Víctor Javier Vázquez, profesor de Derecho Constitucional : "El momento de la reforma de la constitución pasó"

La reforma de la Constitución, el estribillo de todos los 6 de diciembre, suena como un himno a la utopía en un país sin capacidad de consenso para sacar adelante los presupuestos, o para aprobar grandes leyes mediante acuerdos transversales. Víctor Javier Vázquez, vallisoletano, doctor por la Universidad de Salamanca y profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, usa esa base argumental para decir que ha pasado el tren de la muy necesaria modificación de una Carta Magna que en sus 47 años recién cumplidos sólo ha sido sometida a tres cambios mínimos, inducidos por la UE o meramente cosméticos.

Autor de numerosas publicaciones científicas, ha investigado en universidades de distintos puntos del mundo y es el investigador principal del proyecto "El gobierno de la opinión pública digital en la Unión Europea". Esta semana ha disertado en la Junta General del Principado sobre los riesgos y las necesidades de regulación del moderno universo comunicativo en el que las grandes plataformas tecnológicas privadas manejan con mano de hierro el gobierno del discurso público.

La pregunta se la hace usted: ¿puede el nuevo ecosistema digital de la comunicación poner en riesgo la supervivencia de nuestra democracia constitucional?

A lo largo de la historia, ha habido muchos cambios estructurales en la opinión pública a los que el Derecho ha tenido que ir adaptándose. La sociedad de masas, la importancia de los partidos políticos en la construcción de los estados de opinión colectiva, el papel de los medios de comunicación… Siempre ha sido necesaria una adaptación del concepto de opinión pública y una nueva regulación. Ahora bien, yo creo que lo que se ha producido desde el principio de este siglo es algo más que una revolución en el sistema de comunicación. Tiene elementos muy disruptivos que, sí, creo que ponen en tensión el Estado constitucional. Por eso es importante la regulación. ¿Cómo? Estamos en ello.

¿Mejor el modelo regulatorio europeo, más restrictivo para las plataformas, que el menos represivo de Estados Unidos?

Es difícil aspirar a una regulación global, pero podemos decir que la comprensión regulatoria europea es exportable a algunos lugares, concretamente a América Latina. Este modelo parte de la idea de que las grandes plataformas digitales son foros públicos y tienen que operar conforme a principios de derecho público. Esto es algo que se entiende muy bien en América Latina y en Europa. Obviamente, va a crear una tensión con la matriz de estas empresas en Estados Unidos, pero es inevitable si Europa quiere mantener su soberanía digital y su idea de opinión pública.

El enemigo es poderoso, las grandes plataformas digitales se resisten a ser reguladas y además se defienden abrazadas a la defensa de la libertad de expresión.

La oposición a la regulación es algo que la Unión Europea se encuentra en otros muchos ámbitos, pero la UE no puede ser una entidad política sin autoestima, no puede renegar de su soberanía ni de su idea del Derecho. Además, Europa es un mercado extraordinario en el que estas empresas también quieren operar y al que no van a renunciar. Hacer eficaz la regulación no va a ser fácil y conlleva muchos riesgos, pero asumir el anhelo de las grandes corporaciones digitales, permitiendo que sean soberanas en su propio foro, no es tolerable para Europa. De la libertad de expresión, por otro lado, son titulares los medios de comunicación y las personas, pero los bots no. La eliminación de cuentas falsas y sistemas automatizados para crear falsos prestigios o para denigrar ciertos prestigios no plantea ningún problema desde la perspectiva del Derecho.

¿Nos lo estamos tomando en serio? ¿Está funcionando la regulación europea?

Está por testar. Es algo muy incipiente, y empezaremos a hacer la valoración cuando se resuelvan procedimientos sancionadores en la Comisión, por ejemplo. Creo, eso sí, que parte de algunas premisas razonables y sensatas: más obligaciones para las grandes plataformas, distinguir entre riesgo y daño, exigir la posibilidad del recurso directo del ciudadano ante las plataformas o que las normas de moderación de esas empresas asuman criterios generales respecto a la tutela de los derechos que rigen en los estados… Hay principios razonables.

El Tribunal Constitucional de Rumanía obligó a repetir las elecciones presidenciales por la injerencia perversa de las campañas de desinformación procedentes de Rusia. ¿Cómo se puede demostrar la relación directa de causalidad entre los mensajes masivos de un ejército de bots y el comportamiento electoral de los votantes?

Ese es uno de los problemas. Que el Derecho asuma conjeturas como que una campaña de desinformación ha provocado el cambio de sentido en el voto. Es un proceso psicológico de millones de personas cuya constatación no está al alcance del Derecho.

¿Se puede entender al menos como un ejemplo esperanzador?

No lo sé valorar. Estoy demasiado alejado de Rumanía. Pero modificar el resultado de unas elecciones puede ser contraproducente en algunos contextos. Puede suponer ir demasiado lejos.

El delincuente siempre va por delante del Derecho, pero no sé si en este ámbito hemos dejado que el problema se nos vaya demasiado de las manos.

Eso es absolutamente inevitable, porque la sociedad es mucho más poderosa que el Estado y el Derecho regula con mucha dificultad. Además, los estados necesitan de las grandes corporaciones privadas para cumplir sus propios fines. Ámbitos que eran propios del Estado, como la industria armamentística y aeroespacial, o este mismo, ahora son propiedad o parte del dominio de empresas privadas. Eso configura un desafío muy fuerte para la regulación.

