Hacen obras en una residencia del ERA (una renovación de aseos en Oviedo) y ocho meses después no han visto ni un euro
El estudio de arquitectos que intervino en la residencia de Santa Teresa reclama ante el juez el dinero: "Cada vez que pedimos una reunión cambian el día"

Residencia Santa Teresa, Oviedo. / Mario Canteli / LNE
Los impagos a proveedores y empresas continúan siendo un problema en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. El estudio de arquitectura encargado de la dirección de obra de los trabajos de mejora de los aseos y vestuarios de la residencia de mayores Santa Teresa de Oviedo lleva esperando para cobrar su trabajo ocho meses, lo que ha llevado a su propietario a reclamar la cuantía (4.086 euros) a través de un proceso judicial.
La adjudicación de la obra por parte de la Consejería data de octubre de 2024, aunque no fue hasta principios de diciembre cuando se llevó a cabo la firma del acta de comprobación y el retranqueo. Desde entonces los trabajos comenzaron a realizarse con total normalidad, firmándose el acta de recepción en abril de 2025.
En la empresa, Dolmen Arquitectura, aseguran que todas las actuaciones re realizaron “correctamente” y que presentaron todos los informes solicitados, los cuales fueron aprobados por los técnicos del Principado. Sin embargo, todavía no han visto ni un solo euros por su trabajo.
La administración pública dispone de un tiempo de 60 días para proceder a los pagos cuando se trata de contrataciones, pero ya han pasado ocho meses. El estudio ha solicitado en varias ocasiones reunirse con la gerente del ERA, Nerea Monroy, pero solo lograron mantener una videoconferencia en la que les aseguró que en octubre estaría todo solucionado y que habían tenido varios problemas.
En diciembre, tras dos meses en el que el pago no había sido realizado, decidieron presentar la denuncia y volver a solicitar una reunión con la gerente, por la que todavía siguen esperando: “Cada vez que llega el día nos la cambian”.
A mediados de diciembre, el Partido Popular denunció públicamente el “absoluto” caos en materia de contratación administrativa que se vivía en la Consejería de Derechos Sociales, que capitanea Marta del Arco. Según explicó entonces la diputada Beatriz Polledo, existe un “sistema de impagos normalizado desde hace años” y que eran “cientos” las facturas “escondidas en los cajones”.
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