El exdirector de Minas afirma que el Principado no conocía la trama empresarial ligada a la mina de Cerredo y de haberlo sabido se hubiesen incrementado las inspecciones

Mauro Rodríguez fue director general de Industria y Minería un corto plazo de tiempo: accedió al puesto en febrero de 2025 y terminó cesando en mayo de 2025. El accidente minero mortal de Cerredo se cruzó en la trayectoria de una renovada Consejería de Transición Ecológica, con Belarmina Díaz al frente y en la que Rodríguez ocupó el puesto que dejó la propia consejera, que con anterioridad había sido directora de Minas.

Rodríguez ha comparecido ante la comisión parlamentaria que investiga si la administración obró con suficiente celo en el caso y si podría haberse evitado el segundo accidente, que se produjo cuando la empresa titular de los derechos, Blue Solving, llevaba a cabo una extracción ilegal de carbón para la que no tenía permiso. Esa empresa había recibido la titularidad de otra firma anterior, Combayl, del entramado familiar del empresario minero Jesús Rodríguez Morán (conocido como Chus Mirantes) y que ya había sido sancionada en esa misma explotación por extraer carbón sin permiso, comprobado tras otro accidente mortal, en 2023.

El que fuera director general de Minería en el momento en que se produjo el accidente de Cerredo de 2025 vino a reconocer que, de haberse conocido los detalles que luego trascendieron “se hubiese tramitado de otra forma, porque nadie quiere que suceda lo que sucedió”. Se refería a la pregunta de si hubiesen sido necesarias más inspecciones. Pero reconoció que “juzgar los hechos pasados con los conocimientos de ahora es ’ventajista’”. Admitió Rodríguez que en la dirección de Minas se desconocía que Blue Solving y Combayl eran empresas bajo la órbita del mismo empresario (la primera administrada por su hijo de 21 años; la segunda, por su esposa).

Aunque Rodríguez admitió que esa información constaba apuntada en documentos remitidos a la Consejería, pero que pasó inadvertida. “Es posible que no la vieran”, dijo en referencia a sus predecesores. “Los funcionarios generalmente tenemos encima de la mesa un número considerable de expedientes, vamos a optimizar el tiempo y los recursos, o sea, vamos a lo más importante”, señaló.

No obstante, reconoció que inmediatamente después del accidente, las alarmas saltaron y que la situación de la empresa y su vinculación con el accidente de tres años atrás fue comentada en la reunión de la Comisión de Seguridad Minera inmediatamente posterior al siniestro. “Sí que recuerdo que se pudo hablar acerca de lo que ya se había hablado en otras comisiones, acerca de la empresa y demás, pero básicamente es que los primeros días, con todo el respeto, fue lo que se pudo hacer con toda la mejor intención”, señaló.

La suspensión de actividad de Tyc Narcea

Mauro Rodríguez también indicó que la decisión de paralizar temporalmente la actividad de la empresa Tyc Narcea tras el accidente de Cerredo, que operaba bajo un Proyecto de Investigación Complementaria, fue suya en exclusiva. Aseguró que se basó en “incoherencias” entre los datos de extracción y los portes declarados, y “la ausencia de documentación” que acreditase el destino del carbón. “Yo no ví ningún documento que acreditase que ese carbón se estaba utilizando para pruebas industriales”, afirmó, aunque señaló que supo después de haber cesado que la actividad en la mina se recuperó posteriormente.

El ”correo perdido”: "No se funcionó bien"

Otro de los tramos centrales de la comparecencia se refirió al correo en el que un ciudadano denunciaba actividad en la mina y que nunca llegó a abrirse en la dirección general de Minas. La comunicación fue trasladada por el denunciante al Servicio de Atención Ciudadana, que a su vez lo pasó a una cuenta genérica de la dirección general, que había sido habilitada durante la pandemia. Al trascender el caso, denunciado en LA NUEVA ESPAÑA, el propio Mauro Rodríguez fue el encargado de gestionar el acceso a la cuenta de correo y encontró “unos cuarenta correos”, de los cuales dos estaban relacionados con la mina: uno de 17 de octubre de 2023 y otro del 1 de abril de 2025. Ambos, dijo, aludían a la actividad en las instalaciones, e incluían fotografías que él relacionó con el segundo piso de la explotación.

Rodríguez apuntó que las cuentas genéricas plantean “dificultades de gestión y trazabilidad” al no ser, en sentido estricto, cauces formales del procedimiento administrativo, que exige registro de entrada. Añadió que, conforme al decreto del SAC, la falta de respuesta debía haberse elevado a la secretaría técnica en quince días, circunstancia que no se produjo. Admitió, en todo caso, que “no se funcionó bien” en ese punto, al tiempo que defendió que las denuncias y avisos deben convertirse en prueba para poder fundamentar decisiones sancionadoras o medidas de control efectivas.

Actividad inspectora

Respecto a la actividad inspectora y a si fueron necesarias más visitas a la mina de Cerredo, el compareciente defendió que el servicio de minas actuaba con un criterio “ajustado al riesgo”, con mayor presencia en explotaciones con personal y actividad —caso de Tyc Narcea— frente a labores limitadas o con permisos próximos a expirar, como ocurría en Cerredo. Por eso señaló que el criterio que tenían los inspectores le pareció “lógico”, pero aun así reconoció que había margen de mejora, y que él mismo propuso que se dejase por escrito el procedimiento regulado de cómo se hacían las inspecciones y que hubiese un calendario.

Preguntado por la vigilancia entre el accidente de 2022  y el de 2025, Rodríguez afirmó que, a su juicio, se actuó “conforme a la norma y al conocimiento disponible” y rechazó juzgar con la perspectiva actual decisiones adoptadas entonces. “¿Se podría haber hecho mejor? Seguramente. ¿Se hizo mal? Creo que no”, dijo, reiterando que la existencia de sanciones previas a una empresa no inhabilita automáticamente a otra del mismo grupo.

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