Ministerio y comunidades dan de paso que las nuevas oficinas judiciales de Oviedo, Gijón y Avilés se retrasen hasta el 15 de febrero

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presidido este lunes la Conferencia Sectorial de Justicia, el órgano de cooperación entre el Estado y las CC.AA. con competencias transferidas en esta materia. En la reunión, se ha aprobado por unanimidad que las nuevas oficinas judiciales de Oviedo, Gijón y Avilés se retrasen hasta el 15 de febrero, tal como había anunciado el consejero Guillermo Peláez, titular de la Consejería de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos. La justificación, según la nota oficial del ministerio, es "llevar a cabo los últimos ajustes técnicos". En este caso, finalizar los concursos para el acoplamiento de la plantilla.

El Ministerio y las comunidades autónomas han acordado también por unanimidad dotar de cierta flexibilidad a todos los partidos judiciales de tal manera que, la entrada en funcionamiento de los equipos que lo requieran se realizará de forma progresiva en función de las necesidades organizativas y de cargas de trabajo, sin afectar, en ningún caso, al servicio público de justicia que se presta a la ciudadanía. En todo caso, los medios personales y materiales están ya a disposición de los tribunales de instancia. La Ley de Eficiencia supone la mayor reforma estructural de la Justicia en décadas y su objetivo es convertirla en un servicio público más ágil, moderno y cercano a la ciudadanía.

En la reunión, Bolaños informó que de la reforma de los tribunales de instancia ha supuesto una inversión en Asturias de 8 millones, estando previsto un coste total de 15 millones. Esta reforma supondrá un ahorro de 9,4 millones de euros.

Bolaños presentó además los primeros datos de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ya está ofreciendo resultados tangibles en la agilización de procedimientos, uno de sus principales objetivos, según el Ministerio. La norma, en vigor desde el pasado mes de abril, ha logrado reducir los actos de comunicación pendientes (notificaciones, requerimientos, etc.) un 36 por ciento de media en las comunidades analizadas.

También ha demostrado su efectividad en la agilización de las ejecuciones de sentencias, con reducciones de las ejecutorias pendientes, en algunos territorios, de hasta un 69 por ciento. Además, los ciudadanos han realizado ya casi 98.400 trámites judiciales en las Oficinas de Justicia en el Municipio, desde su creación en el mes de junio. Antes no existía la posibilidad de llevar a cabo estas actuaciones telemáticamente desde cualquier municipio.

Más de 300 Tribunales de Instancia ya han entrado en funcionamiento durante este año sin incidencias destacables y el Ministerio ya ha podido evaluar sus primeros resultados. Por ejemplo, en Andalucía, la pendencia de los actos de comunicación se ha reducido un 43,8 por ciento, en la Comunitat Valenciana un 34 por ciento y en las Islas Canarias un 22 por ciento. La media de las 7 comunidades de las que se disponen datos (Andalucía, Canarias, Castilla y León, Castilla La-Mancha, Catalunya, Comunitat Valenciana, Murcia) es del 36 por ciento.

La evaluación del Ministerio también constata una agilización en la ejecución de sentencias. En la Comunitat Valenciana, la reducción de las ejecuciones pendientes de admisión es del 27 por ciento. En Catalunya, del 26,9 por ciento, en Andalucía alcanza el 69 por ciento, y en Castilla-La Mancha el 55 por ciento. La media de las comunidades estudiadas es del 30 por ciento.

La Ley de Eficiencia incluye un cambio procesal clave para reducir los litigios, fomentar la cultura del diálogo entre las partes y agilizar la tramitación de conflictos. Se trata de la obligación de recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en asuntos civiles y mercantiles antes de iniciar cualquier proceso judicial. En este sentido la ley también demuestra los primeros resultados positivos. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en el tercer trimestre del año se registró un descenso del 30,9 por ciento en la cifra de nuevos litigios en la jurisdicción civil en toda España.

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