Fernandez Llera recalca la dificultad para cubrir plazas de personal en la Sindicatura: "En la última oposición fue desolador"
El síndico mayor subrayó que el capítulo de personal absorbe el 83% del gasto y avanzó que la ejecución de 2025 cerrará por encima del 70%

Roberto Fernández Llera. / EP

El síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado, Roberto Fernández Llera, presentó en la Junta General un proyecto de presupuesto para 2026 de 3,7 millones de euros, que crece un 3% y concentra el esfuerzo en informática y digitalización, con la vista puesta en herramientas comunes con otros órganos de control y en el uso de inteligencia artificial. Defendió que el capítulo de Personal absorbe casi el 83% del gasto y anunció además la convocatoria de cinco plazas de auditoría por oposición libre, ya publicada den el BOPA, y procesos para estabilizar puestos letrados y de jefatura de administración. Roberto Fernández Llera recordó que en la última oposición hubo “una cifra casi desoladora de gente que vino al examen” pese a la alta inscripción y confió en revertir la tendencia. En línea con otras intervenciones anteriores, reconoció dificultades para atraer y retener perfiles cualificados, pero confió en cubrir las cinco vacantes de auditoría para “colmar” el área fiscalizadora y adelantó sustituciones por jubilaciones inminentes.
Ante Vox, el síndico valoró “positivamente” —a falta de aprobación— el proyecto de ley que refuerza la supervisión continua de entes del sector público, por “ir en la línea” de recomendaciones de la Sindicatura. Sobre la elaboración del presupuesto autonómico sin reglas de gasto aún aprobadas, sostuvo que los gobiernos deben presentar sus cuentas para evitar “parálisis presupuestaria” y confió en su entrada en vigor el 1 de enero.
A preguntas del PP, negó que el SESPA quede sin control: afirmó que se fiscaliza cada año dentro del informe de la Cuenta General, si bien admitió que la profundidad puede variar por plazos y carga de trabajo. En materia local, respaldó condicionar subvenciones a la rendición en plazo —con excepciones para servicios esenciales— y recordó que la ley asturiana prevé multas coercitivas desde 2015, aunque no se han aplicado por no darse los supuestos.
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