La huelga de médicos que sigue en pie en Asturias: el acuerdo de la Ministra con el resto de sanitarios no cambia su postura
El SIMPA subraya que la convocatoria del paro de facultativos se mantiene y "con más presión"

Una de las últimas protestas de los médicos en Oviedo. / Paco Paredes
Pablo Álvarez / Efe
La ministra de Sanidad, Mónica García Gómez, anunció este lunes que ha firmado un acuerdo con los sindicatos del ámbito de la negociación para el nuevo Estatuto Marco de las profesiones sanitarias. El documento ha sido rubricado por SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF, pero no por CIG-Saúde. Tampoco incluye a los sindicatos médicos más representativos del país, por lo que la convocatoria de una huelga de facultativos de una semana al mes, a partir de febrero, continúa en pie.
Lo que los médicos reivindican es una normativa marco exclusiva para ellos y en la que se refleje su singular responsabilidad en la asistencia sanitaria. Uno de los sindicatos de facultativos argumentó que se sienten "infrarrepresentados" en las negociaciones y que el acuerdo alcanzado les parece un "grave error".
"Han sido años, muchas reuniones, muchas mesas de negociación y un texto muy complejo que llevaba sin tocarse 22 años", subrayó Mónica García, quien agregó que el diálogo "es el único camino".
El nuevo Estatuto Marco aún tiene que pasar por el Consejo de Ministros y tramitarse posteriormente como una ley en el Congreso de los Diputados y el Senado, un trámite que la ministra se ha mostrado confiada en completar en lo que resta de legislatura. Habrá que ver si el Gobierno de Pedro Sánchez consigue recabar una mayoría suficiente, habida cuenta que los gobiernos autonómicos dirigidos por el PP han manifestado en diversas ocasiones su oposición a los pasos dados por la titular de Sanidad.
El texto pactado termina con las guardias de 24 horas, reduciéndolas a 17; instaura oposiciones cada dos años y procedimientos de movilidad voluntaria abiertos y anuales; limita el horario semanal a 45 horas; incluye dos capítulos nuevos dentro del estatuto dedicados a los investigadores; regula los tiempos de descanso; y reconoce el derecho a la conciliación, entre otros avances.
"Es el acuerdo más amplio alcanzado nunca para un Estatuto de estas características en nuestro Sistema Nacional de Salud", enfatizó la titular de Sanidad, quien afeó los "intentos de deslegitimización" de una mesa de negociación "constituida de manera democrática a pesar de los bulos".
Asimismo, la Ministra se pronunció sobre el levantamiento de la mesa de negociación de los sindicatos de médicos CESM y SMA, que han convocado un paro semanal a partir del próximo 16 de febrero, que previsiblemente se repetirá una semana al mes para exigir un estatuto propio para los médicos. La ministra aseveró que siente el "máximo respeto" por esta huelga, pero se mostró contraria a "fragmentar el sistema" con varios estatutos.
Desde CC OO, Humberto Muñoz defendió que las organizaciones presentes en la firma del acuerdo son las que representan "mayoritaria y legítimamente" a los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS). UGT puso de manifiesto que el acuerdo es "consecuencia directa de la movilización sindical" y, aunque reconoció que el texto pactado "no resuelve todo", sí consideran que marca "un antes y un después". Para CSIF, este es el primer paso para culminar las expectativas de los trabajadores sanitarios. "Estaremos vigilantes tanto en el trámite parlamentario como en el cumplimiento que este acuerdo establece para restablecer lo que aquí se ha negociado", declaró el representante del sindicato, Fernando Hontangas.
José Antonio Vidal, secretario general del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), criticó "el martillo ideológico por parte del Ministerio, presentando a los médicos como los privilegiados del funcionariado, y el rodillo sindical numérico que no tiene en consideración el papel que desempeñan médicos y facultativos dentro del SNS". En consecuencia, señaló Vidal, "no sólo se mantienen las movilizaciones previstas y la huelga indefinida, sino que el comité de huelga nacional se reserva el derecho a incrementar la presión en todos los términos y ámbitos que podamos, para que no se lleve a cabo este desatino contra nuestros derechos laborales y contra la salud de los ciudadanos de este país".
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