Promover decretos y otras iniciativas: lo que podrán hacer los asturianos (si reúnen firmas suficientes) con la nueva ley de Participación Ciudadana

La nueva ley de Participación Ciudadana, cuyo anteproyecto acaba de salir a información pública, permitirá a los asturianos reforzar su intervención en procedimientos clave de la administración. Serán capaces de promover decretos, formar parte de jurados ciudadanos para analizar políticas o medidas desarrolladas por el Principado, y el Consejo de Gobierno podrá decidir destinar una parte del presupuesto regional a propuestas ciudadanas.

“Hoy que vivimos en un eje en el que la democracia se enfrenta al autoritarismo, es importante hacer un esfuerzo para aumentar los límites de la democracia y la participación”, afirmó el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, quien puso el foco en el “enorme esfuerzo” que se ha hecho durante el proceso de redacción, en el que participaron más de 530 asociaciones y casi 700 personas.

Un importante cambio es el que tiene que ver con el silencio administrativo. La nueva legislación contempla que cuando la Administración autonómica, ante una solicitud ciudadana de la puesta en marcha de un proceso participativo, no conteste, se entenderá como un sí. Hasta ahora la ausencia de respuesta se consideraba negativa.

Esta medida era “muy demandada” por la ciudadanía que ha participado en el proceso de elaboración de la nueva normativa.

Número de firmas

En lo que respecta a las herramientas de participación, la ley establece unos requisitos concretos para poder beneficiarse de ellos. Para promover consultas ciudadanas serán necesarias 6.000 firmas, mientras que para promover decretos se establecen 4.000. En este último caso, por ejemplo, los promotores también deberán presentar el texto concreto que pretenden aprobar y presentar una memoria.

Para hacer uso de todas estas fórmulas de participación, la ciudadanía y las asociaciones deberán inscribirse en un registro, que se regirá por un reglamento aún en elaboración. En el mismo, se determinarán las características específicas de inscripción, custodia y gestión del mismo. “El objetivo es que la participación sea garantista”, explicó la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González.

Actualmente, la Administración ya cuenta con un registro de entidades, pero “que ahora mismo no responde a la realidad porque las asociaciones cuando se dan de baja no lo notifican. La idea es tener un registro actualizado y activo”.

También se creará un Consejo de Participación con amplia representación social, tanto de entidades como de personas a título individual. La idea es que sirva de instrumento de trabajo entre la ciudadanía y el Gobierno. Además, la ley tendrá capacidad sancionadora de manera específica sobre la obligatoriedad de publicación de los procesos de participación y de motivación en las respuestas dadas a los ciudadanos.

En la presentación también estuvo la directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez.

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