El PP denuncia "caos absoluto" en Derechos Sociales en Asturias: facturas impagadas escondidas en cajones, proveedores que tardan más de 200 días en cobrar y pleitos millonarios

Un «absoluto» caos. Así define la diputada del PP Beatriz Polledo la gestión de la Consejería de Derechos Sociales que capitanea Marta del Arco. Para Polledo, que compareció este sábado por la mañana en Oviedo, falta organización en materia de contratación administrativa, ya sea la prestación de servicios, de suministros o todo lo relacionado con los diferentes proveedores que trabajan con la propia Consejería y Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA). Una «grave» situación que requiere «que alguien asuma responsabilidades», avisa la diputada.

«Se sufre un sistema de impagos normalizado desde hace años, un modo de operar que es un absoluto escándalo, un descontrol, con irregularidades e ilegalidades en la contratación pública y que atenta directamente contra los principios básicos de la contratación administrativa que son la objetividad, libre concurrencia, transparencia o publicidad», sostiene la diputada.

Según asegura son «cientos» las facturas impagadas «escondidas en los cajones al estar sin ninguna cobertura legal, fuera del procedimiento administrativo y con reparos de intervención que impiden el pago ordinario, con un pago medio a proveedores en el ERA que supera los 200 días».

Alimentos y transporte

Esto ha hecho que la única forma de cobrar por parte de los proveedores sea acudir, según el PP, a la vía judicial. Hay problemas con servicios básicos y esenciales como alimentos, productos básicos o transporte adaptado. Polledo invita a mirar la partida de «jurídicos y contenciosos» en los presupuesto y sus constantes modificaciones «millonarias» para hacer frente a multitud de sentencias condenatorias al ERA por impagos a sus proveedores. La diputada cifra en más de 2,7 millones las modificaciones realizadas este año en una partida que inicialmente tenía 200.000 euros.

«Y este escándalo es aún más sangrante cuando vemos que para hacer frente a estas condenas derivadas de una gestión negligente e ilegal, el dinero malversado se desvía de las partidas destinadas a la concertación de plazas residenciales», denuncia la popular.

«Mientras los mayores asturianos esperan una plaza residencial, el dinero público, el dinero de nuestros impuestos, se derrocha en impagos, intereses, costas judiciales y negligencia administrativa, cuando en los 2 últimos años se ha disparado la lista de espera por una plaza residencial en un 80 por ciento», subrayó, al tiempo que reclamó un «cambio de régimen socialista que gobierna en Asturias y que se cree que la Administración es su cortijo y que puede contratar al margen de la ley, saltarse los procedimientos o contratar a dedo a sus amiguetes, una forma de actuar impropia de una administración moderna que debe dar ejemplo y cumplir la ley los procedimientos, y lo que tenemos es una administración fuera de la ley».

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