Piden al Gobierno de Asturias que la atención podológica forme parte de los servicios sanitarios públicos

Los servicios de los podólogos han de ser incluidos en la cartera de servicios del Servicio de Salud del Principado (Sespa).

Ésta es la petición que la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias (FAMPA) y el Colegio Oficial de Podólogos del Principado de Asturias han formulado tanto al propio Sespa como a la Consejería de Salud del Principado.

En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, ambas entidades argumentan que Asturias presenta una de las poblaciones más envejecidas del Estado, “circunstancia que conlleva una mayor prevalencia de patologías crónicas, problemas de movilidad y situaciones de dependencia”. Y añaden que la salud del pie constituye “un factor determinante para la autonomía personal y la calidad de vida de las personas mayores”.

Asimismo, indican que las patologías podológicas representan un problema de salud frecuente en la población asturiana, especialmente entre las personas mayores y los pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades vasculares o los trastornos musculoesqueléticos. Estas patologías, en ausencia de un tratamiento adecuado, pueden derivar “en caídas, infecciones, úlceras, hospitalizaciones evitables y pérdida de autonomía”.

Atención privada que genera desigualdades

Pese a tratarse de una profesión sanitaria regulada, la podología no se encuentra incluida de forma generalizada en la cartera de servicios del Sespa, “lo que obliga a la ciudadanía a recurrir a la atención privada para cubrir una necesidad sanitaria básica”. Esta carencia de una prestación pública genera “desigualdades en el acceso a la atención sanitaria, especialmente entre las personas mayores con recursos económicos limitados”, subrayan la FAMPA y el Colegio de Podólogos.

En consecuencia, reclaman “que se valore y promueva la inclusión progresiva de la podología en la cartera de servicios del Sespa, priorizando a los colectivos más vulnerables, especialmente las personas mayores y los pacientes con patologías crónicas”.

Las organizaciones promotoras de esta medida indican que llevarla adelante resultaría rentable para la sanidad pública, dado que “la atención podológica tiene un carácter claramente preventivo y coste-efectivo, contribuyendo a reducir complicaciones, derivaciones a otros niveles asistenciales y costes sanitarios a medio y largo plazo, especialmente cuando se integra en el ámbito de la atención primaria y sociosanitaria”.

En la solicitud, el Colegio de Podólogos manifiesta “la plena disposición de los profesionales colegiados para colaborar en la definición e implantación de un modelo asistencial adaptado a la realidad del Sespa”.

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