El Principado admite que el informe de inspección sobre el Servicio de Minas tras el accidente de Cerredo “aún va a tardar”

El viceconsejero de Industria del Principado, Juan Carlos Campo, aseguró este martes que el informe encargado a la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas no está listo y “aún va a tardar un tiempo”. Campo compareció ante la comisión de investigación de la Junta General que analiza las posibles responsabilidades en el accidente ocurrido el 31 de marzo en la mina de Cerredo (Degaña), donde murieron cinco trabajadores, y detalló las medidas adoptadas desde mayo para reforzar la seguridad y el control administrativo.

Campo explicó que el Gobierno autonómico inició hace más de nueve meses una evaluación interna del Servicio de Minas que revisa permisos, denuncias e inspecciones tramitadas en la explotación de Cerredo. Mientras se culmina ese diagnóstico y “dada la alarma social” tras la tragedia, avanzó que “ya se están haciendo inspecciones sin preaviso, y alguna se hizo en el propio Cerredo”.

El viceconsejero remarcó que hasta su llegada al cargo —tras la remodelación decidida por el presidente Adrián Barbón a raíz del siniestro y la dimisión de la entonces consejera de Industria, Belarmina Díaz— las inspecciones “se hacían siempre con preaviso”, una práctica que, subrayó, “se realiza en todas las comunidades mineras”. Aun así, defendió el cambio operativo “como decisión compartida” con la Dirección General de Energía y Minería para reforzar el control mientras se aprueba un plan específico de inspección que, dijo, está en fase de redacción.

En paralelo, el Principado mantiene una campaña técnica sobre instalaciones mineras “de alta y baja tensión y equipos de compresión”, iniciada el pasado año y que continuará en 2026, con el objetivo de prevenir riesgos eléctricos y mecánicos en explotaciones activas y en labores de clausura.

El responsable de Industria detalló, además, un paquete de modernización administrativa del servicio. Incluye la renovación de la aplicación informática de planes de labores, a su juicio “obsoleta”; la digitalización de los partes de accidente, para “ganar eficiencia y productividad”; y la actualización del catastro minero “para ganar en transparencia”.

También admitió ajustes en los procedimientos de recepción de denuncias tras el caso del correo electrónico sobre posible extracción ilegal que no se abrió en su momento: “Ahora tienen acceso el director general y el jefe de servicio”, dijo, con el fin de evitar que una alerta vuelva a quedar sin tramitar.

Interpelado sobre si los proyectos de investigación complementaria autorizados en Cerredo podrían dar “una segunda vida” a explotaciones de carbón sujetas al plan de cierre desde 2018, Campo negó que esa sea la línea política: “Nuestra estrategia en minería va alineada con la europea de materias críticas y estratégicas”. Añadió que ello “no es obstáculo” para atender iniciativas empresariales de otro tipo de explotaciones, siempre “con arreglo a la legalidad vigente”.

El viceconsejero confirmó que Combayl y Blue Solving llegaron a obtener ayudas del Instituto para la Transición Justa por más de 1,5 millones de euros —para una planta de briquetas y otra de valorización de subproductos y producción de grafito, respectivamente—, pero matizó que no se llegaron a cobrar porque fueron revocadas tras el accidente.

Desde IU-Convocatoria por Asturies, su portavoz, Xabel Vegas, sostuvo que la figura de investigación complementaria “no se ha utilizado en otras comunidades ni en Europa para explotaciones sometidas a cierre” y advirtió de un posible choque con la normativa europea de ayudas al carbón. Campo respondió que su departamento “no se ha planteado” elevar una consulta previa a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, si bien admitió que se efectuó una consulta “al Instituto de Transición Justa, que es el encargado del seguimiento del plan de cierre”, tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA.

El compareciente recordó que asumió la Viceconsejería en mayo, con posterioridad al accidente, y defendió que el objetivo ha sido “mejorar procesos” más que “regenerar” estructuras. Entre esas mejoras mencionó el plan de inspección, la campaña técnica y la digitalización del servicio.

Preguntado por el informe de 2021 de la Inspección General de Servicios sobre Minas, admitió que conoció su existencia, pero aclaró que no se aplicaron medidas concretas derivadas de aquel documento. También señaló que no mantuvo reuniones con la consejera saliente ni con el titular del Servicio de Asesoramiento Jurídico para analizar el contenido de los proyectos en Cerredo durante el traspaso.

En cuanto a la estructura actual, precisó que el director general de Energía y Minería depende orgánicamente de la Viceconsejería y que, aunque existe “cierto solapamiento” en la dirección y coordinación de competencias, el decreto de competencias delimita con claridad qué firma cada órgano: “Los proyectos —sean de investigación o instalaciones eléctricas— los firma el director general; la Viceconsejería resuelve concesiones y caducidades de determinadas secciones”, explicó. Apuntó que, en cualquier caso, existe coordinación y supervisión de su viceconsejería con la dirección general de Energía y Minería, adscrita orgánicamente.

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