Los jueces hacen fuerza en un llamamiento urgente al Rector para que les ceda la Facultad de Ciencias: "Debe cooperar de forma intensa por el bien de los ciudadanos"

Un llamamiento al rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ante una situación límite para la Justicia asturiana. Eso es lo que han hecho esta tarde el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro; el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Lorenzo; el magistrado decano de los Juzgados de Oviedo, Jorge Punset, y los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Bernardo Fernández y Alejandro Abascal, ambos asturianos, tras una reunión en la que abordaron las medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia de Asturias, especialmente en el partido judicial de Oviedo.

El vocal Bernardo Fernández se mostró crítico con la situación que atraviesan las sedes judiciales de Oviedo, que no cuentan con el espacio suficiente para agruparlas en un mismo entorno, tal y como exige la nueva ley de eficiencia. Según explicó, los planes pasaban por contar con el campus universitario de Llamaquique, que trasladaría sus estudios al Cristo previsiblemente en 2030, para crear en ese enclave una ciudad de la justicia. “Hacemos un llamamiento al Rector para que coopere de manera efectiva”, afirmó Fernández. “Creemos que la intensidad con la que se manifiesta la colaboración de la Universidad de Oviedo no es suficiente”, subrayó, explicando que el principal problema se encuentra ahora en la cesión de la Facultad de Ciencias. "Había compromisos asumidos, entre ellos el edifcio de Ciencias, y vemos que o se dilata o no entra en el horizonte", denunció Fernández. “Esto no es un problema de jueces, sino del servicio público de justicia”, recalcó.

“El mayor problema existe en Oviedo y pasa por la colaboración institucional entre el Gobierno regional, la Universidad de Oviedo y el Tribunal Superior de Justicia”, explicó Fernández, mientras que Chamorro anunció que las sedes judiciales de La Corredoria, El Rosal y Pedro Masaveu van a desaparecer, trasladando a medio centenar de funcionarios a Llamaquique, Telefónica y la plaza Eduardo González. “Creemos que llevar a 50 personas más a esos edificios supondrá mayores estrecheces y por eso no podemos aceptar esta propuesta”, sostuvo el presidente del TSJA, que urgió a una solución definitiva para las sedes judiciales: “No podemos tener una justicia del siglo XXI sin los medios adecuados para llevarla a cabo”.

Chamorro también expresó su preocupación por que estas limitaciones afecten a la calidad de la justicia asturiana. “Tenemos una capacidad de resolución que es un claro aval para considerar este servicio público como eficaz”, afirmó, aunque se mostró escéptico. “Nos preocupa que la nueva Oficina Judicial que se implanta en Asturias pueda perjudicar o afectar a estos buenos resultados en los ritmos de trabajo que tenemos”, afirmó en referencia a la falta de espacios para implantarla.

El magistrado Alejandro Abascal también mostró su preocupación tras la reunión por lo que "entendemos que es un problema inminente en la justicia en Asturias". "Estos no es por los jueces o los fiscales, es por los asturianos", concluyó.

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