El Principado celebra la regularización de inmigrantes del Gobierno de Sánchez: "Sabemos bien lo importantes que son para superar el reto demográfico"

El Principado de Asturias valora muy positivamente el paso dado por el Gobierno central de afrontar un proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes al que podrán acogerse unas 500.000 personas en España. "Hay dos palabras que definen la decisión: solidaridad y dignidad. Las dos, por cierto, presentes en la identidad de Asturias. Para el Gobierno del Principado es muy importante y muy positivo que ambos términos, la solidaridad y la dignidad, se impongan a los discursos de persecución, exclusión y odio al diferente que, por desgracia, se están adueñando de otros países", han expresado fuente del Ejecutivo de Barbón, que agregan: "Además, nuestra comunidad conoce bien la importancia de la inmigración para superar el desafío demográfico, uno de nuestros principales objetivos".  

Si bien aún no han trascendido cifras de cuántos inmigrantes residentes en Asturias podrán acogerse a este proceso de regularización. Desde Delegación de Gobierno en Asturias no se aventuran a hacer estimaciones y aseguran que solo se sabrá a medida que se acojan a la misma los inmigrantes que cumplen los requisitos establecidos; entre ellos, acreditar una estancia mínima de cinco meses en el país y no contar con antecedentes penales. Desde el Ejecutivo central se basan en un estudio del Funcas para cuantificar en 500.000 el número de gente que se podría acoger a la regularización extraordinaria, dado que cumplirían los requisitos. Un informe que, sin embargo, no tiene datos regionalizados por comunidades autónomas, al no considerarlos fiables. De forma meramente orientativa, haciendo una traslación del peso que tiene la inmigración en Asturias, se podría hablar de una cifra -para nada oficial- que rondaría las 11.000 personas.

En la Iglesia Asturiana, José del Riego, al frente del Secretariado de Migraciones de la archidiócesis, señala sin dudar: "Estamos por supuesto contentos y felices". Advierte de que lo decidido por el Gobierno central para regularizar a los inmigrantes "recoge el sentimiento de todos" en la Iglesia asturiana. Del Riego deja de lado, además, las cuestiones políticas: "No es cuestión de que esta decisión proceda de un partido u otro, sino que lo que se ha decidido es una respuesta a un trabajo de muchos durante años. Esto es justicia social y es otorgar dignidad a unas personas que tienen derecho a una vida más justa".

El responsable de Migraciones recordó que la Iniciativa Legislativa Popular para la Regularización Extraordinaria de personas extranjeras en España se puso en marcha por el partido Por Un Mundo Más Justo y por la Fundación para la Ciudadanía Global en abril de 2021."Ha sido la que más firmas ha recibido en la historia y nos hace una ilusión tremenda que haya salido adelante tras el trabajo de años y el respaldo de miles de personas".

Condena Del Riego, por otro lado, las posturas que relacionan inmigración con delincuencia o hablan de un efecto llamada. "No es ni una cosa ni otra. Hay delincuentes en todos los grupos sociales, en todos. Y no hay efecto llamada porque hablamos de personas que ya están aquí, desde hace años incluso. Pero por distintos motivos no han podido regularizar su vida. Ahora sí. Hablamos por ejemplo de personas que en sus países eran taxistas y aquí no han podido ejercer hasta ahora al no poder convalidar su carné, u otros que no acceden a un alquiler de vivienda en condiciones por falta de papeles".

Además, recalcó: "No son personas ilegales. No hay nadie ilegal. Esa palabra no es adecuada para una persona. Son gente en situación irregular que ahora podrán mejorar su situación gracias a un acto de justicia social".

Cáritas lo celebra

Cáritas Asturias celebra, como hace la organización en España, el anuncio de un proceso que lleve a la regularización extraordinaria de personas migrantes que viven en nuestro país. Una valoración positiva que hace extensiva a la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española. Todos consideran esta medida como "un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de nuestro país aun a costa de mantenerles en situación irregular".

La delegación de la organización en Asturias no ha querido emitir más valoraciones más allá y por su cuenta sobre el plan hasta conocer al detalle su contenido y cómo se desarrollará. En líneas generales, la organización considera que la regularización extraordinaria es un complemento imprescindible al Reglamento de Extranjería –en vigor desde mayo de 2025–, al ofrecer respuesta a quienes no pueden acogerse a las vías ordinarias. El reglamento de extranjería ha supuesto un avance en algunas cuestiones, sostienen, pero está sufriendo ajustes frecuentes y adolece de algunas lagunas que ameritarían su reforma para consolidarlos. Por ello, la organización vinculada a la Iglesia ha solicitado en reiteradas ocasiones que incorpore, como se ha hecho con anterioridad, una disposición transitoria que permita una regularización extraordinaria.

Desde Cáritas venían advirtiendo de que el reglamento deja fuera a numerosos colectivos vulnerables: personas sin posibilidad de acreditar los dos años de permanencia exigidos, a menudo por pérdida de documentos en situaciones de precariedad o emergencia; en otras ocasiones al ser personas indocumentadas que no pueden acceder a la cédula de inscripción debido a trámites excesivamente rígidos; o personas con difícil empleabilidad por edad, discapacidad, sinhogarismo o enfermedad crónica; trabajadoras y trabajadores que, aun pudiendo trabajar, no logran presentar un contrato formal previo debido a la lentitud de la administración; solicitantes de protección internacional denegada, que quedan atrapados en largos periodos de irregularidad; y familias con niños y niñas en situación irregular que, aun cumpliendo requisitos, no pueden ser regularizadas.

Según el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social, casi nueve millones de personas migrantes viven en nuestro país. La situación administrativa irregular en la que están muchas de ellas provoca que el 68% se encuentre en exclusión social. Según los últimos datos publicados por Cáritas, el 47% de las personas acompañadas por la institución en 2024 no tenía regularizada su situación, lo que equivale aproximadamente a unas 550.000 personas. Una cifra que no para de crecer desde 2019. Estos datos son similares a las cifras que manejan desde el Gobierno central, que estima en 500.000 personas los potenciales beneficiarios de la regularización extraordinaria.

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