La futura ley de Salud Mental llegará al parlamento en la primavera de 2026 y el Principado amplía el periodo de alegaciones

La consejería de Salud confía en que la Ley de Salud Mental asturiana inicie su tramitación parlamentaria en abril o mayo del próximo año. La consejera Concepción Saavedra ha presentado a los grupos parlamentarios de la Junta General el borrador de la ley y ha expresado la voluntad de que concite “el máximo consenso posible”.

Para ello, el gobierno regional ha extendido hasta el próximo 14 de enero el plazo para recibir alegaciones. La consejería de Salud ha abierto una ronda de reuniones con profesionales, pacientes, familiares (a la que ahora se incorporan los grupos políticos) para sumar propuestas y cerrar acuerdos antes de su remisión a la Junta General. “Nos comprometimos a traer la ley antes de finalizar el año. Ahora ya está en audiencia y queremos que todos puedan plantear sus alegaciones”, ha afirmado Concepción Saavedra.

La responsable de Salud ha explicado que su departamento se reunió hace dos días con el Foro de la Salud Mental y que, además de ese encuentro, mantendrá encuentros individuales con distintos actores del sistema: “Con los profesionales, con los psiquiatras, con los psicólogos, con las asociaciones de pacientes y de familiares, para poder llegar a un consenso en lo que se refiere a la ley y también con los grupos políticos”, ha detallado.

En cuanto al contenido, Saavedra resumió que la norma reconoce derechos específicos de las personas con discapacidad psicosocial, ordena la participación y define el modelo de atención de la red. “Esta ley habla de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, algunos generales y otros muy específicos”, ha señalado para destacar que el texto crea estructuras para garantizar esos derechos y establece el modelo comunitario como eje del sistema. “Es una ley que blinda muchas cosas, blinda derechos, pero también blinda estructura y blinda recursos”, ha enfatizado.

Saavedra ha enmarcado la nueva arquitectura legal en un compromiso presupuestario sostenido: “Llevamos ya dos presupuestos en los cuales se contratan profesionales de salud mental, algo que nunca ha pasado”, ha afirmado. Además, ha apuntado que la salud mental trasciende el ámbito exclusivamente sanitario: “No depende solo de Salud ni de la red asistencial, porque depende de dónde trabajas, dónde vives, cuál es tu entorno, cuáles son tus relaciones”. Con todo, ha insistido en que la red asistencial debe proteger y ayudar cuando hay una necesidad clínica: “Tienes que tener una buena red asistencial que te proteja y que además te ayude”.

Derechos, oficinas de garantía y modelo comunitario

El anteproyecto busca asentar un catálogo garantista que incluye el derecho a la planificación anticipada de decisiones (instrucciones previas específicas para salud mental y designación de una persona de acompañamiento), la política de “contenciones cero” con formación obligatoria en desescalada y la accesibilidad psicosocial para combatir barreras en cuanto a actitud y comunicación de los pacientes. En el caso de los menores, fija entornos diferenciados de los adultos, el derecho a continuar su educación durante los periodos de ingreso y a estar acompañados.

Para asegurar el cumplimiento de estos derechos, la propuesta crea una Oficina para la Protección de Derechos en Salud Mental, un órgano colegiado con capacidad para recibir quejas, revisar prácticas e impulsar mejoras tanto en centros públicos como concertados. Se institucionaliza asimismo el Foro de la Salud Mental como espacio de reflexión y asesoramiento, y se prevé una comisión de coordinación en el Principado para alinear políticas y velar por la ejecución del Plan de Salud Mental. La propia consejera ha destacado que el foro “ya va a crearse como tal en la ley” y que habrá una comisión de ámbito público para ordenar la respuesta del sistema.

En el ámbito asistencial, el texto define una Red de Salud Mental integrada en el Sespa pero con cartera y circuitos propios, con la Atención Primaria como puerta de entrada y la prioridad del ingreso voluntario (reservando las internaciones involuntarias a los supuestos legales estrictos). Se promueve la continuidad de cuidados mediante la coordinación con Vivienda, Empleo y Servicios Sociales, y se prescribe la creación de espacios terapéuticos “tranquilizadores” en las unidades para evitar coerciones y favorecer procesos de recuperación en el entorno habitual de vida.

