Isaac Pola, exviceconsejero de Industria: “De haber sabido la vinculación de sociedades en la mina de Cerredo habría hecho verificaciones adicionales”

El exviceconsejero de Industria y Transición Justa del Principado, Isaac Pola Alonso, afirmó este jueves ante la comisión de investigación de la Junta General que analiza el accidente mortal ocurrido el 31 de marzo de 2025 en la mina de Cerredo, en Degaña, que si hubiera conocido con anterioridad la vinculación empresarial entre las sociedades implicadas habría realizado “verificaciones adicionales”. Pola recalcó, no obstante, que se trataba de una opinión personal y retrospectiva, desligada de decisiones concretas adoptadas durante su etapa como viceconsejero, y subrayó que no tuvo constancia previa de ese entramado societario ni de determinados antecedentes que se han puesto de relieve en el curso de la investigación parlamentaria.

La comparecencia se centró en el periodo en el que Pola ocupó la Viceconsejería de Industria y Transición Justa, entre agosto de 2023 y febrero de 2025. Pola repasó su trayectoria profesional en la Administración autonómica, con etapas como director general de Minería y Energía y consejero de Empleo, Industria y Turismo, antes de volver a desempeñar funciones técnicas tras su salida del Gobierno.

Desde el inicio dejó claro que durante su etapa como viceconsejero no tuvo competencias en materia de seguridad minera, ámbito que, según explicó, correspondía a la Dirección General de Energía y Minería conforme a la estructura orgánica y a las resoluciones de delegación vigentes, aunque esa área estuviese bajo su área en el organigrama.

Uno de los ejes de la sesión fue el debate sobre el plan de cierre de la minería del carbón no competitiva y su aplicación al entorno de Cerredo. Pola confirmó que todas las unidades de explotación de ese grupo estaban incluidas en el proceso de cierre, pero reiteró que la prohibición derivada de la normativa europea y estatal afecta al carbón térmico destinado a la generación eléctrica, mientras que, según sostuvo, pueden existir otros usos del mismo recurso mineral no vinculados a ese destino. Admitió que esa es una “línea fina” que explica la complejidad jurídica de algunos expedientes tramitados en los últimos años.

En relación con el proyecto de investigación complementaria (PIC) aprobado por la consejería para la mina de Cerredo, Pola aseguró que desconocía su contenido concreto y que no intervino en su tramitación. Explicó en relación a las dudas sobre el soporte jurídico de esa figura que un PIC requiere como fundamento una concesión minera y no necesariamente una explotación en activo, y defendió que se trata de “una figura administrativa utilizada desde hace años” para verificar reservas, características geológicas o alternativas de aprovechamiento de recursos. Evitó, sin embargo, pronunciarse sobre la compatibilidad específica de ese proyecto con el proceso de cierre de Cerredo, alegando falta de conocimiento directo del expediente.

Una reunión por ayudas del ITJ

El exviceconsejero sí reconoció una reunión celebrada el 11 de enero de 2024 con José Antonio Fernández Casillas, que se presentó como representante y director facultativo de Blue Solving. Según relató, el encuentro tuvo lugar en la sede de la Viceconsejería y estuvo vinculado a la tramitación de ayudas del Instituto para la Transición Justa (ITJ). Pola indicó que se limitó a informar de los requisitos formales del procedimiento y a recordar que cualquier actuación extractiva debía ajustarse a las prescripciones de la Dirección General competente. Negó haber mantenido más reuniones formales con esa empresa y rechazó haber tenido contacto alguno con otros empresarios citados en la comisión.

Isaac Pola Alonso situó el origen de su relación con José Antonio Fernández Casillas en un encuentro previo y fortuito en un acto público, a finales de 2022, cuando este último “le abordó” para comentarle que trabajaba en una empresa con un proyecto previsto en Cerredo. En aquel contacto, Pola relató que se limitó a señalarle que el Gobierno iba a convocar ayudas del Instituto para la Transición Justa para proyectos en zonas afectadas por el cierre de la minería. Añadió que que no conoce al empresario minero Jesús Rodríguez Morán (Chus Mirantes), ni mantuvo reuniones, llamadas ni contacto alguno con él, desmarcándose así de cualquier relación directa con otros empresarios vinculados a la explotación investigada.

El compareciente afirmó además que no sabía antes del accidente que Blue Solving y Combayl formaran parte de un mismo entramado familiar o societario. Fue en ese contexto cuando, al ser preguntado por la actuación que habría adoptado de haber conocido esa relación, recalcó que de haber tenido constancia previa de esa vinculación y de los antecedentes asociados (el accidente mortal de 2023 y la constatación de que ya se extraía carbón ilegal entonces), “seguramente habría hecho alguna verificación adicional”. A renglón seguido, matizó que no podía ir más allá ni concretar medidas, porque sería “temerario” opinar sobre expedientes que no tramitó ni conoció en detalle.

El documento firmado y el informe técnico

Otro de los puntos destacados de la comparecencia fue la explicación del documento firmado por Isaac Pola desde el ámbito de la Agencia Sekuens, citado en sesiones anteriores de la comisión. El exviceconsejero rechazó que ese escrito supusiera una instrucción o recomendación a la empresa, ni implicase una alteración sustancial del proyecto presentado por la empresa. Según explicó, se trató de un trámite ordinario de subsanación, habitual en los procedimientos de ayudas públicas.

En su relato, Pola detalló que el Instituto para la Transición Justa realiza una preevaluación de las solicitudes para comprobar si cumplen los requisitos básicos. Una vez superada esa fase, los expedientes se trasladan a Sekuens para su evaluación técnica, económica y financiera, donde los técnicos pueden detectar carencias formales o incoherencias. En este caso concreto, el técnico observó que el título del proyecto y el CNAE declarado no coincidían con la actividad real descrita en la memoria, lo que motivó un requerimiento de aclaración.

“El documento es un traslado de los requerimientos del técnico de Sekuens a la empresa”, señaló Pola, subrayando que su firma respondía a una práctica estándar de centralizar ese tipo de comunicaciones en el responsable del área.

También explicó una discrepancia de fechas detectada en el documento —con una referencia en mayo y una firma en julio—, que atribuyó a un error administrativo, insistiendo en que la única fecha válida era la de la firma.

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