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El exconsejero Enrique Fernández sobre la mina de Cerredo: "Las competencias estaban ampliamente delegadas en Minas; me llegaban pinceladas"

Enrique Fernández, exconsejero de Industria y actual presidente de Hunosa, en la comisión sobre Cerredo.

Enrique Fernández, exconsejero de Industria y actual presidente de Hunosa, en la comisión sobre Cerredo. / Juan Plaza

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

El hoy presidente de Hunosa, Enrique Fernández, fue consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica entre 2019 y 2023. Bajo su mandato se produjo el primer accidente en la mina de Cerredo, en el que falleció un trabajador y otro perdió una pierna, ocurrido en 2022. En la comisión parlamentaria que investiga el accidente que se produjo en la misma mina en marzo de 2025 y en el que murieron cinco mineros. En ambas ocasiones se constató una extracción ilegal de carbón.

Fernández ha afirmado que aunque él era consejero, el núcleo de las decisiones al ámbito técnico estaba en la dirección general de Minería, que ocupaba Belarmina Díaz. “Las competencias en materia de minería y energía estaban ampliamente delegadas”, resumió, para añadir que a él le "llegaban como las pinceladas… de las iniciativas principales”. Refrendó además su confianza en la entonces directora, Belarmina Díaz: “Mi consideración hacia la directora es que es una buena profesional y una muy buena persona”.

Fernández sostuvo que la estructura de su consejería dejaba a la dirección general de Minas “autonomía operativa” y que esa fue la razón por la que él no acudió a ninguna reunión de la Comisión de Seguridad Minera. A preguntas de varios grupos sobre si recibió señales de actividad irregular en la mina de Cerredo antes del siniestro de agosto de 2022, respondió: “No, no teníamos constancia, yo por lo menos”. Su gestión, afirmó, buscaba estar "informado" de las decisiones que se tomaban, e intervenir en aquellas cuestiones extraordinarias que exigían un empuje de gestión. Recalcó que en el tiempo que fue consejero, la actividad en la mina de Cerredo era un asunto menor. En todo caso, recalcó que mantenía reuniones con Belarmina Díaz "mínimo dos veces por semana", pero que la principal preocupación estaba en las cuestiones energéticas, antes que las mineras, "que ocupaban el 90% del tiempo".

El exconsejero incidió en que, tras aquel accidente con un fallecido y un herido grave, se abrieron investigaciones y expedientes y que se puso la información “a disposición del juzgado”. Negó órdenes políticas para ralentizar trámites sancionadores; interpelado sobre posibles demoras, replicó que no dio instrucciones y señaló contingencias administrativas (bajas, traslados) como posibles causas. "Se estaban haciendo las cosas que había que hacer", dijo sobre cómo fue el procedimiento. Y que su papel fue el de escucha y supervisión: "Yo lo que hacía era que escuchaba y entenía que aquello se estaba haciendo de acuerdo con el sentido común".

El recorte del Servicio de Seguridad Minera: Una “decisión colegiada” porque Hacienda “manda mucho”

Uno de los focos del interrogatorio fue la decisión de 2019 de suprimir la jefatura del Servicio de Seguridad Minera e integrar al equipo en otro servicio. Fernández la justificó por la drástica caída de la actividad extractiva: “En el año 2019, cero, la extracción fue cero”. Enmarcó el cambio en una reorganización general del Gobierno y la atribuyó a "una decisión colegiada” y reconociendo que había un trasfondo económico: “La Consejería de Hacienda manda mucho”.

Con todo, el exconsejero no concretó si la iniciativa partió de él o si se impuso desde el área económica. Tampoco despejó si hubo oposición interna en Minas. Preguntado si la directora general expresó discrepancias, respondió: “No lo recuerdo como una discrepancia, no”, aunque admitió “una mala noticia” para la persona afectada por la supresión de la jefatura. Sí subrayó que, a su juicio, la fusión no restó funciones ni capacidad inspectora, pero que sí causó "malestar".

La trazabilidad del carbón

Como actual presidente de Hunosa, Fernández confirmó que el lavadero de Batán solo mantuvo contrato con una firma del empresario minero Jesús Rodríguez Morán (Chus Mirantes): Carbones La Vega. Recalcó, no obstante, los límites de control sobre el origen del mineral que llega a sus instalaciones: “No hay obligación de investigar el origen del carbón”. De ahí que no pueda certificar si material extraído irregularmente en Cerredo pasó o no por Batán. La información remitida por Hunosa a la comisión, sobre las cantidades de carbón tratadas en Batán señalan en ocasiones la empresa, pero otras el origen, lo que motivó quejas sobre la coherencia de la información. No obstante, Fernández señaló que esa información ha sido reclamada también por el juzgado que investiga el accidente y que mantiene bajo secreto la instrucción.

Fernández se desmarcó de los “proyectos de investigación complementaria” (PIC) que la oposición cuestiona, asegurando que no estaba “especialmente familiarizado” con esa figura durante su etapa y que todo lo que tramitó su consejería “pasaba el tamiz jurídico”. También sostuvo que la adquisición de concesiones en el proceso concursal y los cambios de titularidad no alteraron los planes de restauración ambiental en marcha. Sobre contactos con Combayl, Blue Solving o Carbones La Vega, contestó que no mantuvo reuniones y que conoció algunos nombres “por la prensa” tras los accidentes. No obstante, no descartó haber coincidido con Jesús Rodríguez Morán en algún acto público.

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