Batalla empresarial por los pisos turísticos: la patronal hostelera respalda la nueva regulación y el colectivo afectado combatirá en los tribunales

La patronal hostelera Otea ha mostrado su respaldo al decreto aprobado por el Principado de Asturias para regular las viviendas de uso turístico (VUT), al considerar que la norma es necesaria para ordenar el crecimiento del sector, elevar la calidad de la oferta y garantizar la convivencia con la población residente.

Según Otea, el texto es fruto de meses de trabajo y diálogo con la Administración autonómica, en los que la organización asegura haber participado “activamente” aportando propuestas técnicas y defendiendo una regulación “valiente, inmediata y consensuada”. Además, afirma haberse reunido con todos los partidos políticos para trasladar la posición del sector.

En esa línea, el vicepresidente de OTEA, Fernando Corral, sostiene que el decreto “supone un paso importante para poner orden en el sector, aportar seguridad jurídica y combatir la oferta ilegal”, y subraya que regular las VUT “no va contra nadie, sino a favor de un turismo de calidad y sostenible para Asturias”. La patronal valora especialmente el refuerzo de controles, el aumento de estándares de calidad y la definición de un marco de competencia “claro”, y se compromete a colaborar en la implantación de la norma.

Sin embargo, la Asociación de Alojamientos de Corta Estancia de Asturias (Casocia) expresa una visión opuesta. La entidad lamenta que el Gobierno asturiano mantenga “sin cambios” el borrador del decreto pese, afirma, al “gran número de alegaciones” presentadas. Casocia considera que el texto llega al Consejo de Gobierno con "un apoyo limitado dentro del sector afectado" y con “importantes problemas técnicos y jurídicos” que, sostiene, no han sido atendidos de forma efectiva.

Entre sus críticas, Casocia señala que el decreto introduciría “obligaciones impropias de una vivienda”, incorporaría medidas con efectos retroactivos sobre licencias ya concedidas y no diferenciaría entre realidades territoriales distintas, como la urbana y la rural, o atendiendo a densidades de población. A su juicio, genera un escenario de inseguridad jurídica para propietarios, profesionales y empresas que operan legalmente.

Más de 30.000 afectados por la regulación, dicen los propietarios

La asociación también cuestiona el relato de “crecimiento descontrolado” y apunta a datos oficiales que, según su interpretación, reflejarían un sector “estancado”, con pocas nuevas altas en los últimos meses, precisamente por la incertidumbre del proceso regulatorio. Añade que esta actividad afectaría directa e indirectamente a “más de 30.000 personas” en Asturias y advierte de que, si el decreto se aprueba sin cambios, continuará defendiendo los derechos del sector “por las vías legales oportunas, incluida la judicial”.

El gobierno asturiano está dispuesto no solo a fijar una regulación firme sobre el sector, sino a endurecerla en algunas zonas, como aquellas que se declaren tensionadas por los problemas de acceso a la vivienda.

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