El nuevo modelo de financiación abre la puerta a subir más los impuestos: "Es tramposo y arbitrario"

La reforma del modelo de financiación autonómica que el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa tras un pacto con el partido independentista Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) abre la puerta a futuras subidas de impuestos, recortes en el gasto público o un aumento de la deuda, según economistas, hacendistas y expertos consultados por LA NUEVA ESPAÑA.

El Ejecutivo central, de coalición entre el PSOE y Sumar, pretende renovar un sistema clave para las comunidades autónomas, pero lo hace sin despejar todavía muchas incógnitas fundamentales. El modelo de financiación regula el dinero que el Estado transfiere a las regiones para sufragar servicios esenciales y lleva pendiente de renovación desde el año 2014.

La nueva propuesta presentada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prevé inyectar 21.000 millones de euros adicionales al sistema. A falta de conocer la letra pequeña, el plan incluye que 16.000 millones procedan de una mayor cesión de impuestos estatales, fundamentalmente del IVA y del IRPF, mientras que el resto, unos 19.000 millones, correrían a cargo de la Administración central.

Según los economistas y técnicos de Hacienda, el esquema beneficia especialmente a las comunidades del arco mediterráneo y perjudica a otras como Asturias, además de plantear riesgos para las cuentas públicas.

Tramposo y arbitrario

Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, califica el reparto de "tramposo y arbitrario". "Los datos que ofrece el Gobierno son a dos años vista, en un contexto sin presupuestos y con una enorme incertidumbre. Suponer que hoy se sabe qué va a ocurrir en 2026 y 2027 es mucho suponer, empezando por que el propio Gobierno consiga aprobar el sistema", señala.

A su juicio, se ha lanzado el mensaje de que existe una nueva fuente de financiación, algo que considera falso. "Lo único que se hace es quitar una parte del IVA y del IRPF al Estado. El sistema ya reparte más dinero porque la economía va bien y aumenta la recaudación, no por ningún hallazgo extraordinario del Gobierno".

Monasterio sostiene que Andalucía y Cataluña salen especialmente beneficiadas y lo atribuye a razones políticas. "En una comunidad la ministra concurrirá como candidata y la otra es clave para la estabilidad del Gobierno. Será casualidad", ironiza.

En cambio, lamenta que "a Asturias le falta padrino". El catedrático apunta además a otras "trampas" del modelo, como el fondo climático, dotado con más de mil millones de euros, dos tercios de los cuales irían a comunidades mediterráneas.

En la misma línea se pronuncia Santiago Álvarez, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, quien detecta improvisación y criterios poco explicados. Plantea además una cuestión clave aún sin respuesta: ¿cómo va a financiar el Estado el dinero adicional que promete aportar?. "Sea cual sea la fórmula, aumentar los recursos para las comunidades a costa del Estado supone reducir los recursos disponibles para las políticas propias. Eso puede traducirse en recortes de gasto, subidas de impuestos o un incremento de la deuda pública".

Para Álvarez, el proceso debería partir de un análisis de las necesidades reales antes de repartir fondos. "Si no se hace así, se beneficia a unas regiones sobre otras, y Asturias saldría claramente perjudicada", afirma.

María Cadaval, profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago, coincide en señalar que el arco mediterráneo es el principal beneficiado y también alerta también de que el llamado principio de ordinalidad (que una comunidad recibe tanto como da) rompe el modelo tradicional de solidaridad. Esto va en contra de comunidades con menos recursos y mayores necesidades derivadas de factores como la dispersión territorial o el envejecimiento", explica. En este contexto, "Asturias y Galicia pierden peso en términos relativos".

Las advertencias académicas se suman a las de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que considera que harían falta al menos 16.000 millones adicionales para garantizar la suficiencia del sistema y alerta de que la reforma introduce "de forma preocupante la cesión de competencias gestoras de la Agencia Tributaria a las comunidades con mayor vocación de autogobierno". El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) también va en esa línea.

Consejo de Política Fiscal

El modelo será presentado este miércoles en Madrid en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el Gobierno se reúne con las comunidades. La vicepresidenta Gimena Llamedo representará al Principado. El Gobierno central controla este órgano: solo necesita el apoyo de una comunidad y Cataluña le respalda.

El Principado ha expresado objeciones, aunque sin llegar al choque frontal protagonizado por las regiones del PP o por Castilla La Mancha, del socialista Emiliano García Page. En círculos socialistas se da por hecho un conflicto inevitable , aunque el Principado espera conocer la letra pequeña. No habrá votación, será más adelante. La reforma deberá pasar finalmente por el Congreso, donde el Gobierno debe ganarse aún los apoyos.

El modelo del PP

El Partido Popular (PP) asiste al debate político sobre la reforma de la financiación desde la oposición al Gobierno central, pero con un importante poder territorial, al gobernar en 11 de las 17 comunidades autónomas. El PP ya ha manifestado su rechazo al modelo que quiere implementar el Gobierno de Pedro Sánchez, que pidió el apoyo de los de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso.

Ese escenario parece altamente improbable. El PP aseguró este fin de semana, en la 28.ª Interparlamentaria celebrada en Coruña, que en el caso de hacerse con el Gobierno central impulsará un sistema de financiación «justo y solidario».

Ese nuevo modelo, que se concretará en una cumbre de barones el 18 de enero en Aragón, donde se celebrarán elecciones autonómicas, incluye incrementar los recursos de las comunidades autónomas, pero sin priorizar a ninguna sobre otra. El objetivo popular es que no exista ninguna comunidad infrafinanciada.

Como ocurre con la propuesta socialista, por el momento no se conocen los detalles del modelo que defiende el PP y la aplicación que podría tener. «Mejoraremos la financiación autonómica en todas las comunidades, absolutamente en todas», aseguró este fin de semana Miguel Tellado, secretario general del partido.

La idea del PP, según lo trasladado, pasaría por otorgar a todos los territorios la misma financiación por habitante que recibe la comunidad mejor financiada. En ese sentido, un estudio realizado en su día por el asturiano Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), estimaba que el coste de esa equiparación alcanzaría los 31.000 millones de euros.

A Asturias, por tanto, le corresponderían 603 millones de euros adicionales, una cifra superior a la que plantea actualmente el Gobierno de Sánchez. Según los cálculos del Ejecutivo central, Asturias ingresaría 248 millones de euros más cada año, una cuantía estimada sin contar la posibilidad de que el Principado asuma la gestión propia de determinados tributos que el Estado ofrecerá a las comunidades autónomas. La cifra fue dada a conocer la pasada semana por Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias, que defendió el nuevo sistema al considerarlo «integral, justo y más solidario» para el conjunto de las comunidades autónomas.

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