El Principado aprueba la ley que blinda el parque público de vivienda y fija el carácter de piso protegido de manera permanente

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado en una reunión extraordinaria el Proyecto de Ley de Vivienda, la primera norma integral en esta materia que se tramitará en la comunidad y que ya ha sido remitida a la Junta General para su debate parlamentario. El texto pretende diseñar un modelo propio y estable de política pública de vivienda, según ha explicado el consejero Ovidio Zapico, vertebrado por el nuevo Sistema Asturiano de Vivienda Protegida, que ordena la promoción, adjudicación, uso, inspección y control del parque protegido y consagra la protección permanente de las viviendas calificadas tras la entrada en vigor de la ley. Además, establece que todas las viviendas propiedad del Principado se dedicarán exclusivamente al alquiler, con prohibición expresa de su venta o enajenación.

Protección “de por vida” y parque no enajenable

Uno de los pilares de la iniciativa es blindar el patrimonio residencial que recibe apoyo público. La norma elimina la descalificación de las viviendas protegidas de nueva calificación, de modo que no podrán volver al mercado libre y solo podrán transmitirse cumpliendo los requisitos de acceso a vivienda protegida (destino a residencia habitual y límites de ingresos).

En el caso del parque público autonómico, hoy integrado por 9.600 viviendas, el proyecto prohíbe su venta y lo reserva de manera indefinida al arrendamiento, con el objetivo de consolidar una bolsa residencial que actúe ante las tensiones del mercado.

Además, el Principado quiere poner fin a la idea de que una vivienda pública solamente se destina a colectivos en situación de exclusión o con graves problemas económicos. El Principado quiere que también asturianos con ingresos medios pero que no pueden acceder a una vivienda en ciertos lugares, puedan optar a un alquiler público.

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha subrayado que la norma “va a impedir que se vendan más viviendas públicas en Asturias”, tras recordar que el parque llegó a rondar 31.000 unidades cuando la comunidad asumió competencias y que en 2023 esa cifra se había reducido a 9.600 por procesos de enajenación. “Con esta ley evitamos que no se venda más vivienda pública”, remarcó. Zapico enmarcó el texto en un cambio de cultura: “Entendemos la vivienda como un derecho y no como un negocio”.

El Sistema Asturiano de Vivienda Protegida actuará como “columna vertebral” de la política autonómica, integrando y secuenciando las actuaciones públicas para dar seguridad jurídica y coherencia a los procedimientos. Junto a la gestión habitual de la empresa pública Vipasa, el Ejecutivo plantea un “ciclo completo de suelo, promoción, gestión e inspección” y pretende incorporar a la empresa Sedes como posible herramienta pública auxiliar para obras y actuaciones que queden desiertas.

Unificación de tipologías y una revisión del módulo

La ley unifica las tipologías de la vivienda protegida de promoción privada y sustituye la clasificación anterior por una sola categoría: vivienda protegida del régimen general. A esa unificación se asociará un único precio de módulo para venta y alquiler protegidos, actualmente en revisión en el marco de la concertación con sindicatos y patronal.

Zapico reiteró que el nuevo precio del módulo entrará en vigor el mismo día que entre en vigor la futura ley autonómica (una vez aprobada en la Junta) y después de que el Ministerio de Vivienda apruebe el nuevo Plan Estatal que servirá de referencia para cerrar el acuerdo.

¿Cómo quedará la vivienda protegida?

La ley fija un único régimen de vivienda protegida y rechaza la descalificación. La transmisión de viviendas protegidas de promoción privada solo será posible tras cinco años desde la compra y siempre a favor de familias que cumplan requisitos de ingresos y destino de uso. El parque público del Principado no será enajenable bajo ningún supuesto; su destino exclusivo será el alquiler social o asequible.

En cuanto a la adjudicación de los alquileres de viviendas públicas, el límite general de renta para acceder al alquiler público se sitúa en cinco veces el IPREM (fijado ahora en 7.200 euros para doce pagasa, lo que supondría un límite de 36.000 euros anuales) , mientras que la compra de vivienda protegida privada se abre hasta siete veces el IPREM (50.400 euros). El desarrollo reglamentario del alquiler asequible establecerá que la renta tope no exceda un tercio de los ingresos familiares.

