Pérez Vilarchao se enfrenta a 13 años de cárcel por aceptar objetos robados como pago de las drogas que vendía
El avilesino que fue condenado por cuatro asesinatos en los años 70 tenía un arsenal de armas de fuego y blancas, como espadines y catanas
Pérez Vilarcha, en un juicio celebrado hace tres años. / Luis Vega
La Fiscalía solicita penas que suman 13 años de prisión para el avilesino Emilio Pérez Vilarchao, acusado de tráfico de drogas en Avilés, tenencia de armas prohibidas, de fuego y munición y compra de herramientas a sabiendas de que procedían de la comisión de distintos delitos. La vista oral está señalada para este martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.
Pérez Vilarchao se hizo conocido en los años noventa por el asesinato de tres gijoneses en un ajuste de cuentas y también por matar al periodista de sucesos del periódico El Progreso, Gerido Núñez, hallado maniatado y estrangulado en la bañera de su casa, como "favor a un amigo".
Pérez Vilarchao, cuando fue juzgado en los años noventa. / LNE
El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes en las inmediaciones de su domicilio, en Avilés, y en otros lugares previamente concertados con los compradores en las proximidades de establecimientos públicos de la localidad. Como medio de pago, el acusado aceptaba herramientas y otros útiles para la construcción procedentes delitos, que posteriormente el acusado empleaba en los trabajos que realiza de edificación y de desbroce de fincas.
El día 30 de noviembre de 2021, a instancia del Juzgado número 4 de Avilés, se practicó entrada y registro en el domicilio del acusado, en una autocaravana de su propiedad, en una caseta, también suya, igualmente en Avilés y en un inmueble en ruinas, estos dos últimos en Corvera de Asturias.
Como consecuencia de las entradas y registros practicados, los agentes se incautaron de: 12,28 gramos de resina de cannabis; 30,38 gramos de cocaína con una riqueza del 84,0%; 0,49 gramos de cocaína con una riqueza del 83,3%; y 295 gramos de cogollos de cannabis con una riqueza del 16,6%; varios teléfonos móviles, varias Tablet, tres lectores de tarjetas, dos cámaras de vigilancia, varios juegos de walkie talkie, un maletín de ordenador, cinco discos duros, tres básculas de precisión un cucharón con restos de polvo blanco, recortes de bolsas de plásticos introducidos en bolsas de plástico transparente, varias bolsas de plástico transparentes con cierre zip, tijeras, un bote de Volvone, un pasamontañas, un catalejo y la cantidad de 21.230 euros procedentes de anteriores operaciones.
El precio estimado de toda la droga incautada en la fecha de comisión de los hechos y en el mercado ilícito es de 5.171,1 euros si la venta se valora en gramos y de 10.165,1 euros si la venta de esas sustancias se valora en dosis.
A su vez, en los registros fueron intervenidos diversos útiles y herramientas, como arneses, caretas, taladros, radiales o motosierras de procedencia ilícita, que el acusado empleaba para realizar reparaciones de inmuebles o para el desbroce de fincas y que fueron valorados 9.730,23 euros.
Por último, en los registros de los inmuebles practicados por la Policía Nacional le fue intervenido al acusado diversas armas blancas, tales como navajas, una defensa extensible, un puño americano, un machete, varias catanas, dos espadines, así como, diversas armas de fuego y municiones. El acusado, en la fecha de los hechos, carecía de licencia o permiso de armas, al no haberlo obtenido nunca.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud en concurso con un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancias que no causan grave daño a la salud; un delito continuado de receptación; otro delito de tenencia de armas prohibidas; y un delito de depósito de municiones y armas de fuego.
Y solicita 5 años de prisión y multa de 15.513,3 euros, por el tráfico de sustancias; 2 años de prisión por receptación; otros 2 años por tenencia de armas prohibidas, así como privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 5 años; 4 años por el depósito de municiones y armas de fuego, así como privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 7 años. El fiscal pide además que indemnice a los perjudicados.
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