El Principado aún tramita solicitudes de Chus Mirantes, el empresario de la mina de Cerredo, mientras su conglomerado se desmorona

El entramado empresarial del carbonero Jesús Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes, se desmorona acosado por los procesos judiciales, las deudas y la falta de liquidez. De hecho, Chus Mirantes, que este martes declarará en la comisión parlamentaria que investiga el grave accidente minero de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores cuando presuntamente extraían carbón de manera ilegal, ha cerrado sus principales sociedades y despedido a los trabajadores. 

Las oficinas en León de la empresa que mantiene a nombre de su mujer, Combayl, permanecen clausuradas, con el personal despedido. También han acabado en la calle los trabajadores de la empresa Contratas y Alquileres Adro, con una docena de empleados, que trabajaba para las explotaciones de Mirantes en Cerredo, donde se produjo el siniestro, e Ibias (Mina Miura, vendida junto con la firma Carbones La Vega a otro empresario).

No obstante, algunas de las operaciones que Chus Mirantes realizó inmediatamente después del accidente minero de Cerredo para tratar de poner en orden su negocio, aún tienen ecos en la actualidad. El Principado tramita estos días el intento de lograr una autorización ambiental para una nave de carbones de Combayl en Logrezana (Carreño). Fuentes próximas de la agónica Combayl aseguran que allí ya se llevaban en 2022 carbones procedentes de la mina de Ibias (Mina Miura). Esa nave servía de antesala para servir el mineral a Arcelor, cliente con el que Mina Miura tenía un contrato de venta. 

Aunque en esa nave se desarrollaba actividad, no contaba con la preceptiva licencia ambiental, que Combayl tramitó ante el Principado en septiembre de 2025, seis meses después del accidente mortal. El Ayuntamiento de Carreño inició un procedimiento de infracción urbanística contra Combayl por llevar a cabo actividades careciendo de todo permiso municipal.

La solicitud presentada ante la consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias (que asumió las competencias de Medio Ambiente que tenía la desaparecida consejería de Transición Ecológica) aún se ha sometido a exposición pública estos días.

La memoria presentada señala que Chus Mirantes pretendía la legalización de cinco naves y un edificio de obras, para operaciones de «almacenamiento, molienda, cribado y preparación de mineral». La documentación habla en futuro de la actividad que se desarrollaría allí, aunque ya se llevaba a cabo desde hacía años, según han relatado vecinos de la zona, aunque se detuvo en seco tras el accidente mortal de marzo.

La memoria, que incluye fotografías de las instalaciones en clara actividad, resalta que el objetivo será el almacenamiento de antracita, que se suministrará a ArcelorMittal, con una producción máxima diaria estimada de 950 toneladas. También se justifica la instalación en esas naves por «su importancia estratégica» dada la cercanía a Arcelor. Como alternativa, Combayl plantea otras naves de Chus Mirantes en Pola de Lena, para concluir que son las de Carreño las mejor emplazadas.

Lo cierto es que la intensa actividad comercializadora que desarrolló Mirantes, a través de Combayl, se encuentra ahora en práctico abandono. El ejemplo más notorio son las instalaciones que la firma tiene en las proximidades de la localidad leonesa de La Magdalena, en Garaño. 

A un lado de la autopista del Huerna, la gran superficie llena de acopios de carbón y maquinaria para el cribado y la mezcla de materiales, permanece en silencio. Un cartel advierte al visitante: «En esta propiedad privada, todos los hurtos y robos serán denunciados ante las fuerzas y cuerpos de seguridad», con los emblemas de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Dos cámaras de vídeo enfocan la zona de acceso.

El espacio, que en otro tiempo desarrolló una intensa actividad, acoge pilas de carbón cribado al aire libre, cubiertas por la nieve de estos días; hay una enorme nave que acoge carbón aún no cribado; también se observa maquinaria, chatarra y un par de camiones que permanecen en el recinto.

Son varias las causas en las que Chus Mirantes o su familia están inmersos. Combayl, a nombre de su mujer, afrontará próximamente un juicio por el accidente mortal de Cerredo en 2022, en el que murió un trabajador y otro perdió una pierna al sufrir un accidente cuando transportaban carbón extraído ilegalmente (según las investigaciones del Principado). También Mirantes tiene ante sí el difícil horizonte de la investigación por el siniestro de Cerredo, donde operaba con una segunda firma, Blue Solving, a nombre de su hijo, Adrián Rodríguez.

Además, el empresario carbonero leonés se enfrenta a otro juicio en Cuenca por los daños ambientales causados por la explotación de la mina San Jaime, en el término municipal de Henarejos, en Cuenca, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. El fiscal pide para él penas de año y medio de cárcel y una sanción de más de 150.000 euros por un delito contra el medio ambiente. 

Pero sin duda la causa más grave a la que se enfrenta es la petición de diez años de cárcel de la fiscalía por el hallazgo de un alijo de 390 kilos de cocaína impregnados en carbón en un transporte de mineral al puerto de El Musel. La droga fue incautada en 2014 tras haber sido llevada en un camión a Pontevedra. Un empresario gallego, José Antonio Fernández Blanco, está encausado como presunto cabecilla de la operación. Chus Mirantes, como principal colaborador, afronta además una petición de multa de 13 millones de euros.

El caso de la cocaína escondida en carbón supuso el fin de otra empresa del conglomerado de Chus Mirantes, Emergicar, aunque algunas fuentes señalan que precisamente aquella operación presuntamente se produjo por los problemas económicos que atravesaba la firma. El concurso de acreedores de Emergicar llegó a superar los 26 millones de euros. Las empresas del carbonero leonés que en otro tiempo arrojaban cifras de actividad de millones de euros, ahora están acosadas por deudas ante organismos oficiales y proveedores. 

Esta semana no solo desfilará por la Junta General el empresario Chus Mirantes (este martes y acompañado de su abogado), sino también su esposa Ana María Rodríguez García (titular de Combayl) (el viernes, día 30). El jueves declarará su hijo, Adrián Rodríguez Rodríguez, titular de Blue Solving, la empresa propietaria de la mina de Cerredo cuando se produjo el accidente. Una fotografía familiar muestra a Chus Mirantes con su hijo, aún niño, en brazos. Según declaró en su día el empresario, quiso «regalarle una mina cuando cumplió 18 años». 

Sirva como anécdota la siguiente relatada por trabajadores: unos diez días antes del accidente de marzo de 2025, Chus Mirantes y su hijo llevaron a un grupo de empresarios y técnicos de una empresa levantina a conocer las instalaciones de Cerredo, con intención de cerrar un negocio. Estuvieron dentro del tercer piso, en el punto donde días después se produjo la explosión. "Era muy habitual ese tipo de excursiones organizadas por Chus para 'presumir' de su poderío", aseguran las fuentes consultadas, que añaden que en más de una ocasión llevó a visitas para "enseñar" la mina.

Adrián Rodríguez, de solo 22 años, tendrá ahora que someterse a las preguntas de los diputados sobre la actividad de una empresa en la que únicamente figuraba como administrador. Era Chus Mirantes quien realmente tomaba todas las decisiones, según constatan personas de su entorno, en cada una de las empresas de su conglomerado empresarial, que ahora agoniza en silencio, un silencio como el que envuelve la nevada instalación de La Magdalena, solo roto por el tránsito de vehículos por la Autopista del Huerna.

Suscríbete para seguir leyendo