Drástica caída en la cifra de pisos turísticos en Asturias: un 21% en seis meses, en pleno endurecimiento del control por el Principado

Asturias registraba con datos del pasado noviembre 6.043 alojamientos de uso turístico, un descenso del 21% respecto al dato de mayo, según el último recuento del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta corrección se produce además en un momento en que el Principado ha activado una batería de medidas para endurecer la supervisión del sector y cerrar el paso a negocios irregulares. Se trata del cuarto descenso en el conjunto nacional, por detrás de Murcia, Galicia y la Comunidad Valenciana. En el conjunto de España, los pisos turísticos computados bajaron un 13%.

El recorte asturiano se ha enmarcado en una caída generalizada: en España se han registrado 329.764 viviendas turísticas, un 13,6% menos que en mayo y un 12,4% por debajo del mismo periodo de 2024, según la estadística experimental del INE. El número total se ha situado en su nivel más bajo desde agosto de 2023 y ha representado el 1,24% del parque nacional.

El ajuste se ha producido en un contexto marcado por el registro obligatorio de los alquileres de corta duración y por las actuaciones llevadas a cabo para retirar anuncios irregulares en plataformas. Este escenario también se enmarca en cambios legales que han dado más margen a las comunidades de propietarios para limitar estas actividades. En paralelo, por capacidad, las viviendas turísticas en España han sumado 1,6 millones de plazas en noviembre, un 15,7% menos que en mayo, con una media de 4,9 plazas por inmueble.

En el mapa autonómico, Andalucía ha seguido concentrando el mayor volumen (91.757), por delante de Canarias (49.676), mientras otras comunidades con gran peso turístico han recortado con fuerza: Comunidad Valenciana (48.441), Cataluña (46.915) y Baleares (19.398). En el entorno cantábrico, Galicia ha anotado 15.236 y Cantabria 6.229, cifras que han confirmado descensos relevantes en toda la cornisa.

Precisamente en este contexto Asturias acaba de aprobar un nuevo decreto regulatorio que busca “reforzar la convivencia y combatir la ilegalidad” y sitúa el foco en un modelo de turismo “de calidad”, con reglas más claras para quien cumple y una fiscalización más intensa para quien opera fuera de norma.

Entre las principales novedades, el Principado ha prohibido explícitamente la entrega de llaves mediante cajetines en la vía pública y ha exigido una recepción presencial o telemática en las 24 horas posteriores a la llegada, además de incorporar obligaciones como medidores de ruido para proteger el descanso. La norma también ha vetado que la vivienda protegida se destine a uso turístico y ha limitado la ocupación por superficie, con un máximo de ocho plazas.

El decreto también ha fijado requisitos de seguridad y equipamiento (como extintores por planta, botiquín, señalización de evacuación y ratio de baño por cada cuatro plazas) y ha obligado a que la vivienda muestre su número de registro y localización exacta en cualquier anuncio. Los alojamientos tienen plazos diferenciados para adaptarse: hasta 12 meses para ratios de baños y superficies mínimas y seis meses para el resto de exigencias. Los ayuntamientos podrán declarar zonas no aptas y exigir certificación municipal.

En paralelo, el Principado ha vinculado la contención del fenómeno al refuerzo de la inspección turística, con miles de actuaciones y sanciones tramitadas en el último ejercicio, además de la retirada de anuncios contrarios a la normativa, un buzón ciudadano para denuncias y herramientas digitales de control; para 2026 se ha anunciado un refuerzo adicional de la plantilla.

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