IU advierte desde Siero que no tolerará presiones del “mundo del dinero” en urbanismo, industria y comercio

La Comisión Colegiada de Izquierda Unida de Asturias aprobó este martes en Pola de Siero una resolución política con la que rechazó “cualquier presión de los lobbies del dinero” en materia urbanística, de desarrollo industrial y energético, así como en el ámbito comercial, y defendió un modelo de desarrollo sostenible donde prevaleció el interés general. El órgano de dirección reafirmó el acierto de su entrada en el Gobierno del Principado en 2023 con competencias “vinculadas al núcleo económico de las decisiones públicas” y marcó una posición “clara” ante lo que considera una ofensiva de intereses particulares que impulsan proyectos ajenos al bienestar colectivo.

Blindaje del litoral y equilibrio de renovables

La resolución situó la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda como ejes de la acción de la coalición en el Ejecutivo autonómico y atribuyó a esa implicación decisiones como el equilibrio en la extensión de las energías renovables, la regulación de los parques de baterías —con la prohibición de su instalación en suelo rural para garantizar tranquilidad y seguridad a pueblos y aldeas—, el refuerzo del Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA), el control del desarrollo comercial y la protección del parque público de vivienda. A juicio de IU, estas medidas, “adoptadas desde el interés general”, frenaron proyectos especulativos y contuvieron presiones para desregular el territorio o mercantilizar derechos básicos.

En el plano territorial, la Colegiada reiteró la defensa “inquebrantable” del POLA como “herramienta clave” para mantener la costa asturiana entre las mejor conservadas del país, e insistió en su rechazo histórico a proyectos “abrasivos” como la mina de oro de Salave. La organización subrayó que el blindaje del litoral y el cumplimiento estricto de las normas de protección deben mantenerse como línea roja frente a iniciativas que, según la coalición, podrían abrir la puerta a una dinámica de urbanización intensiva y ocupación de espacios frágiles.

Aviso a Siero y a los modelos de expansión agresiva

En materia comercial, la resolución defendió con firmeza las Directrices de Comercio, frente a lo que denominó “modelos de crecimiento agresivo”. El texto mencona de forma expresa al concejo de Siero —donde se celebró la reunión— para rechazar que “ningún concejo quede al margen de la planificación autonómica” o se convierta en un espacio “ajeno a la normativa vigente”. En ese contexto, IU advirtió contra un modelo que, a su entender, “encarna los principios y formas de actuación más salvajes del capitalismo”, y emplazó a respetar el marco de competencias y la coordinación con el Principado. En el debate local, la organización aludió a proyectos de gran formato —como la eventual implantación de nuevas superficies— y reclamó evaluar su impacto sobre el pequeño comercio, la movilidad y el equilibrio urbano.

Para la coalición, el desarrollo comercial debe responder a la planificación y a criterios de interés público, y no a la mera lógica del beneficio privado a corto plazo. En esa línea, la dirección de IU recordó que su actividad en el Gobierno persigue “ordenar” el crecimiento, compatibilizarlo con la protección del entorno y garantizar que las inversiones se integren en las estrategias territoriales existentes, evitando desequilibrios entre concejos.

Vivienda: parque público y protección de la VPO

El documento coloca la vivienda “en el corazón” del modelo Asturias. IU reafirmó la prioridad de ampliar el parque público, blindar la vivienda protegida con carácter vitalicio y negociar precios “pensados para la clase trabajadora”, frente a los intereses de promotores y constructores. La coalición defendió que la vivienda “sea un derecho y no un objeto de especulación”, y situó la intervención pública —tanto en oferta como en regulación— como palanca para estabilizar el mercado y evitar dinámicas inflacionarias en el acceso a un hogar.

La Colegiada sostuvo que las medidas aplicadas en esta materia —desde la protección reforzada de la VPO hasta los criterios de adjudicación y la gestión del parque— han permitido orientar políticas clave “en beneficio de la mayoría social”. En paralelo, el control del desarrollo urbano y la alineación con las directrices territoriales pretendieron contener operaciones que, según IU, buscan recalificaciones oportunistas o nuevas bolsas de suelo con fines especulativos.

Cuatro compromisos explícitos

Como síntesis, la resolución declaró cuatro compromisos explícitos:

1. Compromiso con el desarrollo sostenible, el equilibrio territorial y la prevalencia del interés general, frente a la “ofensiva de intereses particulares” que impulsa proyectos no pensados para el bienestar colectivo.
2. Defensa y desarrollo del POLA como herramienta para mantener la costa asturiana protegida y evitar agresiones urbanísticas, con la reiteración del rechazo a iniciativas como la mina de Salave.
3. Mantenimiento de las Directrices de Comercio como marco que protege al pequeño comercio, la movilidad sostenible y la planificación autonómica, frente a modelos de expansión que priorizan únicamente el beneficio de unos pocos.
4. Prioridad de las políticas públicas de vivienda como eje del “modelo Asturias”, garantizando la vivienda como derecho y no como mercancía.

Contexto político y horizonte de legislatura

IU enmarcó esta posición en su decisión de 2023 de condicionar su presencia en el Ejecutivo a la gestión de áreas estratégicas —ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y derechos ciudadanos—, rompiendo con la lógica de etapas anteriores. Dos años y medio después, la organización valoró que esa apuesta fue “determinante” para orientar la política pública. El movimiento, con lectura interna y externa, operó también como señal a su socio de gobierno, el PSOE, y a los actores económicos: la coalición asumió que mantendrá un perfil “de contención” ante cualquier intento de desregulación que, a su juicio, ponga en riesgo el interés general.

En conclusión, IU Asturias refrendó su voluntad de seguir defendiendo políticas públicas “valientes” que antepongan los derechos de la ciudadanía a las presiones económicas y a los proyectos especulativos. La Colegiada anticipó que, en lo que resta de legislatura, priorizará el blindaje normativo del litoral, el cumplimiento de las directrices comerciales y la expansión del parque de vivienda pública, con el objetivo —dice— de preservar el equilibrio territorial y garantizar condiciones de vida dignas en el conjunto del Principado.

Suscríbete para seguir leyendo