El Principado contesta con dureza a Óscar Puente: “Distorsiona la realidad”

El Principado de Asturias sostiene que las recientes declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el peaje del Huerna, en una entrevista publicada en LA NUEVA ESPAÑA, “distorsionan gravemente la realidad jurídica del caso” y trasladan a la opinión pública “una interpretación incorrecta de los hechos”.

El Principado y el Gobierno central son gobernados por el mismo partido, el PSOE junto con IU y Sumar respectivamente. El peaje ha provocado una situación política tensa.

Según expone el Ejecutivo autonómico en un duro comunicado, su iniciativa para suprimir el peaje responde a “una reivindicación histórica de Asturias”, con “un amplio consenso social, institucional y económico”, articulado a través del manifiesto promovido por la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias Necesita.

“La actuación del Gobierno de Asturias se enmarca en una estrategia coherente, sostenida y plenamente fundamentada en derecho, orientada a la defensa de la igualdad territorial, la cohesión y el interés general”, subraya el Principado.

El Gobierno regional remarca que su actuación se ha concretado en una “iniciativa institucional formal y ajustada al ordenamiento jurídico”, mediante la solicitud de revisión de oficio del Real Decreto que amplió la concesión de la AP-66 hasta 2050. “La prórroga fue acordada en el año 2000 sin los procedimientos de licitación y concurrencia exigidos por el derecho nacional y europeo vigentes en aquel momento”, sostiene el Ejecutivo autonómico, en referencia a la decisión adoptada por el Gobierno de España presidido por José María Aznar.

Desde el Principado recuerdan que la solicitud de revisión de oficio “activa un procedimiento administrativo reglado” que debe resolverse mediante actos motivados y conforme a la legalidad vigente. En ese marco, el Ejecutivo autonómico destaca que su posición cuenta con “un respaldo jurídico sólido”, apoyado en el dictamen emitido por la Comisión Europea el 17 de julio de 2025, que concluye que las prórrogas de las autopistas AP-66 y AP-9 fueron “contrarias al derecho de la Unión Europea” por haberse aprobado sin licitación pública y vulnerar los principios de igualdad, transparencia y concurrencia.

El Gobierno de Asturias insiste en que dicho pronunciamiento “se circunscribe exclusivamente a estas dos concesiones” y “no afecta al resto del sistema concesional del Estado”. A ello se suma el dictamen aprobado por unanimidad por el Consejo Consultivo del Principado, que, según el Ejecutivo, confirma que la ampliación de la concesión “constituye un acto administrativo singular plenamente revisable, equiparable a una nueva adjudicación y con causas de nulidad” conforme a la legislación vigente en el momento de su aprobación.

Frente a las interpretaciones trasladadas desde el Ministerio, el Ejecutivo autonómico recalca que “Asturias no plantea rescates discrecionales ni decisiones políticas arbitrarias”, sino “la restitución de la legalidad vulnerada”, que considera “jurídicamente exigible y la opción más eficiente y rentable para el interés general”. Asimismo, advierte de que “cualquier intento de extrapolar el caso del Huerna al resto de peajes del Estado carece de base jurídica” y supone “una distorsión grave que genera confusión en la ciudadanía”.

Finalmente, el Principado sostiene que “solo cabe una respuesta administrativa y jurídica del Ministerio de Transportes” conforme al procedimiento de revisión de oficio iniciado, aunque recuerda que “existe margen para la acción política inmediata”. En este sentido, reitera su petición de “bonificar al cien por cien el peaje del Huerna, desde el primer viaje y para todos los usuarios” como “una medida de justicia territorial” mientras se resuelve el fondo del asunto.