Los inspectores de Minas del Principado ya examinaron en tres ocasiones el lugar del accidente en la mina de Cerredo

Los inspectores de Minas del Principado ya entraron en tres ocasiones a la mina de Cerredo, donde el pasado 31 de marzo se produjo una gran explosión en la que fallecieron cinco trabajadores cuando, presuntamente, extraían carbón de manera ilegal. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, reveló este dato en el transcurso de su comparecencia ante la comisión parlamentaria que analiza las causas del siniestro y evalúa si la Administración pudo haber adoptado decisiones que lo hubiesen evitado.

Los inspectores del Principado habían sido relegados en un primer momento del análisis del lugar del siniestro por decisión del juzgado de Cangas del Narcea (a petición de la Fiscalía), que instruye la investigación judicial, y que optó por dar prioridad a servicios de la Guardia Civil y a peritos externos. Ese hecho motivó molestias entre los inspectores de la administración autonómica, que son autoridad en los accidentes mineros.

Sánchez afirmó que la comisión especial de Seguridad Minera que evalúa el suceso ha retomado la actividad tras recibir autorización del juzgado. “Ya se han iniciado los trabajos, se ha hecho al menos tres visitas a las instalaciones, las galerías y el lugar del accidente”, afirmó Sánchez este martes. También aseveró que los inspectores han completado entrevistas con las personas relacionadas con el suceso, “aunque creo que falta al menos la del director facultativo”, en referencia a José Antonio Fernández Casillas.

El Consejero ha indicado que una vez que se complete el informe “se presentará en la Comisión de Seguridad Minera” y “se hará público”, aunque no pudo precisar plazos.

Preguntado por la posibilidad de que se suspenda el Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) que el Principado había concedido a la empresa Blue Solving para la extracción de 60.000 toneladas de carbón para una “prueba industrial”, Sánchez no quiso entrar en hipótesis, pero tampoco lo descartó. Así, se refirió a que había solicitudes que examina la Consejería referidas a otros permisos que podrían revocarse. “Cada una de las actuaciones y autorizaciones que se llevan a cabo en la Consejería siempre están supeditadas a informes técnicos y jurídicos, en el sentido de conceder o no conceder”, indicó.

Tampoco quiso referirse a qué ocurriría en el caso de que Blue Solving vendiese su propiedad de la mina; si el adquiriente tendría también el derecho a aplicar el PIC autorizado. En todo caso, Sánchez recalcó que ese Proyecto de Investigación Complementario no está activo al no haberse presentado un plan de labores.

Borja Sánchez asumió las competencias de Industria tras la dimisión de la anterior consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, y entre esas competencias están las de Minería. El nuevo titular hizo una defensa del personal de la dirección general de Minas. “En sus actuaciones siempre sigue rigurosamente la ley; no he observado ningún tipo de conducta reprobable”, ha dicho, al tiempo que ha asegurado que “hasta ahora todas las decisiones que se han tomado (bajo su mandato) se han adoptado bajo el máximo rigor jurídico”.

También afirmó que en su área se trabaja de forma coordinada y que “se da por hecho” que se informa a los superiores jerárquicos sobre las reuniones que se mantienen. La aclaración vino después de que la exconsejera, Belarmina Díaz, señalase en la comisión que no le constaba haber sido informada de la reunión que el jefe del área de Minas mantuvo con el empresario de Cerredo, Jesús Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes en el sector.

El consejero también se ha referido a las dificultades para ponerse al día de lo relativo a la explotación de Cerredo, y señaló que toda la información está en manos de los diputados. “Con un notable esfuerzo del personal se organizó toda la información de la que se disponía; estoy hablando si mal no recuerdo, de unos 10.500 folios de información”, indicó. En esos 10.500 folios debería constar, de haber existido, alguna comunicación sobre posible extracción ilegal de carbón en Cerredo del Ayuntamiento de Degaña, pero no consta.

El alcalde de Degaña, Oscar Ancares, había afirmado en la comisión que había trasladado a la dirección de Minas la información que un concejal expresó en el Pleno, relativa a posibles actividades irregulares en la mina de Cerredo poco antes del accidente de 2022, en el que falleció un trabajador y otro resultó gravemente herido. En aquella ocasión, los servicios de Minas señalaron que también se estaba produciendo una extracción ilegal de carbón.

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