La Constitución tiene recién cumplidos los 47 y en cada fiesta de cumpleaños suena la canción de la reforma. ¿Se puede, se debe?

Hablar ahora de una reforma constitucional, cuando no somos capaces de aprobar unos presupuestos en toda la legislatura, es completamente absurdo. El momento de la reforma pasó. La Constitución tendría que haberse modificado, y tanto el Consejo de Estado como diversos investigadores, departamentos universitarios o grupos de investigación plantearon reformas muy sensatas. Pudo haberse logrado el acuerdo parlamentario, pero ese momento pasó. Ahora, tenemos que conformarnos con que exista una gobernabilidad que permita aprobar leyes y darnos unos presupuestos de manera razonable. Estamos en el peor momento para hablar de la reforma y vamos a llegar a los cincuenta años de vigencia de la Carta Magna en un contexto político y con una cultura constitucional con mala salud.

En 47 años se han hecho tres cambios obligados o cosméticos, seguramente insuficientes.

Se han hecho dos modificaciones heterónomas por imposición europea, como consecuencia uno de la integración en Maastricht y otro de la asunción de la disciplina económica y las normas de estabilidad europeas, y uno más puramente cosmético [para sustituir el término "disminuido" por la locución "personas con discapacidad"]. No hay ninguna reforma con calado. La del artículo 135 fue importante, porque al estado social le afecta de una manera muy clara, pero no surgió de la voluntad constituyente de reforma de los partidos políticos españoles, sino de Europa. No hemos hecho un uso razonable de la reforma.

Pensando en términos utópicos, por si el momento vuelve, ¿por dónde sería razonable empezar?

Por el título VIII, el del Estado autonómico.

¿En qué sentido?

Incorporando a la Constitución el proceso autonómico y clarificando el reparto de competencias. Tenemos una Constitución en la que no aparece la palabra Cataluña, o Asturias. Es un poco absurdo. Clarificar el título VIII debería servir para darnos seguridad jurídica y eliminar conflictividad política.

¿Y redefinir el papel del Senado?

Va de la mano. Habría que plantear su modificación para convertirla en una cámara territorial o su supresión, como defiende algún colega (risas). Ahora es una cámara bastante disfuncional.

¿Usted lo suprimiría?

Entre lo que tenemos ahora y su supresión, tengo mis dudas… Pero yo soy partidario de que sea una cámara territorial.

Si el momento político es poco propicio para cualquier reforma, no digamos para la del modelo territorial.

Desde luego. De entrada, estaríamos dando un paso muy importante si se consiguieran aprobar leyes con un acuerdo transversal, de izquierda y derecha, en ámbitos como el educativo, por ejemplo, o una ley de vivienda con un diálogo amplio con las comunidades autónomas. Hemos sido incapaces de darnos una ley de educación, o de universidades. Hay muchísima agenda para el bipartidismo, y más en este contexto de pérdida de poder adquisitivo de las clases medias. Ahora mismo, para mí, es mucho más razonable aspirar a leyes orgánicas con significado político constitucional que sean aprobadas por los dos grandes partidos. Si somos capaces de legislar en materias importantes con una agenda común, la posibilidad de la reforma se abrirá algún día.

De abrir el melón de la forma del Estado ni hablamos…

La monarquía es una institución fundamental en el contexto actual porque es antipopulista.

¿En qué sentido?

La monarquía actúa a través de actos debidos y no tiene que legitimarse apelando al sentimentalismo político. Por eso creo que en este contexto es útil y dota de estabilidad al sistema político. Se demostró, por ejemplo, cuando se aprobó la ley de amnistía y hubo quien sugirió que el Rey no la sancionase. Teniendo una monarquía parlamentaria nos aseguramos que ese tipo de apelaciones no tengan ningún futuro.... Pasó algo similar cuando el Rey propuso a Pedro Sánchez como presidente del gobierno sabiendo que Pablo Iglesias iba a ser vicepresidente y se sugirió que lo vetase… La monarquía tiene un valor para la izquierda del que a veces la propia izquierda no ha sido consciente.

¿Es partidario de incluir el derecho al aborto en el artículo 43, como pretende el Gobierno, o comparte la opinión de que eso rebajaría su nivel de protección?

Estoy de acuerdo con el profesor Miguel Presno Linera. Creo que era una reforma superflua y probablemente contraproducente que desprotegería el derecho al aborto. El Tribunal Constitucional ya ha dicho que es un derecho. Llevarlo como tal a la Constitución, al título de los derechos, es imposible porque requiere dos tercios de cada cámara, dos legislaturas y referéndum. Ante esta situación, optaron por esta propuesta de incluirlo como un principio rector, pero entonces se estaría cuestionando la decisión del Constitucional. Lo que ha hecho el Gobierno planteando esta reforma es una irresponsabilidad política.

¿Le ha sorprendido la decisión del abogado general de la UE que allana el camino a la amnistía?

No.

¿Ni que haya descartado que se trate de una "autoamnistía"?

No, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene que ser deferente con las decisiones de los estados, y más en un ámbito como éste, de una amnistía política. Es una decisión prudente, esperable, de un tribunal supranacional. Me habría resultado más llamativo lo contrario. Él vincula esa idea de autoamnistía a la que un gobierno autoritario se daría a sí mismo, pero esta es una amnistía parlamentaria.

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