Fondos y cálculos dirigidos: así logra María Jesús Montero un sabor "a la catalana" con su financiación "precocinada"

La propuesta del Ministerio de Hacienda para reformar el sistema de financiación autonómica ha entrado en su fase política más delicada: la de los agravios comparativos y la lectura territorial. María Jesús Montero ha puesto sobre la mesa un esquema que, según el Gobierno, incrementaría los recursos del sistema en torno a 21.000 millones de euros en su primer año de despliegue y que, además, sería "voluntario" para las comunidades autónomas.

El debate, sin embargo, no se está ordenando sólo por el volumen de dinero, sino por el cómo y el para quién. Y ahí se ha instalado una idea que condiciona el análisis: que la reforma, sin sacar formalmente a Cataluña del régimen común, incorpora mecanismos que pueden aproximarla a una lógica "singular". Una financiación "a la catalana" no por su literalidad jurídica, sino por su arquitectura práctica.

Hay cinco ingredientes que explican ese regusto: la lógica de adhesión voluntaria, la gran inyección general como amortiguador político, la introducción de instrumentos que premian estructuras económicas concentradas (como el llamado IVA pymes), la proliferación de complementos (Fondo Climático y ajuste de "costes fijos") y, por detrás de todo, el debate sobre la gestión tributaria y la “"llave de la caja".

Primera clave: la "voluntariedad" como presión política. La ministra trasladó a las comunidades que la adhesión al nuevo esquema no sería automática. En términos prácticos, el mensaje es claro: quien no se sume quedará fuera de una parte sustancial del incremento de recursos asociado a la reforma. La fórmula recuerda a la dinámica utilizada con otros paquetes recientes —como la quita de deuda—, en los que el Gobierno ha colocado a las autonomías ante un dilema: aceptar las condiciones para garantizar un beneficio inmediato o quedarse al margen y asumir el coste político de renunciar a fondos. La “voluntariedad”, por tanto, funciona como instrumento de negociación.

Segunda clave: la gran inyección. La propuesta eleva la cesión del IRPF a las comunidades (del 50% al 55%) y la del IVA (hasta el 56,5%), con una aportación estatal adicional a la "caja común". El mensaje gubernamental es transparente: habrá más recursos y, al menos en términos nominales, se pretende evitar que haya perdedores. Esa inyección actúa como lubricante político: reduce resistencias porque el primer efecto visible es una subida general. Pero la medida real de una reforma de financiación no es sólo la ración extra, sino la posición relativa: cuánto sube cada territorio frente a los demás y con qué criterio se justifica.

Tercera clave: el "IVA pymes", o la financiación por "domicilio fiscal". El Ministerio incorpora un mecanismo específico vinculado al IVA de las pymes que, según varios analistas, introduce un sesgo estructural: territorializa parte del impuesto en función de dónde se ingresa —vinculado al domicilio fiscal—, no de dónde se realiza el consumo final, que es el criterio habitual de distribución del IVA. El efecto, en términos políticos, es evidente: las comunidades con mayor concentración de sedes empresariales salen favorecidas. Y en ese diseño Cataluña aparece, en estimaciones como las de Fedea, entre las principales beneficiarias, mientras otras regiones quedan fuera de los beneficios positivos del instrumento. Esta es una de las razones por las que la reforma puede interpretarse como una "singularización" de facto: el mecanismo se presenta como general, pero su resultado tiende a concentrarse en pocos territorios.

Cuarta clave: Fondo Climático y "costes fijos". La propuesta añade, además, un Fondo Climático y un ajuste por "costes fijos" dentro del cálculo de población ajustada. Ambos elementos se apartan de los grandes criterios universalizables del sistema (capacidad fiscal y necesidad de gasto) y abren un terreno más discrecional. En el caso del Fondo Climático, el reparto inicial favorece a comunidades mediterráneas, lo que vuelve a alinear el instrumento con un patrón territorial donde Cataluña está incluida. En el caso de los costes fijos, el ajuste busca corregir deseconomías de escala, pero su diseño ha sido cuestionado por expertos por el modo en que concentra efectos en un número limitado de regiones, lo que lo hace políticamente discutible y técnicamente vulnerable.

Quinta clave: la "llave de la caja". Por encima de los fondos y porcentajes, late una cuestión de poder: quién recauda, quién gestiona y con qué capacidad real de control. Algunos análisis advierten del riesgo de que este debate se esté resolviendo —o prefigurando— en clave bilateral y fuera del marco multilateral del CPFF. Esa dimensión es clave para entender por qué la reforma se interpreta también como herramienta de gobernabilidad. Hay demandas que no se satisfacen sólo con transferencias, sino con capacidad de gestión y control. El modelo amplía opciones para que las comunidades puedan gestionar con mayor autonomía algunos tributos y, aunque la oferta se extiende formalmente a todos, hay territorios con un interés específico en avanzar hacia un esquema singular sin utilizar esa palabra.

Ganar no significa vencer. Asturias gana financiación absoluta con el modelo del Ministerio, pero cae en financiación relativa por habitante ajustado: pasa de 101,3 a 95,3 (con media 100), según la simulación de Fedea. Es la demostración de que el argumento de que "todos ganan" admite matices importantes: puede ser cierto en términos de bolsillo y discutible en términos comparativos. La propuesta puede parecer aceptable si cada territorio mira su propio plato; cuando la comparación revela que el guiso se ha afinado para satisfacer el paladar de un comensal concreto, el juicio político cambia.

Asturias confía en "un tiempo nuevo" partiendo de su rotundo no a la propuesta actual

V. M. / A. P-G.

"Si hay negociación, si se cambia el modelo, si se incorporan las cuestiones recogidas en nuestros acuerdos, lo analizaremos en detalle", aseveró ayer la Vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo, quien ayer representó a Asturias en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Principado no retrocede en sus exigencias, sino que se aferra a la voluntad negociadora expresada por la ministra María Jesús Montero para dar un margen de confianza.

¿Quién no puede valorar como positivo que se abra un proceso de negociación con las comundades autónomas? ¿Quién va a renunciar a ese diálogo para defender los intereses de su comunidad autónoma?, se preguntó Llamedo sobre el marco actual de diálogo que el Ministerio quiere establecer con cada una de las comunidades autónomas.

Para Llamedo merece "valoración positiva" que se inicie ese "proceso de negociación, escucha e incorporación", pero eso no implica para Asturias claudicar de sus posiciones. "Eso no significa que sigamos manteniendo nuestro rechazo a las formas iniciales y a que no incorpore las necesidades de Asturias", recalcó la vicepresidenta del Gobierno.

Llamedo recalcó que Asturias mantiene "la misma claridad y contundencia" contra el modelo expresado por la ministra Montero, pero el Principado aprovechará "la oportunidad" para esgrimir los acuerdos con los partidos políticos de la Junta o los preceptos expresados por la "Declaración de Santiago" firmados entre Asturias y otras siete comunidades que ven amenazada su financiación si no se tienen en cuenta sus demandas sobre su estructura de población. "Estamos centrados en que si se abre ese proceso de negociación multilateral con el resto de comunidades, Asturias aprovechará esa oportunidad", siempre partiendo de "ese rechazo a las formas iniciales" y aguardando a una "nueva propuesta".

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