El Principado pone ya líneas rojas al nuevo modelo de financiación autonómica, que recibe con recelo por la "ordinalidad"

Con calculada prudencia y con dos líneas rojas recibe el gobierno del Principado la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica anunciado esta mañana por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Viniendo de un gobierno socialista (en coalición con IU), precisamente la prudencia encierra información. El consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Pelánez, ha asegurado que Asturias "no adoptará una decisión definitiva" sobre la propuesta hasta que se celebre el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) previsto para este miércoles y conozca "la letra pequeña técnica" del plan.

No obstante, Peláez ha dado una de cal y dos de arena. Los "peros" son los siguientes: primero, que el Gobierno de Barbón establece como línea roja que rechaza "de todo punto" que el sistema establezca el principio de ordinalidad, una cuestión sobre la que la ministra no fue del todo clara, aunque admitió que el modelo "tiende" a esa ordinalidad"; y segundo, que la reforma "no puede ser un contrato de adhesión" ni el resultado de una negociación bilateral previa. El único reconocimiento positivo de Peláez ha sido que los 248 millones extra que recibirá el Principado son "una cantidad importante".

El consejero ha insistido en que debe abrirse un proceso de diálogo "en el que sean escuchadas todas las comunidades" y que la negociación del modelo no puede ser una mera presentación de un acuerdo previo. En el plano de fondo, ha pedido “poner el foco en las personas, no en los territorios”, con especial atención a los costes efectivos de sanidad, educación y servicios sociales, y a las particularidades demográficas de Asturias —como el envejecimiento—. Vinculó ese enfoque al principio constitucional de solidaridad y señaló que la distribución de ingresos debe responder a esos costes de los servicios públicos y la solidaridad interterritorial.

Un "no" claro a la ordinalidad

Peláez ha sido rotundo en el rechazo a cualquier modelo que instaure una ordinalidad. "No puede", ha dicho, "fijar la distribución de recursos". Y recalcó que es una línea rroja recogida en el acuerdo de los grupos parlamentarios de la Junta y "en resoluciones de la FSA". Con todo, el consejero ha mantenido un espacio para la cautela y ha afirmado que el Ejecutivo autonómico valorará "si la propuesta atiende al coste efectivo o si, por el contrario, prima la ordinalidad", así como que también evaluará el comportamiento del modelo con el tiempo.

Según el titular de Hacienda, el Consejo de Política Fiscal y Financiera anunciado para el miércoles será informativo y espera que el Ministerio facilite la documentación completa para un análisis “riguroso”. Indicó que, por el momento, el Principado carece de esa “foto global” del modelo más allá de la convocatoria, aunque mantiene contactos informales con la Secretaría de Estado.

Llamamiento al consenso y margen de decisión

Preguntado por el margen de Asturias, Peláez ha señalado que el Gobierno autonómico decidirá su voto en el CPFF “vinculado a la defensa de los intereses” del Principado. Ha recordado que el modelo de 2009 salió con unanimidad y ha llamado a buscar “el máximo consenso posible” si se pretende una reforma “que funcione y que dure”. También ha reconocido como positivo que el Estado plantee inyectar más recursos al sistema, con cerca de 21.000 millones extra.

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