La exconsejera Belarmina Díaz, a los diputados: “Yo dimití; no hay muchos que lo hagan mirándoles a ustedes a la cara”

“Yo dimití. Lo hice. No hay mucha gente que dimita en directo y mirándoles a ustedes a la cara”, dijo Belarmina Díaz a los diputados de la Junta General. La que fuera consejera de Transición Ecológica, que dimitió en mayo de 2025 tras el grave accidente minero de Cerredo en el que murieron cinco trabajadores, mantuvo la sonrisa durante una larga comparecencia ante la comisión parlamentaria de la Junta General que investiga si algo falló en la administración asturiana que hubiese evitado la tragedia. 

Cuando el diputado de Vox Gonzalo Centeno interrogaba sobre los argumentos dados por sus antecesores en el cargo, Belarmina Díaz recalcó algo relevante para quienes buscaban responsabilidad política sobre lo sucedido. “Yo dimití”, dijo, y explicó las razones: “Las de entonces siguen siendo las mismas: la familia. Por las familias de los mineros fallecidos, que me sigo acordando de ellas; y por la mía”. Recalcó Díaz que fue una “decisión consecuente”, convencida de que permitiría “esclarecer lo que sucedió y que no se ocultase nada”. La aparente obviedad de recordar que ella había dejado el cargo no lo era tanto. El diputado del PP Rafael Alonso, en un desliz, le agradeció las respuestas apelándola como “señora consejera”.

Respaldo en las decisiones

La comparecencia de Belarmina Díaz este viernes era una de las fechas señaladas en el calendario de la comisión. Fue directora general con las competencias en minería desde 2018 hasta 2025. Ascendió a consejera en febrero de ese año. Mes y medio después, la explosión de grisú en una galería supuestamente cerrada de la mina de Degaña se llevó por delante la vida de cinco mineros cuando extraían carbón ilegalmente a las órdenes de un empresario que ya había demostrado su voluntad de incumplir las normas tres años antes. Bajo el nombre de otra empresa, ya había extraído carbón ilegal en la misma explotación, un hecho que quedó revelado en otro accidente mortal, esta vez con un fallecido y un herido grave.

Belarmina Díaz exhibió este viernes la firmeza y seguridad de la que hacía gala ya como directora general. Recalcó que todas las decisiones que adoptó contaban con respaldo del cuerpo técnico y el jurídico. “Ningún papel se firmaba sin ese avala”, señaló. E insistió en que no adoptó ninguna decisión sospechosa de irregular. “No autoricé nada ilegal; lo que era ilegal era que extrajesen carbón”, señaló.

Insistió en que constaron reiteradas advertencias a la empresa Blue Solving y a Combayl de que la adquisición de los derechos mineros llevaba pareja la prohibición de explotar la mina, y que la única autorización que existía vigente cuando se produjeron los dos accidentes era para retirar chatarra y material sin uso.

"Desconocía el entramado"

También aseguró que no conocía al empresario minero Jesús Rodríguez Morán (apelado en el sector como Chus Mirantes) ni a los familiares que tenían a su nombre las dos sociedades con las que operaba (Combayl y Bluesolving). Y que a su mano no llegó ningún documento que lo explicitase, ni fue informada de ello. “Personalmente desconocía el entramado. Había oído hablar de Chus Mirantes, así a secas; no sabía que no se quién se apellidaba Rodríguez o Fernández”, apuntó.

“Desde luego mi labor fue cumplir la ley y seguir lo que señalaban mis técnicos, porque si no estaría prevaricando y eso sí es delito”, recalcó, para insistir en que, a su juicio, la administración obró con la información que conocía sin “favorecer” ni relajar los procedimientos. Insistió en que también al facultativo de la explotación, José Antonio Fernández Casillas, se le insistía en la obligación de velar por la seguridad de las instalaciones y los trabajadores.

A preguntas del diputado de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, señaló que el Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) concedido a Blue Solving, sin conocer (según había dicho) que era otra empresa del mismo empresario sancionado, lo firmó “con dos informes técnicos que avalaban la concesión”. Y señaló que la figura del PIC, cuya arquitectura jurídica y aplicación en ese caso ponen en duda los partidos de la oposición, “era legal” y “existía antes de que yo llegase a la administración y sigue habiendo uno en vigor”.

El proceder de la Administración

El objetivo de la comisión parlamentaria es determinar si fallaron controles y si la Administración autonómica debe cambiar leyes o procedimientos para evitar otro accidente como el de Cerredo. Horas antes, la exconsejera Nieves Roqueñí, vino a decir que evaluar ahora lo que pasó en Cerredo es como tener la ventaja de “comprar el décimo sabiendo qué número va a salir en la lotería”. En ese sentido, Díaz fue detallando cada actuación llevada a cabo, aunque en aquel momento hubiese indicios que hoy se verían como alarmas. 

Tras el accidente de 2022, en una comisión de seguridad minera que ella presidía hubo quien propuso inhabilitar a la empresa e incluso clausurar la explotación. Belarmina Díaz recalcó que “ya existía un procedimiento judicial abierto” y que se incrementaron las inspecciones”. Y que tras aquel accidente hubo un periodo de “confusiones porque no era obvio lo que ahora parece que sucedió”, que es que se estaba extrayendo carbón irregularmente.

Después de aquel siniestro, la dirección general de Minas incoó dos expediente sancionadores, aunque uno quedó congelado en tanto continuaba la instrucción judicial. “Se paralizó la explotación, se hicieron inspecciones, se solicitó información que la empresa entregó… la inhabilitación no era una cuestión que pudiese decidir la dirección general”, dijo.

