El gobierno de Page ve en el "no" de Barbón al modelo de financiación un gesto de "valentía"

El gobierno de Castilla-La Mancha, del socialista Emiliano García-Page, interpreta que el rechazo del gobierno asturiano de Adrián Barbón refrenda su postura contraria al modelo de financiación autonómica planteado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La portavoz del gobiero castellano-manchego, Esther Padilla, valoró que el PSOE de Asturias se sumara a la posición de Page y consideró “valiente” la decisión de los socialistas asturianos.

También han expresado su rechazo a la propuesta de Montero los socialistas de Extremadura. " Cada vez hay más gente convencida de que este no es el modelo que deben defender el PSOE y el Gobierno de España”, dijo Padilla. En este marco, reiteró que el principio de igualdad debe ser el criterio rector del reparto de los fondos entre comunidades.

Igualdad, cohesión y corrección del modelo

Padilla subraya que los socialistas castellanomanchegos fueron los primeros en fijar públicamente que la igualdad debía primar en el sistema de financiación, una posición que —remarcó— Castilla-La Mancha sostuvo “desde el principio”, incluso antes de conocerse en detalle la propuesta del Gobierno central. Para el Ejecutivo de Page, la reforma ha de garantizar “la igualdad en el acceso a los servicios públicos” con independencia del lugar de residencia y “suprimir cualquier tipo de privilegio”, al tiempo que apuntó que “cada vez se suman más voces” partidarias de corregir el esquema vigente.

Puerta abierta a la negociación, las claves de Asturias

El gobierno asturiano ha asegurado que “Asturias pierde con la propuesta”, pero insistió en que “hay que aprovechar la ventana que se abre para negociar” y conseguir que se incluyan los intereses de la región.

La razón del rechazo asturiano es principalmente su desacuerdo con los criterios establecidos para el reparto. “En el marco, por ejemplo, de la población ajustada, el envejecimiento pierde un 1,5% de representatividad, lo cual va en contra de los intereses del Principado para garantizar la sostenibilidad en la prestación de los servicios públicos fundamentales que gestionamos”, explicó Peláez.

La orografía tampoco aparece reconocida en la población ajustada. “No es lo mismo prestar servicios sanitarios a una población envejecida en alguna zona densamente poblada, como el Llano en Gijón, a prestar esos mismos servicios en Somiedo o en otras zonas montañosas”, explicó el consejero.

Y un tercer punto, el modelo no incluye garantías de sostenibilidad a medio y largo plazo para la prestación de los servicios públicos fundamentales. Además, en lo que respecta al fondo para el cambio climático los criterios tampoco “responden a la realidad asturiana”. El Gobierno regional entienden “todas las comunidades autónomas, como mínimo, están afectadas por igual”, y que no hay que obviar los incendios de este verano en Asturias, aparte de otras cuestiones relacionadas con el despoblamiento.

El Gobierno de Asturias también ve en el modelo una tendencia a la ordinalidad, “incompatible con lo que para nosotros debe ser un sistema de financiación autonómico que no puede tener ningún tope a la solidaridad cuando su objetivo fundamental es ofrecer los recursos necesarios para prestar servicios públicos en un plano de equidad en todo el territorio”.

Es verdad, reconoció Peláez, que “Cataluña cumple escrupulosamente con la ordinalidad; es la tercera en dar y la tercera en recibir. Pero de toda la documentación técnica que nos han facilitado en ningún caso aparece explícitamente que el principio de ordinalidad está garantizado para Cataluña”. A su juicio, esta medida se da como “consecuencia del reparto de fondos”.

Peláez insistió en que el Gobierno asturiano pretende aprovechar la oportunidad que se abre para lograr un modelo de financiación beneficioso para la región, aunque reconoció que va a ser “una negociación muy dura que puede no llegar a buen puerto”. Y, si definitivamente la propuesta de Montero tampoco cumple “con nuestros acuerdos y, por tanto, no representa los intereses de Asturias, también votaremos no”.

Además, el Gobierno regional ha analizado a las circunstancias en las que acabaría la región si finalmente el modelo de Montero sale adelante. “Cuando se aprobó el modelo en el 2009, Asturias recibía el 108% de la media por habitante ajustado. A día de hoy estamos recibiendo el 101%. Es decir, ha habido una evolución negativa de Asturias, que ha perdido peso relativo en el reparto de la tarifa. En la propuesta que nos hace el Ministerio de Hacienda, Asturias recibiría el 95% de la media por habitante ajustado. Para que nos demos cuenta de por qué rechazamos expresamente la propuesta que nos plantea el Gobierno de España. Si aplicamos la misma lógica sobre el anterior modelo al nuevo, en una evolución de 10 años estaríamos en el torno del 90%”, explicó Peláez.

El Ejecutivo regional reivindica que el sistema incluya garantías adicionales de suficiencia dinámica, es decir, que permita garantizar la sostenibilidad de las cuentas en un medio y largo plazo.

Suscríbete para seguir leyendo