Prevención del suicidio, escuela y trabajo

Más allá de la clínica, la norma obliga a desplegar una Estrategia de prevención de la conducta suicida con detección precoz y apoyo a familias, e incorpora medidas específicas en los ámbitos educativo y laboral: los centros deberán priorizar el bienestar emocional y reforzar las competencias socioemocionales; en el trabajo, se pide reducir riesgos psicosociales como sobrecargas o inseguridad. En paralelo, integra las adicciones bajo los mismos principios garantistas y actualiza la normativa para una Estrategia sobre Adicciones para Asturias.

El anteproyecto también regula la gestión del conocimiento y la investigación, con preferencia por proyectos comunitarios y el apoyo a iniciativas libres de conflictos de interés, con el objetivo de promover evidencia independiente. La formación se extiende más allá del personal sanitario e incluye a fuerzas de seguridad, judicatura y docentes, clave para homogeneizar criterios y evitar prácticas coercitivas.

Los partidos políticos fijan sus primeras posiciones

Los grupos con representación en la Junta General han expresado sus primeras posiciones tras la presentación del anteproyecto de Ley de Salud.

Por el PP, la diputada Pilar Fernández Pardo ha pedido tiempo para el análisis: “Aún debemos analizar con detenimiento el contenido del proyecto, porque se trata de una ley con mucha trascendencia”. Avanzó, en todo caso, que el PP hará aportaciones que espera “sean aceptadas para enriquecer el documento”.

El diputado de Foro, Adrián Pumares, ha valorado el encuentro con la consejera de Salud en torno a una ley "esperada desde la pasada legislatura". Pumares ha mencionado, como principal carencia, "la falta de una referencia específica en el ámbito infantojuvenil", algo que considera "corregible durante la tramitación", y ha reclamado que la ley vaya "acompañada de recursos suficientes y de voluntad política para cumplir sus compromisos".

Más cautelas ha puesto la diputada de Vox Sara Álvarez Rouco, quien ha lamentado que la salud mental siga siendo “la gran olvidada en la sanidad asturiana”. Teme que el texto se convierta en “una oportunidad desperdiciada” si responde “a planteamientos ideológicos” en lugar de a las necesidades reales de los pacientes. “Analizaremos el texto con detenimiento para comprobar si existe un compromiso real con los asturianos o si se trata de "otro texto de los suyos, de los marcados por su sesgo ideológico’”, ha dicho, al tiempo que ha pedido una regulación transversal. Rouco subrayó la magnitud del problema y pidió que deje de ser “un asunto secundario”.

Más favorable ha sido la posición de los partidos de la izquierda. Desde Convocatoria por Asturies (IU), su portavoz parlamentario, Xabel Vegas, ha calificado la iniciativa de “muy esperada” y ha recordado que fue “una de las exigencias” del acuerdo que dio lugar al gobierno de unidad progresista. “Es una ley muy demandada tanto por los profesionales como por los pacientes”, ha dicho. Sobre el contenido, ha destacado que es “una ley enfocada en los derechos del paciente” y en un “enfoque comunitario” que considera “adecuado” y “integral, que va más allá de los recursos sanitarios y en el que toda la sociedad” participa. Vegas señaló que su grupo estudiará el texto con detalle: “En principio, nos parece un buen proyecto de ley”, si bien ha defendido la necesidad de contrastar con otros actores y por un proceso de enmiendas que “seguramente” lo mejore durante la tramitación.

La diputada del grupo mixto Covadonga Tomé ha celebrado que el borrador llegue antes de finalizar el año y lo ha situado entre sus prioridades. “El borrador tiene cuestiones muy interesantes, aunque aún tenemos que estudiarlo más en profundidad”, ha dicho, si bien destacó que sea “muy participado” y ha puesto el acento en la “oficina de salud mental” como recurso “novedoso” para centralizar quejas, denuncias y demandas de familiares, pacientes y profesionales. “Es fundamental cambiar la visión, tener en cuenta factores económicos y sociales que influyen tremendamente en la salud mental, aspectos que hay que atender más allá de la medicalización”, ha señalado.

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