Rehabilitación, accesibilidad y eficiencia

El proyecto confiere un papel relevante a la rehabilitación del parque existente. El objetivo es reducir el consumo energético y la pobreza energética, alineando las actuaciones con los planes europeos para establecer edificios de emisiones cero para obra nueva y de descarbonización progresiva de las viviendas existentes.

El director general de Vivienda, Daniel Sánchez, recalcó que Asturias afronta una herencia de promociones masivas de los años sesenta y setenta, sin ascensor y con aisalmientos poco eficientes. La consejería prepara convocatorias estables en materia de accesibilidad y eficiencia, con ayudas “intensas” para garantizar que las familias puedan acometer obras. La hoja de ruta pasa por mantener una actividad de rehabilitación continuada que también permita al sector tener opciones de actividad.

La vivienda, por primera vez, como determinante de la salud

La norma incorpora por primera vez en una ley autonómica de vivienda la salud como principio rector. El texto reconoce la relación directa entre condiciones del hogar (como la salubridad, confort térmico, accesibilidad) y bienestar físico y mental, y propone coordinar las políticas residenciales con salud pública para prevenir desigualdades. “Si una persona vive en un cuarto piso sin ascensor o en una casa con humedad, eso afecta a su salud”, ejemplificó José María González Gancedo, del equipo jurídico de la consejería. Este enfoque se integrará en el desarrollo reglamentario previsto para la norma.

Inspección, uso adecuado y vivienda desocupada

El nuevo sistema de inspección buscará evitar el fraude de uso en la vivienda protegida, destinándola a segundas residencias o alquiler vacacional encubierto, para garanitzar que cumpla su fin social como primera residencia. La ley aborda además la vivienda desocupada, con mecanismos de calificación, incentivos para su puesta en uso, y un régimen sancionador en casos de incumplimiento para grandes tenedores. El Principado admite que el fenómeno de los grandes tenedores no tiene en Asturias la dimensión de otros territorios, pero quiere dotarse de herramientas para movilizar inmuebles ocioso y reforzar la oferta en zonas tensionadas.

Un marco de colaboración y una hoja de ruta a 2035

El Ejecutivo defiende que el proyecto respeta la autonomía municipal y refuerza la cooperación con los concejos, el tercer sector y la iniciativa privada bajo control público. En paralelo, la consejería trabaja con un plan de nuevas promociones que impulse 1.000 viviendas en lo que resta de legislatura (a las que se sumarían casi 600 ya en marcha) y fija un horizonte 2035 con un objetivo de 15.000 viviendas públicas en el parque autonómico. “Con un buen parque público, la gestión de las crisis de acceso sería muy distinta”, insistió Zapico.

La coordinación con la futura empresa estatal de vivienda anunciada por el Gobierno central figura entre las prioridades del Principado, que aspira a acuerdos rápidos para gestionar en Asturias activos procedentes de Sareb y sumar suelo e inmuebles a su bolsa pública. Zapico pidió, en este sentido, que se dé prioridad a las comunidades alineadas con la ley estatal de Vivienda.

Diez solicitantes del programa “Alquilámoste” por cada piso ofertado

Mientras avanza la ley, el Principado continúa con la puesta en marcha del programa “Alquilámoste”, que garantiza acompañamiento y cobertura de riesgos a propietarios que incorporen viviendas al alquiler asequible. Según los últimos datos ofrecidos, el plan superaba la veintena de viviendas captadas y más de 250 interesados como inquilinos. La consejería confía en formalizar los primeros contratos antes de final de año, tras verificar los requisitos legales y técnicos de cada inmueble.

Calendario parlamentario y estabilidad normativa

El Gobierno defiende que “la ley no nace para quedarse obsoleta, sino para ofrecer un marco duradero que se desarrolle por reglamento en aspectos técnicos susceptibles de cambio”, como la trasposición de directivas europeas o los parámetros concretos de adjudicación. El calendario de tramitación dependerá de la Junta General, que afronta en los próximos meses la discusión de varias iniciativas. El Ejecutivo ha sondeado a las fuerzas políticas, también a la oposición de derecha, para intentar un acuerdo amplio que asegure la vigencia del modelo más allá de los ciclos políticos.

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