Las cuentas del nuevo sistema de financiación: cada asturiano aporta 456 euros al reparto global, pero recibe solo 245

Hay muchas maneras de echar cuentas para evaluar el impacto en cada territorio de la reforma del modelo de financiación autonómica que impulsa la ministra María Jesús Montero. Una de ellas es considerar en cuánto adelgaza las cuentas del Estado la propuesta y cómo se reparte ese dinero a las comunidades autónomas. El «modelo de Montero» inyecta casi 21.000 millones de euros de fondos estatales a las comunidades autónomas: se trata de dinero que sale de los tributos del conjunto de los ciudadanos, pero que se «reasignan» a cada territorio.

Precisamente esa distribución arroja el cómputo de que mientras que, de media, cada asturiano contribuye con 456 euros a esa nueva aportación de fondos al sistema de financiación (ya que se trata de dinero que proviene del Estado), termina recibiendo directamente para el presupuesto de su comunidad autónoma solo 245 euros (que sería la asignación directa a los presupuestos de la comunidad autónoma).

Este cómputo será uno de los argumentos del Partido Popular asturianos para expresar su rechazo a la propuesta que la ministra presentará hoy a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Para Asturias solo empeora

«La situación para Asturias solo empeoraría», señala un informe interno del PP al que ha tenido acceso este periódico. El argumentario popular incluye que «el aumento de la cesión del IVA, o la recaudación del IVA de las pymes asentadas en cada territorio, solo beneficia a comunidades autónomas dinámicas y con una importante actividad». No es el caso de Asturias, además de que se imponen criterios que buscan limitar las opciones de cada territorio para rebajar impuestos, «que solo persiguen acabar con la libertad de las comunidades autónomas».

El PP encuentra en este marco un refrendo al que será su mantra hasta 2027: Asturias necesita una bajada de impuestos, y la reforma del sistema de financiación que plantea el Ejecutivo de Sánchez «no solo ataca a las cuentas del Principado, sino a nuestra capacidad para generar riqueza y actividad empresarial».

Además, el PP afirma que se tratade una reforma «orquestada bajo el principio de ordinalidad para Cataluña», que quiebra los acuerdos firmados en Asturias por las diferentes fuerzas políticas y los rubricados por el Principado con otras comunidades en situación similar y «acaba con el criterio de solidaridad territorial, quebrando el principio de suficiencia, y poniendo en grave riesgo, especialmente a medio y largo plazo, la financiación de nuestros servicios públicos fundamentales».

El análisis de las «pérdidas y ganancias» que conlleva de forma directa e indirecta el modelo de la ministra María Jesús Montero establece que saldrían ganadoras en el balance (reciben más dinero para el presupuesto autonómico por habitante del que aportarían al conjunto del sistema) comunidades como Murcia, Valencia, Cataluña, Andalucía o Castilla-La Mancha. En cambio salen perjudicadas en el saldo Cantabria, Extremadura, Castilla y León, La Rioja, Galicia o Asturias.

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