Primeras impresiones de la comisión que investiga el accidente minero de Cerredo: hubo fallos en la Administración, cree la mayoría de partidos

La comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente de la mina de Cerredo del pasado 31 de marzo, en el que fallecieron cinco trabajadores, tiene prácticamente concluidas las comparecencias. Únicamente resta para el próximo viernes la del facultativo de la mina, José Antonio Fernández Casillas, cuya citación no llegó por un error de notificación. Los partidos encararán el análisis de la documentación y las declaraciones para elaborar un dictamen que deberá determinar si hubo una falta de celo en la administración que propició que en la explotación se extrajese carbón de manera ilegal y sin ningún control. Los diputados que representan a cada partido expresan sus primeras impresiones.

René Suárez (PSOE)

El portavoz socialista René Suárez destaca que se abre una “etapa importante”, la de análisis de testimonios y documentación para extraer luego conclusiones. En ese marco, René Suárez aplaza para después del análisis el debate sobre “si ha habido o no responsabilidad política” en la gestión que pudiera haber contribuido al accidente. Añade además un segundo objetivo: identificar “herramientas, procedimientos o normativa” susceptibles de mejora dentro de la Administración, y reivindica que el grupo abordó el trabajo “con rigor y seriedad” y “con el máximo respeto” al órgano investigador.

Rafael Alonso (PP)

El diputado popular Rafael Alonso sostiene que, a la vista de las comparecencias, “existió un descontrol y dejadez” en la supervisión de la actividad minera realizada por dos empresas con “voluntad constante de extraer carbón como fuera”. A su juicio, el permiso de investigación concedido por el Principado dio “cobertura” a esa extracción. Alonso está convencido de que las compañías contaron con “asesoramiento y complacencia” de la Administración.

Además, con el antecedente del accidente de 2022 y tratándose de empresas del mismo entramado familiar, considera injustificable que no se reforzase el control, al tiempo que cuestiona la rapidez en los permisos y la concesión de ayudas como intentos de la Administración para evitar fricciones con las empresas, por la restauración ambiental prioritaria en la zona.

Gonzalo Centeno (Vox)

El diputado de Vox Gonzalo Centeno hace una lectura más amplia. A su juicio, el cierre de la minería del carbón decidido por la UE en 2018 fue “un desastre” y, tras la guerra de Ucrania y el alza de precios, yacimientos como Cerredo habrían sido “rentables”. En su relato, la clausura se habría intentado compensar con proyectos “ecológicos” de restauración y financiados por Bruselas que generaron “un número ridículo de empleos” y canalizaron fondos hacia el sector público.

Bajando al caso concreto, Centeno afirma que en el proyecto de Cerredo (más de 23 millones del MRR, según su intervención) “se coló” un promotor al que define como “aventurero”, que habría obtenido permisos inicialmente para chatarra y acopios exteriores y, después, habría pasado a extraer carbón pese a la prohibición. Vincula además la reactivación posterior al accidente de 2022 a “fraudes de ley” ( la autorización de un Proyecto de Investigación Complementaria y la concesión de subvenciones de Instituto de Transición Justa) y concluye que, más allá de una responsabilidad administrativa “in vigilando”, su grupo ve indicios de “concurso o connivencia” de técnicos y directivos; asegura que concretará órganos y personas en la fase de conclusiones.

Xabel Vegas (Convocatoria por Asturies-IU)

El portavoz de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, afirma que “lo ocurrido en Cerredo no fue un accidente”, sino una “tormenta perfecta” con “cinco vidas” como saldo. Señala como dos factores centrales la “ética empresarial inexistente” y una Administración que “desatendió su deber crítico de inspección”. Cree que el PIC también fue un “subterfugio legal” e “ingeniería jurídica” para dar una “segunda vida zombie” a minas que, sostiene, deberían estar selladas. Añade que ese marco habría servido de coartada para actores a los que califica de “empresarios-buitre”, como Jesús Rodríguez Morán, orientado a la extracción irregular o especulación “por encima de la seguridad laboral y del futuro de la comarca”.

Covadonga Tomé (Somos)

La presidenta de la comisión, diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé enfatiza la legitimidad institucional del órgano: “La comisión era necesaria” como “ejercicio de democracia y transparencia” y como refuerzo del “valor de nuestras instituciones”. Agradece el “sosiego” y la “seriedad” con que, “en general”, se han afrontado los trabajos.

Tomé da por cerrada la fase de escuchas para abrir la de “reflexionar y ordenar” el material reunido de cara al dictamen definitivo. Y anticipa que el dictamen deberá pronunciarse sobre el papel de la Administración, sobre “quién o quiénes tienen responsabilidades políticas que asumir” y, sobre todo, sobre qué herramientas deben implantarse para evitar nuevos accidentes, con una advertencia final: hay una causa judicial en curso y la comisión debe trabajar “recordando” ese marco.

Adrián Pumares (Foro)

El portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, coincide en que la comisión “era absolutamente necesaria”, y orienta su balance a la “inacción” posterior a 2022, ya que considera “sorprendente” que, constatada una extracción irregular en 2022, no se impidiera que la actividad continuara. Fue ese, asegura, un “error” de la dirección general de Minas.

Pumares pide explícitamente responsabilidades políticas con nombre y apellidos. Sostiene que Enrique Fernández no puede seguir al frente de Hunosa y que Nieves Roqueñí no debería continuar presidiendo el Puerto de Gijón. Añade además que “es evidente que hay gente que ha mentido”.