¿Y si volviese la mili a España 40 años después? Así lo ven los asturianos que se rebelaron contra el servicio militar (y algunos de ellos acabaron en la cárcel)

Cuatro décadas después de la prestación social sustitutoria (PSS), que realizaban los jóvenes objetores de conciencia al reclutamiento, vuelve a presentarse la posibilidad de establecer algún tipo de servicio militar, ante el empeoramiento de la situación internacional y en especial por el expansionismo ruso y la guerra en Ucrania. Aquellos jóvenes peinan ya canas y siguen si ver con buenos ojos el servicio militar al que se opusieron, primero como objetores de conciencia y luego como insumisos que llegaron a sufrir cárcel por su negativa también a la prestación social. "Sigo opinando lo mismo, no estoy de acuerdo con esta escalada, con la vuelta a posicionamientos militaristas, pero veo probable que la ‘mili’ termine volviendo", asegura Hugo Montes, que hizo la prestación en 1995. Fue en diciembre de 1984 cuando se aprobó una ley para dar cobertura a los objetores de conciencia, que en España habían sufrido un trato brutal en las décadas anteriores. A fines de los años cincuenta se dieron los primeros casos de Testigos de Jehová que se negaban a realizar el servicio militar en una España franquista que no admitía discrepancia alguna. La respuesta fueron palizas y vejaciones en los cuarteles, pero su número creció a varios cientos en los años sesenta. La cosa empezó a cambiar cuando también los católicos comenzaron a declararse objetores. El régimen reaccionó con leyes que castigaban con penas durísimas a los objetores y les privaban de sus derechos civiles y la posibilidad de trabajar para el Estado. Todo se olvidaba si cumplían con sus obligaciones militares. Pero si una vez cumplida la pena, el objetor volvía a negarse a realizar el servicio militar, se le condenaba de nuevo. La llegada de la democracia trajo una amnistía para los objetores encarcelados, pero a los pocos días volvía a meterse en prisión a jóvenes que se negaban a hacer la "mili". La ley tardó seis años en aprobarse, en 1984, pero se iniciaba un vía crucis jurídico que no finalizó hasta 1991, cuando el Tribunal Supremo declaró ajustado a derecho el reglamento de la prestación social sustitutoria, que databa de 1988. En ese momento se iniciaba otro problema. "La ley era muy imperfecta, no había convenios para hacer la prestación social", asegura el abogado y exdiputado Ignacio Prendes, que hizo la prestación en 1993. Buena parte de los jóvenes veía el servicio militar "como algo inútil, una pérdida de tiempo absoluta, un modelo que no se correspondía un país moderno", añade Prendes. La "mili" suponía un paréntesis de un año en el momento crucial de incorporarse al mercado laboral, en un momento en que éste no estaba precisamente boyante. Eso hizo que muchísimos jóvenes se declarasen objetores. "Había una masa enorme de objetores de conciencia que no podían cumplir la prestación. Al final se obturó la ley tanto por los objetores como por los insumisos, y la administración fue incapaz de dar salida a aquel movimiento", añade Prendes. Quienes estudiaban en la Universidad podían acogerse a una prórroga por estudios que les permitía finalizar los mismos y retrasar el momento de decidir si querían hacer el servicio militar o la prestación social sustitutoria. No era raro que un joven rozando los treinta años tuviese que realizar la prestación cuando ya se encontraba trabajando. En esos casos se buscaba acomodo para que pudiese realizar el servicio fuera del horario laboral. Otros buscaban salidas alternativas, como aducir que tenían que mantener a su familia, para obtener una exención.

En Asturias operaban dos asociaciones de objetores, la Asociación de Objetores de Conciencia (AOC), que aceptaba la prestación, y el Movimiento de Objetores de Conciencia (MOC), mucho más radical, ya que estaba incluso en contra del servicio social, dando inicio al movimiento de los insumisos, que fueron muchísimos menos que los objetores, pero con su decisión de llevar su postura hasta el final, incluso yendo a la cárcel, fueron los que dieron la puntilla al servicio militar obligatorio, eliminado por el Gobierno de José María Aznar en 2001.

El escritor Hugo Montes, responsable de Formación de Cruz Roja en Gijón, estaba en la AOC e hizo la prestación en el centro de salud de Pumarín, y luego en casa de un enfermo de Alzheimer, "ayudando a su aseo diario y cuidándolo mientras su mujer iba a hacer la compra", comenta Montes. "Más tarde estuve cuidando a un chaval con parálisis cerebral. Tenía la mañana bastante ocupada. Al final, este chico falleció y me quedé un poco vacío", admite. Montes hizo la prestación durante 13 meses, cuando el servicio militar eran nueve meses. Al principio, la prestación era mucho más amplia, de hasta 24 meses, luego se fue reduciendo. "Estaba pensado para penalizar, se interpretaba que no estábamos en las mismas condiciones. Es verdad que hay gente que casi no hizo el servicio, dependía de la institución y la persona que te tutelase", añade Montes. En realidad, comenta, "hacíamos el trabajo que ahora hacen las empresas de ayuda a domicilio, pero creo que el voluntariado siempre tiene que existir". Aquellos meses "no fueron tiempo perdido, me llenaron como experiencia".

Ignacio Prendes también estaba en el AOC. Su decisión de hacer la objeción "fue bastante natural". "Yo estaba en la Universidad y ligado a movimientos cristianos de base. Había un sentimiento pacifista y antimilitarista muy acusado, y se defendía el servicio social a la comunidad", señala. "Nos movilizamos contra la ley de Objeción, porque la prestación duraba más que el servicio militar y las sanciones eran más duras para los objetores", añade Prendes.