La tramitación

Posteriormente, se produjo la transmisión de derechos mineros de la primera empresa, Combayl, a la segunda, Blue Solving, ambas bajo el paraguas de Chus Mirantes. “La empresa no era la misma, había un director facultativo nuevo”, recordó Belarmina Díaz, que recalcó que se autorizó la transmisión de los derechos mineros “porque había informes jurídicos y se ponían condiciones”, entre ellas que “no se puede extraer carbón”. 

Belarmina Díaz reconoció haber mantenido dos reuniones con el facultativo José Antonio Rodríguez Casillas. La primera para presentarse y la segunda para hablarle de proyectos que habían obtenido subvención del Instituto de Transición Justa para el entorno de Cerredo. “No les asesoramos en nada”, señaló. Apenas tuvo detalles de los proyectos ni el que era su viceconsejero en aquel entonces (Isaac Pola) le comentó que él ya los conocía por haber participado en su tramitación en la agencia Sekuens y haber mantenido alguna conversación con Casillas.

Con posterioridad, la empresa Blue Solving solicitó un Proyecto de Investigación Complementaria para extraer 60.000 toneladas de carbón fuera del ámbito de la anterior explotación minera (aunque usando parte de sus instalaciones). Díaz afirmó que el empresario pudo conocer esa figura jurídica por el ámbito minero, porque ya existían otros vigentes. El PIC se concedió vinculado a la presentación de un plan de labores que, nueve meses después, Blue Solving no había presentado. Y en esas, en la amanecida del 31 de marzo de 2025, una explosión de grisú en la oscuridad del tercer piso de la mina de Cerredo se llevó la vida de cinco mineros que picaban carbón en unas condiciones que ella misma calificó, cuando aún era consejera, como “el peor de los chamizos”.

Algunas cuestiones controvertidas

Belarmina Díaz ofreció su versión sobre algunas cuestiones que han sido controvertidas a lo largo de las semanas de la comisión parlamentaria. Afirmó que a la dirección de Minas solo llegó un acta de un guarda rural, con fecha del 13 de julio de 2023, remitida por el servicio de Montes y a la que se respondió explicando los permisos vigentes en la zona. “No supimos más y supusimos que se dio por buena la respuesta”, dijo.

También afirmó que tras la denuncia de una empresa vinculada al empresario minero Victorino Alonso que alertaba de extracción ilegal de carbón en Cerredo, se dio traslado a Blue Solving para que respondiesen y que aún estaban en plazo para hacerlo cuando se produjo el fatal accidente. 

En respuesta al diputado del PSOE René Suárez insistió en que en ningún momento ella escuchó sospechas de extracción ilegal. Y si pudo haber una ocasión, que fue la que el alcalde de Degaña, Oscar Ancares relató en la comisión cuando un concejal se lo comunicó y él lo trasladó “a minas”, a ella no le consta que llegase. 

Cadena de mando

Aclaró además de quién dependía en cada momento, tras las declaraciones de este jueves de Isaac Pola y Enrique Fernández. Afirmó Díaz que su antecesora, Nieves Roqueñí, “lo explicó fenomenal”. “Hay unas competencias delegadas abocadas a la firma, pero hay unas estructuras orgánicas muy claras. Y hay reuniones y el trabajo se comenta, aunque cada consejero tenga su ritmo”, señaló. En resumen: aunque como directora general tenía competencias, informó a sus superiores; y cuando Pola fue viceconsejero, ella dependía de él y no directamente de la consejera Roqueñí.

Respecto a la decisión de suprimir el servicio de Seguridad Minera y fusionarlo con el otro que ya existía en la dirección general, decisión que se tomó en 2019, dejó claro que ella no fue consultada y que “se revolvió un poco” porque entonces su preocupación era cubrir las dos jefaturas vacantes, sin saber que terminarían en una.

Defendió además la actividad de los inspectores de minas el Principado, “profesionales como la copa de un pino”, elogió su prestigio y no vio extraño que el juzgado que instituye la causa del accidente requiriese que la inspección la realizasen peritos independientes: “Cuantos más técnicos entren, mejor”.

El alegato final

A preguntas del forista Adrián Pumares explicó la razón por la que se decidió suspender la actividad de otra empresa minera, Tyc Narcea: “Era un momento tremendo, una situación complicada y dolorosa. Había una denuncia presentada en esa guerra de empresarios y la opción que tomó el entonces director general, Mauro Rodríguez, la hizo porque no se entregaba por la empresa la documentación que considerábamos necesaria; por el medio fue mi dimisión y ya a partir de ahí el asunto se resolvió luego, dijo”.

La exconsejera que comparecía ante la comisión de investigación recordando que había dimitido aún tuvo oportunidad de un alegato final. Pumares le preguntó qué opinaba ella sobre las razones de “regeneración” que se dieron en el Gobierno para el cese de sus subordinados tras su marcha y la reestructuración de su área. “Solo puedo decir que tenía un equipazo; tenía una secretaria general impresionante, unos directores generales (los citó a todos) que eran muy buenos; pero también es normal que cuando llega alguien traiga a su equipo de confianza que, seguramente, son también muy buenos”.

Concluyó la comisión. Belarmina Díaz abandonó sola el edificio de la Junta, abrazando dos gruesas carpetas de documentación que consultó durante la comparecencia. Dejó sola del recinto, igual que sola entró, no sin antes conversar con dos diputados que fumaban en las escaleras. Había un disimulado gesto de alivio bajo la sonrisa que apenas perdió durante las dos horas de interrogatorio.

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