¿Cuáles son las "líneas rojas" del PSOE asturiano en la financiación que propone Sánchez? La FSA las tiene "claras y firmes" desde hace años
La Federación Socialista Asturiana ha recogido en sus congresos autonómicos y en su programa electoral sus criterios firmes: no a la ordinalidad, reconocer las singularidades de Asturias y consenso global

Adrián Barbón, en su intervención en la última jornada del congreso de la FSA en Avilés. / Juan Plaza

La Federación Socialista Asturiana ha mantenido claras durante años sus "líneas rojas" en la financiación autonómica, refiriéndolas en resoluciones congresuales y programas electorales. La Ejecutiva del partido abordará este lunes la posición ante la propuesta planteada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El partido tendrá sobre la mesa un argumentario que ha sido tradicional en el PSOE asturiano y que explícitamente se recoge en varios documentos.
Claridad en garantizar los servicios
Para el PSOE asturiano el sistema de financiación autonómica debe "garantizar en todo el territorio, a todos los ciudadanos con independencia de dónde vivan, un nivel equivalente y una prestación con calidad de los servicios públicos".
Atención a las singularidades de Asturias
Para la FSA la existencia de singularidades no es cuestión identitaria, sino de características propias y dificultades para prestar ciertos servicios. "Deben estar debidamente ponderadas variables como el envejecimiento, el sobreenvejecimiento, la orografía, la dispersión, la población dependiente, los costes fijos y las economías de escala", afirma la última resolución congresual. También añade que "la baja natalidad y la despoblación requieren de un tratamiento específico, sin suponer menores recursos".
La imposible «ordinalidad»
La posibilidad de que la reforma del sistema de financiación recoja algún tipo de criterio que conduzca a la ordinalidad: esto es, que tras el reparto se preserve el orden relativo de recursos por habitante en favor de los territorios con mayor capacidad fiscal: "Siempre hemos defendido que el sistema debe estar centrado en los ciudadanos y no en la capacidad fiscal de los territorios, que conllevaría una financiación privilegiada", señala la resolución del último congreso autonómico, de 2025.
Una línea roja «de facto»
La ministra Montero ha sido confusa con respecto a la ordinalidad. Admitió que se cumple para Cataluña (justamente la comunidad que lo exige) y afirmó que el sistema "tiende" a ella. Para el PSOE asturiano no bastará que la ordinalidad quede certificada; la cuestión es si existe "de facto". La distribución de los fondos relativos al cambio climático (orientados al Mediterráneo) y el reparto del IVA de las Pymes (claramente ventajoso para Cataluña, según los expertos), inducen a la sospecha.
Sin premios a quienes deciden tener menos recursos
El PSOE asturiano también rechaza que cualquier reforma termine por "dar cobertura a la menor recaudación derivada de las bajadas impositivas que adopten las comunidades autónomas", en la misma línea que la última resolución federal, aunque sin hacer referencia explícita al "dumping fiscal".
Evaluar los costes reales
Ese sigue siendo el gran déficit en todas las reformas del sistema de financiación, que terminan construyéndose buscando cómo contentar con recursos a los territorios, pero sin encontrar una fórmula precisa para "medir" los costes de prestar los servicios. La población ajustada (un cómputo que "altera" las cifras reales de habitantes dando más peso a los colectivos más necesitados de recursos) es la principal aproximación. Y aunque el "modelo de Montero" trata de mejorar ese cálculo, esa medida queda en segundo plano por la existencia de otros fondos adicionales.
Multilateralidad y consenso
"El modelo que se apruebe debe ser fruto del consenso tras una negociación multilateral en el consejo de Política Fiscal y Financiera", asegura la resolución del 33 Congreso de la FSA, celebrado en 2022. Ni el consenso parece fácil ni existe clima para una negociación multilateral sincera, partiendo de la sospecha de un preacuerdo favorable para los intereses de Cataluña. Además, en la FSA se recuerda el debate interno que se produjo en el último congreso federal, donde el PSOE asturiano defendió esa multilateralidad frente a la negociación bilateral que buscaba el acuerdo entre ERC y los socialistas catalanes. El documento final recalca la necesidad de que el nuevo modelo se apruebe de manera multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, por lo que una reforma "a la carta" y con un "o lo tomas o lo dejas" choca con el ideario socialista.
La referencia de la unidad en Asturias
La FSA considera un elemento fundamental los acuerdos alcanzados en materia de financiación autonómica con las fuerzas parlamentarias, con todos los partidos salvo con Vox. Se trata de una "hoja de ruta" remarcada en todos los documentos internos.
Algunas líneas rojas no están ya en debate
Ha habido cuestiones polémicas que han rodeado el debate del sistema de financiación antes de que se presentase ningún modelo. Las principales, la posibilidad de un "cupo" catalán (al estilo del vasco o navarro) o la fragmentación de la Agencia Tributaria. Sobre ambas fue combativo el PSOE asturiano. Ninguna de esas opciones está sobre la mesa, si bien algunos expertos ven en la propuesta indicadores favorables a esos objetivos de profundizarse en el futuro.
Todas estas posiciones determinarán la postura final que adopte el PSOE y orientarán el voto definitivo de Principado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La ministra Montero se ha abierto a negociar, pero fuentes socialistas reconocen que el margen para cambiar la propuesta o dotarla de más recursos para Asturias es limitado. En la FSA, de entrada, la propuesta se considera insuficiente.
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