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Hasta 107 años de cárcel por explotación laboral y sexual en Asturias: lo que pide el fiscal de pena para un matrimonio que traía a gente de Colombia

La pareja aprovechaba la "situación de vulnerabilidad" de las ocho víctimas, hombres y mujeres, para "someterlas a jornadas interminables con sueldos ínfimos y prostituyéndolas"

Carteles en una manifestación contra las agresiones sexuales y la violencia machista.

Carteles en una manifestación contra las agresiones sexuales y la violencia machista. / EFE

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita penas individuales que suman 107 y 83 años de prisión para un matrimonio acusado de trata de seres humanos para su explotación laboral y sexual en Asturias.

Los acusados -uno de los cónyugues era natural de Colombia y posteriormente se nacionalizó en España-, se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, con importantes necesidades económicas o incluso perseguidas por la guerrilla, para atraerlas hasta Asturias y "someterlas a jornadas interminables con sueldos ínfimos, controlando sus movimientos o prostituyéndolas".

Según ha informado este viernes la Fiscalía del Principado de Asturias tras presentar su escrito de conclusiones provisionales ante el Tribunal de Instancia de Lena, hay ocho víctimas, seis mujeres y dos hombres, todas ellas testigos protegidos en el procedimiento.

Los hechos ocurrieron entre los años 2022 y 2024, cuando el matrimonio se puso en contacto con personas de su mismo país en situación de necesidad, especialmente económica, para ofrecerles una aparente oportunidad laboral, incluida vivienda, planteándolo como una esperanza de vida en España.

No obstante, según la Fiscalía, los acusados contactaban con estas personas con la intención de disponer de mano de obra barata a la que pagar salarios muy por debajo de lo establecido legalmente y de hacerles trabajar cumpliendo horarios extenuantes, sin descansos durante la jornada ni siquiera para comer, y sin la formalización de ningún tipo de contrato de trabajo ni de alta en la Seguridad Social, con pagos siempre en negro.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de ocho delitos de trata de seres humanos con finalidad de explotación laboral, uno de ellos con finalidad de explotación sexual en concurso medial con un delito de prostitución coactiva, y solicita un total de 107 años de cárcel para la mujer acusada y de 83 años y ocho meses de prisión para el hombre procesado.

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