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La batalla por el Huerna se aviva: así está la situación después de las palabras de Barbón, que carga contra Aucalsa

"No está siendo un Presidente valiente", dice Covadonga Tomé, que reclama más iniciativa política

La batalla por el Huerna se aviva: así está la situación después de las palabras de Barbón, que carga contra Aucalsa

Atlas News

Xuan Fernández

Xuan Fernández

La batalla política por el peaje del Huerna, cuya ampliación considera irregular la Comisión Europea —motivo por el cual desde Asturias se reclama su eliminación al Ministerio de Transportes—, ha subido de tono.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, cargó este miércoles con dureza contra Aucalsa, la empresa privada que ostenta la concesión de la AP-66. Barbón dijo sentirse "indignado" ante la subida de 60 céntimos del peaje, que en 2026 alcanzará los 16,20 euros, el precio más alto de su historia. El jefe del Ejecutivo autonómico calificó la decisión de "auténtica vergüenza", especialmente —subrayó— "teniendo en cuenta que no se presta el servicio completo".

El presidente aludía así a que, pese a las obras que continúan en la autopista y que dificultan el trayecto, el precio ha vuelto a incrementarse. En estos momentos, los principales trabajos se concentran en la zona del argayo desencadenado en noviembre de 2024, que sigue activo desde entonces y obliga a mantener un solo carril de bajada desde León y dos de subida poco antes del túnel de El Negrón. Las obras en los túneles se encuentran en su fase final, aunque las infraestructuras aún registran actuaciones puntuales.

Las palabras de Barbón suponen una novedad política, ya que es la primera vez que el presidente se expresa en estos términos sobre la concesionaria.

Desde Aucalsa declinaron ayer realizar comentarios sobre sus declaraciones. En cualquier caso, es el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, el que fija las tarifas de los peajes y las publica en el Boletín Oficial del Estado. Desde el departamento ministerial también optaron por el silencio. En ambas instituciones hay cierto malestar.

Lo expresado por el presidente deja claro que la batalla política por el Huerna, aunque entró en un punto muerto en las últimas semanas, está lejos de resolverse. En estos momentos, todas las partes permanecen pendientes de que el expediente abierto en Bruselas acabe en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una posibilidad que se da por hecha en el seno de la Comisión y que podría desembocar en el fin de la concesión.

La posición de Transportes no cambia

Transportes no modificará su postura: la ampliación del peaje aprobada por el Ejecutivo de José María Aznar se realizó —sostiene el Gobierno central— de forma correcta, y su anulación tendría un coste "milmillonario". El Principado ha presentado un recurso de nulidad al Estado sobre el procedimiento de ampliación, que de momento sigue su curso, aunque lo previsible es que se archive. Ese procedimiento es el paso previo a acudir a los tribunales.

Asturias, Galicia y Castilla y León mandaron hace meses una carta a Óscar Puente sobre el asunto de los peajes. No hubo respuesta.

Paralelamente, sobre el Huerna pesa una reciente sentencia del Tribunal Supremo que obliga a una concesionaria a reembolsar el dinero a los conductores afectados por unas obras en la AP-9. Ese fallo abre la puerta a una reclamación similar en el caso del Huerna. Por ahora, el Principado no ha dado pasos jurídicos en esa dirección. Sí lo ha hecho Daniel Ripa, exdiputado de Podemos, que presentó una denuncia que pasó por la Fiscalía de León y que ahora ha regresado a la de Asturias. Además, la Unión de Consumidores de Asturias ha abierto un cuestionario para posibles afectados por las obras y también prevé presentar una denuncia.

Barbón se limitó a señalar que "cuanta más movilización, mejor", una afirmación que le valió una dura crítica de Covadonga Tomé, diputada del grupo mixto, ex de Podemos y apoyo del Gobierno regional para sacar adelante las cuentas.

"No está siendo un presidente valiente. Asturias no necesita un presidente que se limite a indignarse en declaraciones públicas. Necesita un presidente que actúe, que plante cara al Ministerio de Transportes y que deje de trasladar a la ciudadanía el coste político y judicial de una decisión que solo depende de la voluntad de un Gobierno estatal que lleva sus siglas", aseguró Tomé.

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