Silvia y Anabel relatan los problemas en las aulas de 0 a 3 años de Asturias (y la incertidumbre por su futuro laboral): "Hablamos de bebés, la responsabilidad es enorme"
Cerca de 80 trabajadoras de seis ayuntamientos asturianos, que no fueron estabilizadas, denuncian su situación incierta ante la incorporación de los centros a la red autonómica: "Hay gente que se quedará fuera"

Trabajadoras de las escuelinas durante una protesta. En el centro, de negro, Anabel Gil. / LNE
Cerca de 80 trabajadoras de la red de escuelinas siguen sin tener certezas sobre su futuro laboral. Se trata de las educadoras de seis ayuntamientos (Avilés, Siero, Noreña, Grao, Mieres y Gozón) que en su momento no fueron estabilizadas, lo que les resta garantías a la hora de pasar a la red autonómica. En el caso de los cinco primeros concejos, está previsto que se incorporen a la red en abril; el sexto, Gozón, lo hará en septiembre. Para ello se habilitará un concurso de traslados que afectaría directamente a sus plazas.
Silvia Sánchez empezó a trabajar en una Escuela Infantil de Mieres con 28 años. Es maestra de Educación Infantil, pero su contrato es el de personal laboral indefinido no fijo. Una figura jurídica que, en la práctica, significa vivir con la incertidumbre permanente de no saber cuándo puede perder su puesto, más aún con la absorción de su administración contratante (el ayuntamiento) por el Principado.
Sánchez trabaja en un aula de bebés de entre uno y dos años. Trece niños para dos personas. No hay apoyos extra. "Desde que llego hasta que me voy trabajo en atención directa al alumnado", explica. Las tareas administrativas las hace mientras los menores duermen, si hay tiempo. "La última oferta de Educación nos deja una hora al día fuera del aula para estos quehaceres, pero es siempre que se pueda... No nos la garantizan", se queja. En su escuelina, donde suma ya 18 años de trayectora, trabajan 16 personas y la carga de trabajo ha ido en aumento en los últimos años.
Desde que el sistema de la red de 0 a 3 años es gratuito al cien por cien (con servicios como madrugadores, comedor o atención en vacaciones) la demanda se ha disparado. Según explican las propias educadoras, hay más niños, más horas y más necesidades, pero con el mismo personal. "La responsabilidad es enorme, estamos hablando de bebés muy pequeños y aun así seguimos sin estabilidad", resume.
Anabel Gil lleva todavía más tiempo. Empezó hace 23 años, cuando abrió una de las primeras Escuelas Infantiles de Avilés, en La Magdalena. Desde entonces, ella y sus compañeras han escuchado promesas repetidas sobre su integración en el Principado. "Llevan mucho tiempo diciéndonos que vamos a pasar", cuenta.
En Avilés, explica, las trabajadoras sienten que “no las quieren”, porque el ayuntamiento no tiene competencias en Educación. Lograron entrar en un anexo del convenio municipal, pero con peores condiciones salariales: cobran menos que una persona del ayuntamiento con la misma categoría profesional.
Cuando se aprobó la ley de estabilización, todas las categorías municipales se beneficiaron… menos ellas. “No nos estabilizaron. Ahora dicen que nos tiene que estabilizar el Principado”, lamenta. El problema es que la integración en la red autonómica se hará manteniendo sus condiciones actuales: pasarán como personal indefinido no fijo y, tras un tiempo, sus plazas saldrán a concurso de oposición.
El plan en Avilés contempla 27 plazas por concurso de méritos y tres por oposición. Pero son más las personas afectadas. “Hay gente que se queda fuera”, advierte Gil. Además, cuando se integren en la red, habrá un concurso de traslados que podría moverlas de sus centros o incluso perder su puesto de trabajo. “Pedimos poder atar las plazas de alguna manera o que se retrase la entrada al Principado para poder consolidarnos antes”.
"Están jugando con nuestros puestos de trabajo"
Lo que comparten Sánchez, Gil y otras muchas trabajadoras es la sensación de inseguridad. "No sabemos qué va a pasar. Hay miedo", reconoce Gil. "Están jugando con nuestros puestos de trabajo. Por crear una red con una idea muy buena y no hacerla como hay que hacerla, están penalizando a los trabajadores", denuncian.
Para ellas, la estabilización es una cuestión de "justicia laboral". "Cumplíamos con los requisitos al llevar una serie de años trabajando en una misma plaza, deberíamos tenerla en propiedad", explican. Durante un tiempo existieron procesos específicos que permitían acceder a esa plaza por méritos. Ahora, cuando llegue su turno, ese camino ya no estará disponible.
Mientras tanto, siguen entrando cada mañana a sus aulas, educando, cuidando y sosteniendo un sistema que no les ofrece estabilidad. La red de escuelinas crece, pero sus trabajadoras denuncian graves problemas laborales.
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