El IVA de las "pymes" es el cebo de la financiación autonómica de Sánchez... pero solo beneficia a Cataluña

Uno de los asuntos más sujetos a confusión en la reforma de la financiación autonómica que plantea María Jesús Montero es la posibilidad de que las comunidades autónomas reciban el IVA generado por sus Pymes. Se trata, precisamente, de una variable que beneficia directamente a Cataluña y que precisamente ha sido un elemento de cálculo en la "cocina" del nuevo modelo para encontrar un criterio beneficioso para los intereses catalanes.

El documento técnico remitido por el Ministerio de Hacienda a las comunidades señala explícitamente que "con el fin de reconocer el esfuerzo de las Comunidades Autónomas en el impulso y apoyo a las pequeñas y medianas empresas", se creará un mecanismo "vinculado al IVA liquidado por ellas. Por este sistema, las comunidades deberán formalizar su adhesión a este sistema (que no es obligado, sino voluntario), pero tomar esa decisión las hará rehenes del resultado durante cinco años.

Las comunidades que se adhieran a ese mecanismo percibirán cada año una transferencia, "positiva o negativa", recalca el Ministerio, por el importe que resulta de aplicar a la recaudación líquida de IVA generada por las pymes en el conjunto de las comunidades, "la diferencia que existe en la Comunidad entre el peso relativa del IVA liquidado por las pymes que tengan en ella su domicilio fiscal y el índice de consumo de la Comunidad".

Los expertos consultados por este periódico coinciden en señalar que la fórmula es artificiosa y arbitraria. Precisamente parece calculada para beneficiar a la comunidad que podría arrojar un mejor resultado en ese cómputo.

Cataluña es una comunidad con alta densidad de pymes y que, además, generan un alto valor añadido. Madrid, en cambio, cuenta con un mayor cómputo de grandes empresas, ya que sirve de referencia para el grueso de las multinacionales españolas y de las filiales extranjeras. Cataluña representa el 21,1% del valor añadido de las pymes en España, excluyendo al País Vasco y Navarra; es, precisamente, la base imponible que grava el IVA.

El modelo valora dónde radica la empresa que gestiona el IVA (a fin de cuentas la que lo recauda), y no dónde se produce la transacción. Así, las compras que se realicen en cualquier lugar de España a una pyme radicada en Cataluña computarán para la mejora de la financiación autonómica de esa comunidad autónoma.

Aunque adscribirse a ese fondo es voluntario, pocas comunidades se arriesgarán a tomar la apuesta de Montero. De hecho, en Asturias, las cuentas iniciales no aclaran si resultaría o no beneficioso para la región sumarse a esa fórmula para mejorar las cuentas.

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