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Los motivos por los que casi 700 hogares asturianos han perdido el derecho a cobrar el bono social térmico

Beneficiarios de las ayudas automáticas para pagar la calefacción no cumplieron en plazo el requerimiento para dar sus datos bancarios

Los motivos por los que casi 700 hogares asturianos han perdido el derecho a cobrar el bono social térmico

A.D.

Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

Casi 700 familias asturianas con dificultades económicas han perdido el derecho a percibir el bono social térmico de 2023 y más de 500 (la mayoría incluidas entre las familias anteriores) el de 2022. Estas ayudas están destinadas a paliar la pobreza energética y financian los gastos de calefacción, cocina y agua caliente de los consumidores vulnerables. Son gestionadas por las comunidades autónomas y se conceden automáticamente a los perceptores del bono social eléctrico que cobran familias necesitadas y numerosas, y pensionistas con paga mínima. Sin embargo, para abonar las ayudas, el Principado precisa de una cuenta bancaria del beneficiario y en los casos de esos cientos de hogares no lo obtuvo.

Tienen derecho al bono térmico los hogares que cumplan las condiciones para beneficiarse de los descuentos del bono eléctrico a 31 de diciembre del año anterior. En Asturias había en 2022 un total de 29.681 beneficiarios del bono eléctrico y en 2023 un total de 31.541 (al cierre de 2025 ya eran 43.418).

El abono del bono social térmico de 2022 y 2023 ha acumulado importantes retrasos. La consejería Derechos Sociales y Bienestar los vinculó a las dificultades para obtener los datos bancarios de muchos beneficiarios y para agilizar la tramitación y requerir esa información contrató a la empresa estatal Tragsa.

Los datos remitidos por las comercializadoras eléctricas de referencia no permitían validar en el sistema contable del Principado una cuenta bancaria de la que fuera titular el beneficiario y en la que se pudiera realizar el pago de la ayuda. Por ello, tras los intentos del personal de la consejería y de Tragsa , se requirió a los beneficiarios que, en el plazo de diez días hábiles, aportasen el documento de identidad y la ficha de acreedores debidamente cumplimentada, según el modelo disponible en la sede electrónica del Principado. Más de 500 beneficiarios del bono de 2022 y casi 700 del de 2023 no lo hicieron, por lo que han sido declarados como desistidos y se archivará de su expediente.

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