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El empresario de la mina de Cerredo afronta en Cuenca una pena de cárcel

Jesús Rodríguez Morán está acusado de delitos ambientales y de presunta extracción no autorizada en una explotación en el municipio de Henarejos

Estado en que quedó el entorno de la mina San Jaime tras la explotación por parte de Emergicar.

Estado en que quedó el entorno de la mina San Jaime tras la explotación por parte de Emergicar. / M. J.

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

El panorama judicial se le complica al empresario minero leones Jesús Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes, y quien estaba tras las empresas Combayl y Blue Solving que gestionaban la mina de Cerredo en la que se produjero dos accidentes mortales que revelaron una posible extracción ilegal de carbón. Mirantes se enfrenta a una petición de prisión por un presunto delito de afección al medio ambiente en la mina San Jaime, en el término municipal de Henarejos, en Cuenca. La acusación particular le reclama multas de hasta 700.000 euros y penas que suman tres años de prisión. La primera sesión del juicio debería haberse celebrado este lunes, aunque finalmente la sesión quedó suspendida.

Rodríguez Morán explotó una mina de carbón a cielo abierto denominada "Ampliación de San Jaime" entre los años 2009 y 2015. Lo hizo a través de la empresa Emergicar, una firma que importaba carbones de El Musel y que entró en concurso de acreedores tras detectarse en uno de sus cargamentos 295 kilogramos de cocaína. Emergicar se dedicaba a la distribución de carbones por todo el territorio nacional, con ventas a Arcelor e importaciones a través de El Musel. El caso se examina en Juzgado de lo Penal nº 2 de Cuenca, que celebró una primera vista este lunes que quedó suspendida a petición de las partes.

Rodríguez Morán se enfrenta a delitos ambientales y contra la ordenación del territorio, acusado por la Fiscalía, la Confederación Hidrográfica de Cuenca, la Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Henarejos, una pequeña localidad con algo más de un centenar de vecinos.

Según las fuentes consultadas, la empresa Emergicar llevó a cabo "supuestamente" trabajos extractivos no autorizados y se la acusa de haber arrasado una serie de construcciones existentes de valor patrimonial, además de haber modificado el cauce de un río, causar daños al ecosistema y al dominio público hidráulico. Las peticiones de cárcel por parte de la acusación particular alcanzan los tres años de prisión.

Las minas de carbón de Henarejos no tuvieron gran relevancia, pero contaban con relevantes construcciones del poblado minero original y de la bocamina principal. Fueron fotografiadas por el fotógrafo José Manuel Sanchis, hoy afincado en Cangas de Onís, y referente en protección del patrimonio minero a través de la revista "Hastial" del colectivo Mineralogía Topográfica Ibérica. "Existía un patrimonio muy significativo que quedó arrasado", explicó Sanchís a LA NUEVA ESPAÑA. Precisamente su labor como fotoperiodista permitió documentar las instalaciones que quedaron "convertidas en un desierto". "Es el otro crimen de Cuenca", llegó a afirmar en una publicación denunciando la desaparición de las edificaciones vinculadas a la actividad, entre las que se encontraban un cuartelillo de la Guardia Civil, un bar, un horno, viviendas, cuadras, el economato, salas de máquinas o la bocamina. "La insaciable voracidad de la empresa lo borró todo del mapa; nada de ello existe ya".

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