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Las leyes que vienen para este 2026 (el Gobierno asturiano aspira a aprobar 16 normas este ejercicio): salud mental, tasa turística, derechos LGTBI...

Conscientes de que la cuenta atrás para las elecciones de 2027 está a la vuelta de la esquina, en el Ejecutivo de Adrián Barbón no quieren dejar en el cajón ninguno de sus compromisos

Una manifestación por los derechos del colectivo LGTBI en Gijón. |

Una manifestación por los derechos del colectivo LGTBI en Gijón. |

Oviedo

El Consejo de Gobierno del Principado daba por aprobado casi sobre la bocina del nuevo año el proyecto de la nueva ley de Vivienda que permitirá blindar la vivienda protegida, impidiendo que vuelva al mercado libre y limitando la transmisión a los mismos requisitos que tuvo que cumplir en su momento el inquilino para su adquisición. El Parlamento asturiano tramita también en la actualidad los proyectos de ley del Estatuto de las Mujeres Rurales, los Colegios Profesionales, la de Bebidas Energéticas y la modificación de la normativa de consumo. Y la tramitación legislativa no ha hecho más que empezar. Conscientes de que la cuenta atrás para las elecciones de 2027 está a la vuelta de la esquina, en el Ejecutivo de Adrián Barbón no quieren dejar en el cajón ninguno de sus compromisos. Sus previsiones pasan por aprobar durante este año, al menos, otros 16 proyectos de ley.

Salud mental. La norma reconocerá derechos específicos de las personas con discapacidad psicosocial, ordenará la participación y definirá el modelo de atención de la red. Entre las medidas también está erradicar las "contenciones" en pacientes psiquiátricos. La Consejería de Salud presentó a mediados de diciembre el borrador a los grupos parlamentarios de la Junta General para intentar lograr el máximo consenso posible y también ha abierto una ronda con profesionales, pacientes y familiares. Además, el plazo para presentar alegaciones estará abierto hasta el 14 de enero.

Salud pública. El objetivo es conseguir que la nueva estructura de la salud pública asturiana esté orientada e influya en las actuaciones de la administración en todas las políticas no sanitarias y sanitarias que tienen incidencia en la población asturiana, incorporando una mirada actualizada de determinantes de la salud, equidad, protección, promoción, prevención y acción comunitaria.

Tasa turística. Denominada Ley del impuesto sobre estancias turísticas del Principado. La medida fue acordada por el PSOE y Convocatoria-IU hace un año, aunque se ha vuelto a poner sobre la mesa en la negociación presupuestaria con Covadonga Tomé. La tasa la podrán aplicar los ayuntamientos de forma voluntaria a partir de verano. Será similar a la implantada en Galicia, y en el caso de Asturias se aplicará también a cruceristas. El recargo cuenta con el rechazo en bloque del sector empresarial, así como de la oposición en la Junta.

LGTBI. Con su aprobación, Asturias dejará de ser, junto con Castilla y León, la única comunidad autónoma en no tener una normativa de estas características. En cuanto al contenido, destacan los apartados dedicados a Educación y Salud. Abordará todo lo que tiene que ver con esa salud específica de las personas LGTBI y se crearán unas unidades de atención sexual, mientras que en materia educativa se incluirá la necesidad de que los inspectores evalúen las cuestiones LGTBI en los centros. Especial atención pondrán, además, en la zona rural. La consulta pública finalizó el pasado 3 de enero.

Hacienda. La nueva normativa modernizará la gestión económica del Principado y ahondará en la lucha contra la democracia. Se caracterizará, por tanto, por la simplificación administrativa y la reducción de los trámites burocráticos. "La normativa actual tiene más de 25 años y estaba pensada para una Administración relativamente pequeña que ha experimentado notables cambios desde entonces", explicó ya al inicio de esta legislatura el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez.

