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¿Cuánto destinará Asturias este año a compensar a los arrendadores afectados por la suspensión de desahucios?

La convocatoria ha sido ampliada hasta el 31 de enero de 2026

Concentración de propietarios de viviendas en Gijón.

Concentración de propietarios de viviendas en Gijón. / LNE

Oviedo

Las compensaciones a los arrendatarios afectados por la suspensión de desahucios a inquilinos en situación de vulnerabilidad social alcanzarán este año los 700.000 euros. La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo y Vivienda está pendiente de resolver esta misma semana los expedientes que permanecen en tramitación, lo que permitirá cerrar la convocatoria antes de que finalice el año.

Hasta el pasado 5 de diciembre, el Principado había gestionado 56 expedientes y estaban abonados, o pendientes de pago inminente, 655.344 euros. La media por caso es ligeramente superior a 11.700 euros.

Además de estos expedientes, se han tramitado otras solicitudes que no se han podido resolver por falta de documentación.

El presupuesto para este año contiene una partida de un millón de euros, por lo que, viendo que solo se han agotado 700.000, se ha procedido a prorrogar la convocatoria, que se mantendrá abierta hasta el 31 de enero de 2026.

Este pago cubre el valor medio del alquiler en la zona o la renta pactada (el menor de estos indicadores), más los gastos corrientes (IBI, comunidad, suministros), calculados desde la suspensión hasta el levantamiento de la medida.

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, confía en que el Gobierno de España prorrogue el decreto antidesahucios antes de final de año “para seguir protegiendo a las personas vulnerables”.

Asimismo, ha pedido financiación estatal para poder continuar con las compensaciones a los arrendadores, que actualmente asume el Principado en solitario.

Estas compensaciones tienen como base el Real Decreto-Ley 20/2022 y normativas posteriores, que establecen que los arrendadores afectados por la suspensión de desahucios tienen derecho a una contrapartida económica gestionada por las comunidades autónomas.

Las personas que deseen acogerse a esta medida deben presentar una solicitud con la documentación necesaria (contrato de arrendamiento, facturas y auto judicial) ante la Dirección General de Vivienda.

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