Dos antiguos superiores de Belarmina Díaz limitan a ella el control de la mina de Cerredo: O habían "delegado ampliamente las competencias" o no era su cometido

Dos exaltos cargos del Principado que fueron superiores de Belarmina Díaz como directora general de Minas, limitaron a ella las decisiones relativas a la gestión de la explotación de Cerredo, en la que en marzo de 2025 murieron cinco trabajadores cuando presuntamente extraían carbón ilegal. Belarmina Díaz, que era consejera de Transición Ecológica cuando se produjo el siniestro, presentó su dimisión a los pocos días, apenas mes y medio después de acceder al cargo. Este viernes acude a la comisión de investigación parlamentaria. También la que fuera su superiora, la exconsejera Nieves Roqueñí, hoy presidenta del Puerto de Gijón.

Enrique Fernández, hoy presidente de Hunosa y exconsejero de Industria, e Isaac Pola, que fue viceconsejero de Industria, tuvieron bajo su responsabilidad orgánica a la dirección de Minas que gestionaba Belarmina Díaz. El primero entre, 2019 y 2023; el segundo, entre 2023 y 2025. Los dos señalaron, con distinto tono y argumento, que estuvieron ajenos a las decisiones relativas a minería. Enrique Fernández, porque "las competencias estaban ampliamente delegadas" y a él le "llegaban como las pinceladas de las iniciativas principales". Aunque mantuvo unas dos reuniones semanales con Belarmina Díaz, a la que calificó de "buena profesional y muy buena persona", señaló que actuaba con "autonomía operativa" y él solo estaba informado "de las cuestiones extraordinarias".

Isaac Pola tiró de organigrama oficial para recalcar que, si bien la dirección general de Energía y Minería estaba bajo la viceconsejería que ocupaba, su puesto no incluía competencias al respecto. Pola sí supo de los proyectos que las empresas del empresario minero Jesús Rodríguez Morán, titular de la explotación de Cerredo, lograron subvención del Instituto de Transición Justa, pero se desligó de la labor de control de si allí se extraía carbón ilegalmente. Jamás conoció al empresario, aunque sí al facultativo, José Antonio Fernández Casillas.

Reconoció que de haber sabido que tanto Combayl (que explotó Cerredo hasta que murió un trabajador en un accidente en el que se constató extracción ilegal de carbón) y Blue Solving (la que luego adquirió los derechos y sacaba carbón ilegal en marzo de 2025) pertenecían al mismo entramado familiar, él "seguramente habría hecho alguna verificación adicional".

¿Lo sabía la dirección general de Minas? El que fuera director general de Minas cuando Belarmina Díaz ascendió a consejera, Mauro Rodríguez, admitió que esa información constaba en los documentos, pero no se leyó. "Es posible que no se viese", dijo Rodríguez, amparándose en el volumen de documentación con el que se trabaja. "Los funcionarios vamos a optimizar el tiempo y los recursos, o sea, vamos a lo más importante", dijo.

También reconoció que de haberse conocido en su momento los detalles que luego trascendieron "se hubiese tramitado de otra forma, porque nadie quiere que suceda lo que sucedió".

Mauro Rodríguez también hizo prolijas explicaciones de por qué una denuncia ciudadana sobre actividad en la mina de Cerredo acabó en una cuenta de correo que nadie abrió. Se perdió el acceso en una migración y él entró en la cuenta cuando había trascendido la existencia de ese correo no leído: "Había unos cuarenta", dijo, en referencia a comunicaciones diversas que quedaron olvidadas. "No se funcionó bien", admitió, si bien recalcó que el Servicio de Atención Ciudadana que remitió la denuncia del vecino debió haberse comunicado con Minas al no haber tenido respuesta tras reenviar la comunicación.

Rodríguez también asumió en solitario la decisión de suspender la actividad de la empresa Tyc Narcea a raíz del accidente, al ver "incoherencias" entre los datos de extracción y los portes declarados". Posteriormente, tras el cese de Rodríguez, la explotación recuperó la actividad tras un proceso de comprobación por parte de la Administración. En tres sesiones de interrogatorio de casi tres horas surgieron otras cuestiones relevantes:

Mejoras en la actividad inspectora

Mauro Rodríguez admitió que había margen de mejora para intensificar el control inspector, como establecer un calendario o un procedimiento regulado, que él mismo sugirió. "¿Se podría haber hecho mejor? Seguramente. ¿Se hizo mal? Creo que no", dijo para recalcar que a su juicio la administración obró adecuadamente con la información de la que disponía.

El juez pide datos de portes de carbón a Hunosa

El exconsejero y presidente de Hunosa, Enrique Fernández, aseguró que la empresa hullera ha trasladado al juzgado de Cangas del Narcea los datos del carbón lavado en las instalaciones de Batán. Las investigaciones judiciales están bajo secreto. Según Hunosa la remisión ha sido por iniciativa propia de la empresa. Fernández reconoció que llevaba material a Batán una empresa de Jesús Rodríguez Morán (Carbones La Vega) pero no pudo aportar trazabilidad del origen del carbón.

Una simple subsanación

Isaac Pola atribuyó a un procedimiento habitual de subsanación que él remitiese como responsable del área de proyectos de la Agencia Sekuens un escrito indicando cambios a una de las empresas (Combayl) en el trámite de una de las ayudas del ITJ. "Fueron las indicaciones que dieron los técnicos y no eran determinantes para recibir o no la subvención", dijo.

La supresión de la jefatura de Seguridad Minera

Enrique Fernández admitió que la decisión se tomó por criterios de racionalidad económica ("La consejería de Hacienda manda mucho") y que se adoptó "de forma colegiada". Dijo que en aquel momento "tenía su lógica" ante la caída de actividad extractiva, pero señaló que fue una decisión de la que no se siente orgulloso y que generó debate interno y malestar a los damnificados.

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