Cultura e identidad. Establecer "la cultura como un bien esencial de primera necesidad, desarrollando para ello un modelo de democracia cultural que garantiza un amplio elenco de derechos culturales a la ciudadanía" es el objetivo de esta nueva ley que, entre otras medidas, creará y establecerá el régimen jurídico de la Axencia Asturiana de les Industries Culturales, entidad pública que busca favorecer la creatividad cultural y artística en todas sus vertientes.

Igualdad y erradicación de la violencia de género. El Gobierno asturiano prevé abordar este año la primera modificación de la ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de las mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género. La reforma busca reforzar las políticas de igualdad y adaptar la normativa asturiana al convenio de Estambul, la Agenda 2023 y el Pacto de Estado contra la violencia de género. Además, ampliará el concepto de violencia hacia las mujeres, incluyendo todas sus formas, y promoverá un gran pacto social e institucional para erradicarla.

Infancia y adolescencia. La norma considerará por primera vez a los menores sujetos de derecho, pondrá el foco en la prevención de la violencia y refuerza los requisitos para ser familia de acogida; todo a la vez que adaptará la normativa al nuevo escenario social y jurídico. Entre sus medidas, incorpora la creación de un registro de adoptantes con carácter reservado y se tendrá en cuenta el consentimiento del menor.

Otras leyes. En el calendario legislativo del Gobierno asturiano también se contempla presentar a lo largo de este año los proyectos de la ley de Cooperación para el desarrollo y solidaridad; Mecenazgo; Cooperativas; Consejo Social de la Universidad de Oviedo; de Bibliotecas y fomento de la lectura; y modificación de la ley del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado (Serida).

Proyectos en tramitación parlamentaria

  • Vivienda: una de las grandes apuestas del Gobierno de coalición entre PSOE y Convocatoria-IU. Además de blindar las viviendas protegidas, el Ejecutivo quiere dar forma a un "ciclo completo de suelo, promoción, gestión e inspección", incorporando a la empresa Sedes como posible herramienta pública auxiliar para obras y actuaciones que queden desiertas.
  • Estatuto de las Mujeres Rurales: la norma busca evitar el éxodo de las mujeres del campo, impulsando su formación y acceso al empleo. Para ello se basa en varios pilares: la igualdad de optunidades a través de campañas de sensibilización, la formación y empleo con medida para mejorar el acceso a la especialización y fomentar la creación de empresas, y la conciliación y corresponsabilidad con la creación de ayudas específicas. Establece medidas como el reconocimiento judicial y social que define quienes son las mujeres rurales, a la vez que articula un régimen de derechos para ellas en todos los sectores (agrario, pesquero y servicios complementarios).
  • Colegios Profesionales: aprobado el pasado mes de noviembre en Consejo de Gobierno, el texto establece un régimen jurídico uniforme para todas las entidades colegiales del Principado, a la vez que otorga mayor seguridad jurídica tanto a profesionales como a personas usuarias. Asimismo, establecerá mecanismos que favorezcan la publicidad y transparencia.
  • Bebidas energéticas: el proyecto prohíbe la venta, suministro y consumo de este tipo de productos a jóvenes de entre 12 y 16 años. Los comercios tendrán obligación de colocar estas bebidas en zonas acotadas y deberán, al igual que los establecimientos hosteleros, comprobar la edad de los compradores. Las sanciones podrán ir desde los 600 euros hasta los 100.000 euros para casos de venta y distribución a gran escala. La normativa es pionera en España, a la par que la de Galicia.
  • Modificación normativa de consumo: de esta forma el Principado busca reforzar la protección de los consumidores ante un mercado que avanza hacia la digitalización y hacia las nuevas formas de compra-venta. La principal novedad es la actualización del régimen sancionador, con multas que van desde los 150 euros para las infracciones leves hasta más de un millón de euros de manera excepcional cuando la infracción, por su envergadura, produzca una alteración social grave, origine un riesgo para la salud o seguridad.

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