El conflicto entre Indra y Santa Bárbara que amenaza a la industria militar asturiana: la visión de una experta del sector de la defensa

El Tribunal Supremo ha admitido recientemente a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por Santa Bárbara Sistemas, filial española de General Dynamics European Land Systems (GDELS), contra el esquema de concesión directa de préstamos públicos al 0% regulado en el real decreto 915/2025, de 14 de octubre, y que afecta a diez Programas Especiales de Modernización (PEM). La decisión final del Supremo podría condicionar el calendario de una de las mayores apuestas industriales del sector de la defensa en Asturias.

El pasado abril, el Gobierno aprobó el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que prometía movilizar 10.471 millones adicionales en 2025 y así elevar el conjunto del gasto en defensa hasta el 2% del PIB. Dentro de este paraguas, se incluía la activación inmediata de 31 PEM con un importe de inversión previsto de 3.807 millones de euros en 2025 (y un compromiso plurianual de hasta 34.000 millones en el horizonte 2037). Los PEM son en esencia contratos plurianuales que van desde la ingeniería a la fabricación y el mantenimiento, con pagos por hitos durante años, acompañados de facilidades de prefinanciación en condiciones blandas.

A cierre de 2025, los contratos vinculados a los 31 PEM estaban esencialmente formalizados. Indra, Navantia y Airbus están presentes en la mayoría de ellos. En paralelo, se ha otorgado prefinanciación a interés 0% por importe de 14.224 millones de euros (4.500 millones ya librados), de los que 7.944 millones corresponden a programas en los que participa Indra, directa o indirectamente.

El recurso de Santa Bárbara parece dirigirse concretamente contra los dos nuevos programas para modernizar la artillería de campaña del Ejército de Tierra, adjudicados a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E): los nuevos obuses autopropulsados sobre cadenas (1.821 millones de préstamo) y sobre ruedas (1.181). Y probablemente también contra el vehículo lanzapuentes (190). Conviene recordar que Santa Bárbara ha sido el proveedor dominante del segmento terrestre en España durante décadas y había publicitado ya sus soluciones de artillería autopropulsada, tanto sobre ruedas ("Piranha 10×10") como sobre cadenas ("Némesis"). En la misma lógica de posicionamiento industrial se encuadra su propuesta de lanzapuentes "Anaconda".

Por coherencia jurídica, sería razonable pensar que la controversia acabará alcanzando a las adjudicaciones de Defensa (y no solo a los préstamos asociados a las mismas), ya que el RD 915/2025 vincula la prefinanciación —beneficiarios e importes— a esos programas y contratos concretos.

Indudablemente, detrás de este recurso lo que hay es una pugna por el liderazgo de la industria militar terrestre en España. El Ministerio de Defensa eligió a Indra-EM&E por delante de GDELS-Santa Bárbara en el gran programa de obuses, un giro estratégico para primar soberanía tecnológica. En el nuevo contexto europeo, en el que se pide reforzar la base industrial de defensa y ganar masa crítica productiva, es comprensible que España aspire a vertebrar un "campeón nacional" capaz de integrar sistemas complejos y traccionar la cadena nacional de suministro, pero cuanto más explícito es el sesgo hacia un actor concreto, más se eleva la exigencia de motivación, proporcionalidad y trazabilidad jurídica en cada decisión.

La decisión del Supremo podría poner en riesgo la ambiciosa inversión de Indra en Asturias. La compañía adquirió en junio de 2025 la antigua planta de Duro Felguera en El Tallerón por 3,6 millones de euros y comprometió una inversión adicional de 43 millones para convertirla en un centro de referencia nacional de vehículos blindados.

La admisión a trámite del recurso por parte del Supremo no paraliza automáticamente la ejecución: es el paso que abre la vía para que el tribunal entre al fondo y a las cautelares. En todo caso, el recurso "per se" ya implica un coste reputacional y político que requerirá una mayor prudencia en los principales hitos de gasto, ante el escrutinio creciente.

A corto plazo, la clave será si el Supremo concede la suspensión cautelar de la financiación, que podría alterar el calendario de las inversiones y la puesta a punto de capacidades. A medio y largo plazo el impacto podría ser estructural: la decisión puede influir en el mapa industrial de la defensa y, por extensión, en la capacidad de Asturias para consolidarse como nodo productivo en la nueva etapa.

Pero caben dos matices: cualquier reequilibrio Indra-GDELS añade incertidumbre, pero no supone un "todo o nada" para Asturias. El Principado también alberga actividad relevante de GDELS en Trubia. En un contexto de rearme y aumento de la demanda, el gran riesgo para Asturias es quedarse atrapada en una negociación que retrase decisiones, fragmente paquetes de trabajo o condicione los calendarios de inversión.

En segundo lugar, conviene introducir una dosis de realismo temporal: incluso sin litigio, los efectos sobre el tejido productivo no serán muy visibles a corto plazo. En programas de esta envergadura, los primeros años suelen consumirse en ingeniería, prototipos, ensayos y certificaciones; la fabricación en serie y el flujo sostenido de pedidos a la industria auxiliar suelen llegar después. Además, el punto de partida no es homogéneo: Indra está en fase de construcción y consolidación de capacidades industriales propias en el ámbito terrestre, mientras que GDELS parte de una base industrial ya implantada y con experiencia previa de fabricación en España.

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