incrementa prestaciones individuales futuras, sino que alimenta el fondo común que deberá sostener las pensiones durante las próximas décadas. Su aplicación se realiza sobre la base de contingencias comunes y sigue una senda ascendente: pasó del 0,60 % en 2023 al 0,70 % en 2024; alcanza el 0,80 % en 2025 y subirá al 0,90 % en 2026. La previsión es que continúe vigente —y aumentando progresivamente— hasta 2050.

Para los trabajadores, el MEI implica un descuento creciente en la nómina: en 2025, la aportación personal asciende al 0,13 % de la base de cotización, una cifra reducida pero que se suma al resto de retenciones habituales. Para las empresas, cuya contribución es mayor, supone un incremento de costes laborales. En el caso de las administraciones públicas, este aumento se traduce en mayores obligaciones presupuestarias vinculadas al empleo público.

En este contexto, el Real Decreto-ley 14/2025 actúa como una medida de equilibrio: las subidas salariales anunciadas pretenden amortiguar el efecto del MEI sobre el poder adquisitivo del personal público, evitando que la creciente presión contributiva derive en pérdidas significativas de renta. Con estas decisiones, el Ejecutivo intenta conjugar dos objetivos que no siempre avanzan a la par: garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y preservar la estabilidad económica de los trabajadores.