Aagesen esquiva la comisión sobre Cerredo, y Victorino Alonso declara por webcam
Vuelven las comparecencias por el accidente mortal de 2025
La Brigada Minera afirma que no era fácil "ocultar" la actividad ilegal

Sara Aagesen Muñoz, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. / Xavier Amado / EPC

La ministra Sara Aagesen, titular de Transición Ecológica, no acudirá a la comisión parlamentaria que investiga el accidente minero de Cerredo. Aagesen ha esgrimido ante la Junta General del Principado el mismo argumentario que presentaron Laura Martín Murillo, ex directora general del Instituto para la Transición Justa, y Judith Carrera, actual titular del puesto. Ambas resaltaron que el Consejo de Estado había establecido que "los parlamentos autonómicos no tienen potestad para requerir la comparecencia de autoridades, funcionarios o agentes, actuales o pretéritos del Estado". Asimismo, la Junta ha recibido un escrito del empresario minero Victorino Alonso en el que expone que se encuentra sujeto a un tercer grado penitenciario, por lo que no puede abandonar la comunidad de Madrid. La comisión parlamentaria ha acordado solicitar permiso para que la comparecencia se efectúe de manera telemática, mediante videoconferencia, como permite el reglamento de la Cámara.
La comisión de la Junta General reanudó ayer las comparecencias por el accidente de Cerredo del 31 de marzo con el testimonio de varios brigadistas de Salvamento Minero. Cristian Menéndez Cienfuegos afirmó que "no es fácil" ocultar condiciones de trabajo "como en un chamizo" en una explotación de carbón. Recordó que participó en la inspección de marzo de 2022 (piso sexto), tras otro accidente previo, y que entonces la bocamina estaba tapiada y tuvieron que derribar bloques para entrar. En aquella inspección, según su relato, no detectaron problemas de ventilación ni gases (sí un pequeño hundimiento) y la mina le pareció "bastante bien conservada", sin señales claras de actividad reciente.
Pese a esa impresión, el informe de Minas concluyó que existían indicios racionales de extracción no autorizada (como calles posteadas, equipos de trabajo/ y perforación o red de aire comprimido).
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