El Gobierno asturiano aprueba el proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia: refuerza la protección de los menores ante cualquier forma de violencia y actualiza el régimen de acogimiento

El Gobierno de Asturias acaba de aprobar el proyecto autonómico de la Ley de Infancia y Adolescencia, que busca la consolidación de "un sistema de protección integral y garantista" para los menores y que blinda su condición de "personas titulares de derechos". El texto de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar pone el foco la "sensibilización, detección precoz, asistencia y amparo frente a cualquier forma de violencia" y refuerza las medidas orientadas a "la prevención y la creación de entornos seguros".

Respecto al acogimiento familiar, el texto ordena las compensaciones económicas y plantea como novedad que la familia extensa y las personas allegadas reciban formación específica para ofrecer la mejor atención a los menores. En cuanto al acogimiento residencial, regula los programas de preparación para la vida independiente desde los 16 años, además de los de transición a la vida adulta y los apoyos tras la mayoría de edad.

El proyecto incorpora un capítulo específico sobre menores migrantes no acompañados, garantizando su acceso a diversos servicios independientemente de su situación administrativa.

Entre los derechos de la infancia y la adolescencia, la norma recoge los de expresión, libertad de información, derecho a ser escuchado, libertad ideológica, derecho de asociación y reunión y de participación ciudadana, igualdad o educación.

El proyecto asegura la continuidad del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, que data de 2005, como órgano de coordinación y asesoramiento, así como del consejo autonómico de participación.

El documento, que ahora se remitirá a la Junta General para su tramitación parlamentaria, obliga a incorporar en todos los proyectos normativos un informe de impacto en la infancia y la adolescencia y a elaborar cada diez años un plan estratégico de atención a la infancia y la adolescencia, en el que se especifiquen las políticas públicas que permitan hacer efectivos los derechos de niños y adolescentes y mejorar su calidad de vida.

La ley en tramitación, que tendrá en torno a 130 artículos, actualizará la Ley del Menor de 1995 con el objetivo de blindar la protección de los derechos de los niños y adolescentes en distinto ámbitos -social, educativo, sanitario, familiar, jurídico- y frente a cualquier forma de violencia o desamparo. El anteproyecto ha sido elaborado contando con la participación de niños y adolescentes y recogiendo muchas de sus propuestas.

El texto legislativo refuerza la colaboración entre los servicios sociales y los sistemas sanitario y educativo, así como con los ayuntamientos, para garantizar una adecuada intervención ante situaciones de desprotección de menores. Con el mismo propósito, fija los cauces de cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, las familias acogedoras y los medios de comunicación.

La iniciativa mantiene el carácter prioritario de las medidas de prevención, pero desarrolla de forma más específica los capítulos que las regulan en ámbitos como el familiar, el sanitario o el educativo, entre otros. En concreto, recoge de modo pormenorizado los plazos y procedimientos de riesgo, desamparo, guarda y tutela.

Las de Madrid y Castilla-La Mancha, ambas de 2023, son en la actualidad las más recientes entre todas las normativas autonómicas vigentes relativas a infancia y adolescencia en España.

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