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Sanz Montes critica el acuerdo sobre pederastia y las víctimas piden su cese

El arzobispo de Oviedo califica de "arma de distracción masiva" el pacto entre Iglesia y Estado, y cuatro asociaciones lo acusan de negar y exaltar los abusos

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. | DAVID CABO

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. | DAVID CABO

Chus Neira

Chus Neira

Oviedo

Las asociaciones ANIR (Asociación Nacional Infancia Robada), AVA (Asociación de víctimas de la iglesia navarra), Lulacris y Justice Initiative España pidieron ayer a través de un comunicado conjunto el "cese inmediato" del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, después de que el prelado criticara públicamente el reciente acuerdo entre Iglesia y Estado sobre casos de pederastia eclesiástica, que calificó como "arma de distracción masiva".

Las asociaciones de víctimas de estos casos acusan a Sanz Montes de ser "un claro ejemplo de insolente negacionismo, cuando no de insoportable exaltación de la pederastia". En su comunicado, además de dirigirse al Vaticano para pedir su "cese inmediato", exigen también a la orden franciscana "su condena pública y que tomen las medidas pertinentes para sancionarle de modo eficaz y adecuado" y adelantan que están valorando llevar a los tribunales las conclusiones de Sanz Montes sobre el acuerdo. "Tienen muchos elementos perseguibles en un juzgado y valoramos una denuncia judicial a su persona", indican. El comunicado insiste en que "es necesario limpiar la iglesia de personajes indolentes, inservibles y portadores de indicios más que evidentes de colaboración con la omisión de socorro a las víctimas de pederastia y de acrecentar su dolor con expresiones propias de revictimización".

En un artículo publicado en un periódico de tirada nacional, el Arzobispo de Oviedo se refirió al acuerdo sobre pederastia entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno para que la Iglesia asuma compensaciones económicas por los abusos como "una medida selectiva y distractiva que no atiende a todas las víctimas". Montes censura que se plantee un acuerdo vinculante para fijar indemnizaciones, con la intervención del Defensor del Pueblo en caso de desacuerdo: "el Gobierno marca el precio, señala al pagador y elige al árbitro", protesta. Además, señala que el acuerdo "no responde a una política integral de atención a las víctimas", al cifrar en un 0,2% del total los casos de abusos en la Iglesia. "Estamos de nuevo ante un arma de distracción masiva en un momento en el que ellos necesitan sacar cualquier conejo de su chistera para llamar la atención disuasoriamente, crispando el ambiente con polémicas que enfrentan a una sociedad saturada de escándalos y procesos judiciales que implican a los imputados y encarcelados conocidos, cuyas siglas políticas y responsabilidades de gobierno no hace falta ni siquiera explicitar por sabidos", escribe.

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