La objeción de conciencia había que pedirla ante una comisión, que valoraba si el solicitante cumplía los requisitos. Había diferentes motivos, de orden religioso, ético, moral, humanitario, filosófico u otros de la misma naturaleza. Al principio, la valoración era bastante estricta, pero con el tiempo, la concesión se hizo automática.

Prendes hizo la prestación en Proyecto Hombre, organización con la que ya había colaborado cuando se estableció en El Natahoyo. Echó una mano en los pisos de acogida de Proyecto Hombre en Gijón y Oviedo. "Me sirvió mucho, mi prestación se acomodaba a lo que debería ser, pero en otros casos sustituía puestos de trabajo, cubría huecos que la administración no proveía. Esas contradicciones hicieron que el modelo fracasase", cree Prendes.

En lo que no ve contradicción es en que hoy se vuelva a algún tipo de prestación o servicio militar. "Ha cambiado el momento y la sociedad, que está más desestructurada, desvertebrada. Antes la juventud estaba más implicada en el barrio, en la parroquia. Ahora, a la juventud eso le suena a chino. Tiene sentido recuperar esa aportación a la sociedad en un momento, además de crecientes tensiones. Pero no sé si funcionará", asegura.

Quien sigue en contra de cualquier militarismo es Ismael Díaz Galán, entrenador de fútbol que fue, con José Villamil, el primero insumiso de Asturias. "Es desolador que vuelvan estos fantasmas", asegura. Ismael se hizo primero objetor y cuando se aprobó el reglamento de la prestación, se negó a "ocupar puestos de trabajo de otra gente". "En enero de 1989 hubo una marcha por la objeción de conciencia reivindicando nuestra postura. Por mí se autoinculparon personas relevantes y no se atrevieron a meterme en la cárcel, hasta que ese partido que ahora no quiere pactar con los catalanes suscribió el pacto del Majestic con Puyol y terminó eliminando la ‘mili’", asegura Díaz Galán, con sorna.

Recuerda haberse entregado con José Villamil y Juan José Domingo en el Gobierno militar. "Nos presentamos ante la máxima autoridad. ‘¿Sabe lo que está haciendo?’, me preguntó. Yo le dije que sí. Y él contestó simplemente: ‘Váyase’", rememora. En las fotos de la época se les ve con cierto nerviosismo entre los cascos blancos de la Policía Militar a la puerta del Gobierno Militar. "Mereció la pena. Mis hijos no han ido a la mili. Tuve algún problema, porque el fútbol era muy conservador, y alguno me echó en cara que era Testigo de Jehová, pensando que había objetado por cuestiones religiosas", comenta.

Pero el gran momento de la insumisión llegaría en los años noventa, con gente como el ovetense José Manuel Chico, "Pin", muy vinculado al MOC y condenado a dos años, cuatro meses y un día, de los que cumplió tres meses en la cárcel de Oviedo, antes de pasar al tercer grado, en 1992.

"Había el problema de que, mientras estábamos en la cárcel, había mucha movilización, pero cuando te daban el tercer grado, la condena empezaba, como quien dice, a ser solo tuya. Tenías que estar todavía un año yendo allí a dormir y a lo que te tocara, pero la gente ya no se movilizaba alrededor tuyo. Queríamos politizar eso, y lo que se decidió fueron los plantes al tercer grado: otro delito. Que no condenaron después por ese delito, pero sí hubo muchos problemas", rememoraba en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA hace unos años.

"En el año 94, en Gijón, en enero, Carlos, Yiyi y Fermu no se reincorporaron después de un permiso de tercer grado e hicimos un encierro en la iglesia de San José. Vino la Policía a por ellos y los cogió. Esa estrategia, se hizo conjuntamente en toda España. Se empieza a cumplir la condena dentro, pero se cumple con más problemas que Dios. En el 94 hacemos la famosa acampada aquella a las puertas de la cárcel de Villabona, que duró una semana, con conciertos", relata. "Luego entran presos Toñín y Adolfo; después, Kike; luego, Julio, Roberto y Asier en el noventa y cinco; y en el noventa y seis, David, Paco, Wiljer, Fer, Xurde, Felipe y Lluismi. Fue una cosa muy dura para las familias, para los colectivos de apoyo, para la gente. Los insumisos fuimos las caras visibles, pero detrás hubo mucha gente, incluso insumisos amnistiados que trabajaron muy duro por la organización política y el apoyo al movimiento, porque hubiera presión en la calle", añadía.

Al final, aquellos insumisos lograron doblar la mano a Felipe González: "Conforme el Gobierno iba cambiando la estrategia, nosotros la cambiábamos también. El PSOE no quería meter en la cárcel, de repente, a todos los insumisos juntos. Llegó a haber un montón, pero en determinados sitios, por ejemplo, Cataluña, no se metió a nadie en la cárcel. Los jueces empezaron a reconocer eximentes y atenuantes parciales y condenaban a menos de dos años, y entonces se te podía suspender la pena, porque nadie tenía antecedentes. Luego, cuando se empezó a correr la voz de que no llamaban a los servicios sociales, aumentó considerablemente el número de objetores. También empezaron con la muerte civil, pero un compañero que era minero, y al que habían condenado a muerte civil en lugar de a la cárcel considerando que era la pena más favorable, llegó al Supremo diciendo: ‘Oiga, a mí métanme en la cárcel: para mí, la pena más favorable no es la muerte civil, es ir a la cárcel; yo lo que no puedo perder es el trabajo’. Al final fue una desobediencia completa, un desprestigio completo del servicio militar; se abrió una brecha que ya no pudo cerrarse. Por eso Aznar se carga la mili: al final, ya no tenía sentido; ya no tenían manera de aplicarla".

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