El Principado insta a Santa Bárbara a llegar a una "solución" con Indra para no paralizar inversiones en Asturias

El Principado ha reaccionado este sábado a la decisión de Santa Bárbara Sistemas, filial del gigante estadounidense General Dynamics con fábrica en Trubia (Oviedo), de acudir a los tribunales para lograr la suspensión cautelar de 3.000 millones de euros en créditos públicos sin intereses que el Gobierno central otorgó a Indra para desarrollar los obuses autopropulsados a cadenas y a ruedas en la nueva factoría de la compañía española en el Tallerón de Gijón. "Confiamos en una solución satisfactoria" del conflicto, indicó el Ejecutivo autonómico de Adrián Barbón tras conocer que el Supremo ha admitido a trámite ese recurso. La paralización de los préstamos aún no está decidida, pero la admisión a trámite ya ha desatado las alarmas en Asturias, donde Indra maneja planes multimillonarios.

Desde Santa Bárbara argumentan que no les ha quedado más remedio que acudir a la Justicia para bloquear el decreto gubernamental que habilita los créditos. Según fuentes de la filial de General Dynamics, su planteamiento durante los últimos meses ha sido colaborar con Indra en los distintos programas de blindados impulsados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Se ha intentado mantener conversaciones con Indra desde hace más de dos meses y se les han hecho dos propuestas formales sin obtener respuesta", afirman desde Santa Bárbara.

El argumentario con el que Santa Bárbara justifica su posición ya fue hecho público el pasado octubre. La compañía enumeró entonces varias razones por las que era el adjudicatario idóneo de los contratos de los obuses y del lanzapuentes, que el Gobierno concedió recientemente a Indra. Entre los motivos, Santa Bárbara adujo que ya dispone de modelos de ambos vehículos –el obús "Némesis" y el lanzapuentes "Anaconda"–, cuya fabricación "puede iniciarse manera prácticamente inmediata en las propias instalaciones de Santa Bárbara Sistemas en Trubia y Sevilla". Asimismo, la empresa reivindicó ser "la única compañía española que dispone ya de las soluciones necesarias, la experiencia y las capacidades actuales inmediatas para desarrollarlas con la máxima celeridad y garantía".

Cooperación

En el argumentario, la filial también esgrimía que su propuesta se basa en la "cooperación" con otras compañías del sector, y es en ese contexto en el que, según Santa Bárbara, se hicieron las mencionadas dos propuestas de colaboración a Indra.

Ambas son empresas aliadas en el consorcio Tess Defence, del que la primera tiene el control accionarial, y que desarrolla para el Ejército el blindado 8x8 "Dragón" y el Vehículo de Apoyo de Cadenas (VAC). Pero, al mismo tiempo, desde hace un año los dos compañías rivalizan abiertamente por convertirse en el principal proveedor de sistemas terrestres para las fuerzas armadas españolas, función que desde hace décadas cumple Santa Bárbara. La apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez es que ese papel pase a ejercerlo Indra, participada en un 28% por el Estado, para que la construcción de blindados militares no dependa de una empresa extranjera. Por eso Santa Bárbara ha impugnado la estrategia del Ejecutivo, al considerar que se trata de un favoritismo injustificado en el que no ha mediado ningún concurso público.

Respecto al recurso en el Supremo, Santa Bárbara ha asegurado que su objetivo es "proteger la tecnología española, a los trabajadores y suministradores de la empresa e impulsar las capacidades industriales del sector de defensa en España". Por su parte, un portavoz de Indra se limitó a señalar que "el proceso está judicializado".

Valoraciones

El pasado viernes, fuentes del Gobierno del Principado habían admitido, justo después de conocer la decisión del Supremo, que el Ejecutivo asturiano se encontraba "en estado de ‘shock’", dado que la posible suspensión de los créditos a Indra "ponen en riesgo todas las inversiones del sector de la defensa en Asturias".

No obstante, el Principado ha emitido este sábado un comunicado oficial mucho más contenido en el que expresó su "plena confianza en el compromiso del Gobierno de España de impulsar la industria de defensa en Asturias", así como que "se encuentre una solución satisfactoria que garantice las inversiones previstas en la región". Asimismo, desde el Ejecutivo asturiano aseguraron que "algunos proyectos, como la fábrica de Indra en el Tallerón, están muy avanzados y confiamos en que todo pueda seguir su curso". "La apuesta del Principado por el desarrollo de la industria de defensa en Asturias es firme, es un sector clave para el futuro de la región", aseveró el comunicado.

No obstante, los principales sindicatos asturianos manifestaron sus recelos. Ignacio Requena, secretario general de CC OO Industria de Asturias, señaló que "no es un escenario deseable que se haya apelado a la Justicia para bloquear unas inversiones", y que el asunto "debe resolverse por la vía de la negociación y la cooperación con las Administraciones".

Por su parte, Jenaro Martínez, al frente de UGT-FICA, afirmó que "la oportunidad de la defensa en Asturias tiene que hacerse desde la complementariedad y no desde la rivalidad dentro de la misma región y el mismo país".

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