El responsable de Minas admite ante la comisión del accidente de Cerredo que las inspecciones “son mejorables”, pero defiende la labor de control: "En comparación con Andalucía, hacemos muchas"
Javier Cueli, director general de Energía y Minería, sostiene que el sistema actual “es adecuado”, aunque reconoce margen para modernizar la gestión y compara el volumen de actuaciones con el de Andalucía
El director general de Minería, Javier Cueli, en la comisión parlamentaria sobre el accidente de Cerredo. / Eloy Alonso / EFE
Agencias / P. T.
El director general de Energía y Minería del Principado, Javier Cueli Llera, aseguró este lunes en la Junta General que el sistema de inspecciones dependiente de su departamento “es adecuado”, aunque, como en cualquier actividad, “es susceptible de mejora”. En su comparecencia ante la comisión de investigación abierta por el accidente de la mina de Cerredo (Degaña) en el que murieron cinco trabajadores de la explotación, Cueli apuntó especialmente a la necesidad de avanzar en la informatización de la gestión diaria, al entender que “hay actividades que hacen inspectores que se pueden informatizar”.
La comisión parlamentaria analiza posibles responsabilidades políticas y fallos en seguridad minera relacionados con el siniestro del 31 de marzo, en el que murieron cinco trabajadores. Cueli, al frente de la Dirección General desde mayo del pasado año, insistió en que en Asturias las inspecciones “son mejorables pero son muy ajustadas a la actividad que hay”, defendiendo que el número de actuaciones realizadas es alto si se compara con otras comunidades.
Para sostenerlo, puso como ejemplo a Andalucía, que —según dijo— cuenta con un plan bianual de inspecciones que para 2025 y 2026 contempla 250 actuaciones, mientras que en Asturias, con menos explotaciones, el pasado año se realizaron 111. “Se hicieron 75 inspecciones de oficio y 36 de parte. ¿Hacemos mucha o pocas? Es relativo, pero en comparación con Andalucía es evidente que hacemos muchas”, afirmó.
La investigación sobre el accidente apunta a una explosión de grisú en el nivel tercero de la mina, cuando once trabajadores estaban extrayendo carbón pese a que la empresa titular entonces, Blue Solving, no tenía permiso para hacerlo y solo podía retirar chatarra y acopios viejos de mineral. La empresa había presentado ante Minas un proyecto de investigación complementario (PIC) para poder sacar en el nivel uno hasta 60.000 toneladas de carbón para usos no térmicos, como la producción de grafito, pero estaba condicionado a un plan de labores que nunca llegó a presentar. Cueli evitó pronunciarse sobre si estos proyectos son una forma de “ingeniería jurídica”, aunque recordó que este tipo de planes se vienen haciendo en Asturias desde hace muchos años.
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